Desestimado el recurso de 19 ex ministros de franco contra la supresi¨®n de sus pensiones vitalicias

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto poe 19 ex ministros contra la supresi¨®n de sus pensiones vitaliciaspor haber ostentado la titularidad de un departamento del Gobierno. La sentencia precisa que las pensiones, dictadas en 1980 y 1981, son constitucionales y que, lejos de vulnerarel derecho a la igualdad, tratan de acercar el r¨¦gimen de estas percepciones al que rige en general para las de jubilaci¨®n. La Audiencia estima que las pensiones de los ex ministros eran excepcionales.El recurso de los ex ministros no iba dirigido directamente contra la ley de supresi¨®n de pensiones vitalicias, sino contra resoluciones que la aplicaban. La ley de 1981 establece en su art¨ªculo 10: "Las pensiones causadas por ex ministros y asimilados causar¨¢n baja el 31 de diciembre de 1983 hasta el cumplimiento de la edad de jubiIaci¨®n".

Los 19 ex ministros pretend¨ªan que la Audiencia Nacional trasladara el problema al Tribunal Constitucional, ya que entend¨ªan que la ley vulneraba varios derechos recogidos en la Constituci¨®n, como el de seguridad jur¨ªdica, el de igualdad o el de no privaci¨®n de bienes y derechos.

Sin embargo, la Aud¨ªencia Nacional, de acuerdo con el abogado del Estado que ha intervenido en el caso, el ex senador de UCD Francisco Ruiz Risue?o, se ha negado a plantear la cuesti¨®n de inconstitucionalidad por eniender que los preceptos de la ley que son tachados de inconstitucionales no lo son. "Para que un juez o tribunal", afirma la Audiencia, "plantee una cuesti¨®n de inconstitucionalidad no es sufic¨ªente con que lo pida una parte (...), sino que es necesario que el juez o tribunal llegue al convencimiento de que, en su opini¨®n, la norma es anticonstitucional o tiene serios visos de serlo".

Los ex ministros argumentaban que el derecho adquirido a cobrar pensi¨®n desde el momento del cese no puede suprimirse, porque eso significa dar efectos retroactivos a normas restrictivas de derechos, lo que va en contra del principio de seguridad jur¨ªdica reconocido en la Constituci¨®n.

La Audiencia Nacional, por el contrar¨ªo, puntualiza que derechos adquiridos son los que han entrado en el patrimonio de las personas, es decir, las mensualidades cobradas hasta ahora, porque las futuras constitu¨ªan meras expectativas.

La sentencia se?ala que no puede decirse, corno se hace en la demanda, que la cuesti¨®n planteada con respecto a la pensi¨®n vitalicia de los ex ministros podr¨ªa plantearse en id¨¦nticos t¨¦rminos si se tratase de cualquier otra pensi¨®n, porque no es razonable equipararlas. La pensi¨®n de un ministro se otorgaba por el mero hecho de jurar el cargo, cualquiera que fuera el tiempo de desempe?o, no hab¨ªa necesidad de cotizar riada y no importaba la edad, en que se cesaba, por m¨¢s que se estuviera en edad apropiada para trabajar.

El texto judicial deja claro que no existe "ninguna semejanza" entre estas pensiones y la que cobra cualquier otro espa?ol despu¨¦s de muchos a?os de trabajo y cotizaci¨®n. Lo que hace el legislador -dice la sentencia- es acercar esas pensiones a las otras, las cuales s¨®lo se cobran al llegar a determinada edad.

Por tanto, la ley en cuesti¨®n "no s¨®lo no viola el derecho a la igualdad, sino que tiende a procurarlo". Por ¨²ltimo, la Audiencia Nacional rechaza que la citada ley de pensiones de los ex ministros suponga una privaci¨®n de bienes y derechos. El car¨¢cter graciable y excepcional de estas pensiones impone concluir que respecto a las todav¨ªa no percibidas, los ex ministros s¨®lo ten¨ªan una expectativa, que no era un bien o derecho cuya privaci¨®n exija indemnizaci¨®n.

Estos ex ministros volver¨¢n a cobrar las pensiones, sin que ¨¦stas sean actualizadas, cuando cumpl¨ªan los 65 a?os de edad. Su importe oscilaba entre 50.000 y 70.000 pesetas, ya que fueron concedidas entre 1962 y 1975.