Acompa?antes ilegales

Mario Conde y Juan Abell¨®, vicepresidentes del Banesto; Miguel Boyer, presidente del Banco Exterior; Isabel Preysler; el empresario Enrique Sarasola, amigo personal del presidente Felipe Gonz¨¢lez, son o han sido clientes de servicios de protecci¨®n personal prestados por empresas privadas. Tal hecho no tendr¨ªa relevancia de no ser porque tales servicios, con vigilantes jurados obviamente de paisano, es absolutamente ilegal. De entre las 1.300 empresas de seguridad registradas en Espa?a, tan s¨®lo 10 de ellas tienen organizado un servicio serio de escoltas. Cerca de 500 trabajadores han prestado alguna vez este trabajo, aunque tan s¨®lo existan unos 150 profesionales de la escolta. La raz¨®n: unas 70.000 pesetas m¨¢s de sueldo, que las empresas esconden en complementos.

JUAN JOS? ECHEVARRIAEl motivo de la ilegalidad del escolta nace de una de las escasas normativas sobre la seguridad privada. Seg¨²n el decreto de 10 de marzo de 1978, el vigilante jurado s¨®lo puede prestar servicio de uniforme, lo que invalida cualquier intento de protecci¨®n personal de este tipo. Sin embargo, fuentes de las empresas de seguridad se?alan que el servicio de escoltas es una demanda real, requerida por una cincuentena de personas, todas ellas banqueros, empresarios, jet-set, normalmente residentes en Madrid, Barcelona, Marbella, provincia de Alicante y Pa¨ªs Vasco, que se encuentran amenazados y a los que el Estado, a trav¨¦s del Ministerio del Interior, no otorga un servicio de protecci¨®n policial. No es de la misma opini¨®n Miguel ?ngel de Blas, asesor estatal de UGT para temas de seguridad privada, que entiende que "normalmente el motivo de estas personas para contratar un servicio de escolta es la ostentaci¨®n". De Blas matiza con los empresarios del Pa¨ªs Vasco, donde "la sensaci¨®n de miedo es real".La UGT considera que los servicios de escoltas privados han experimentado un "incremento alarmante", seg¨²n indica un informe de la central socialista, "dado la insuficiencia de medios de control, tanto t¨¦cnicos como humanos, con los que cuenta la Direcci¨®n de la Seguridad del Estado para su seguimiento". Fuentes policiales admiten la penuria de la Comisar¨ªa de Seguridad e Instalaciones, ¨®rgano encargado, entre otras cuestiones, de la represi¨®n de esta actividad, hoy por hoy, il¨ªcita. Sin embargo, las mismas fuentes policiales se?alan otro factor importante: la dificultad de probar un servicio de escolta. Cuando son detenidos unos escoltas niegan que realicen tal servicio, muestran su licencia de armas para llevarlas y mantienen que vuelven de un servicio de vigilancia jurada y llevan el rev¨®lver -normalmente un 38- al armero de la empresa.Prueba de las escasas comprobaciones policiales de estos servicios de escoltas es que de las 20 denuncias presentadas este a?o en Madrid por particulares -normalmente sindicalistas del sector- tan s¨®lo se han comprobado dos de ellas y han finalizado con multa a las empresas de seguridad. Son, seg¨²n datos que constan en la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa, la empresa Grupo 4 Securitas Espa?ola, S. A., y Transel Seguridad, S. L. Una vez incoados los expedientes, fueron multadas con medio mill¨®n de pesetas cada una. El a?o pasado, tan s¨®lo fueron multadas otras dos empresas: Prose, S. A., y Transportes Blindados, S. A., esta ¨²ltima por escoltar a un alto cargo de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Arag¨®n y La Rioja.

La peque?a cuant¨ªa de las multas es otro aspecto que anima a las empresas de seguridad a mantener sus servicios de escoltas. Si la multa es de medio mill¨®n en las escasas ocasiones que son cogidos, la empresa cobra entre un mill¨®n y 1.250.000 pesetas al mes por servicio. Los beneficios empresariales son redondos, ya que tan s¨®lo desembolsan, adem¨¢s de otros gastos de infraestructura, unas 150.000-170.000 por cada trabajador que se presta a realizar este servicio: dos o cuatro, como m¨¢ximo, por cliente. "La raz¨®n econ¨®mica es definitiva para aceptar este trabajo", manifest¨® un escolta, que por motivos de seguridad laboral se mantuvo en el anonimato. "Yo soy un vigilante jurado con un sueldo bruto total de 84.000 pesetas. Si me presto a hacer estos servicios gano el doble", a?adi¨®.

Sin embargo, existen casos de vigilantes jurados que se han negado a hacer servicios de protecci¨®n personal de paisano. Es el caso de Pablo Rico Alfons¨ªn, quien fue despedido de Transportes Blindados, S. A. al incurrir en "falta muy grave ( ... ) al desobedecer las ¨®rdenes de servicio", seg¨²n se?ala su carta de rescisi¨®n de contrato firmada por Lino Bermejo, director adjunto de la empresa, "hecho que cometi¨® el pasado 13 de agosto de 1987, cuando se present¨®, totalmente uniformado, en las instalaciones de nuestro cliente Morgan Guaranty Trust, Co. of New York, sitas en Jos¨¦ Ortega y Gasset, 29, de Madrid, sabiendo que el servicio en esas dependencias se efect¨²a con ropa de paisano, provocando con su actitud la en¨¦rgica queja del cliente, as¨ª como poniendo en peligro la existencia del servicio", a?ade la carta de despido.Exigencia de fdelidad

Por ello, las empresas exigen cada vez m¨¢s fidel¨ªdad a sus trabajadores. Adem¨¢s, han de reunir otras caracter¨ªsticas: buena estatura -1,80 metros, como norma general-, uso experto de armas, pr¨¢cticas en conducci¨®n evasiva y artes marciales.

"Ser uno de los siete u ocho vigilantes que hacen escoltas en estas empresas te obliga dedicarte full time a ellas. A cualquier hora te pueden llamar para que vayas a Barajas a recoger a cualquier personalidad, ¨¢rabes en su mayor¨ªa", a?ade el escolta citado. "Sueles trabajar con un compa?ero y cambiar de veh¨ªculo, alquilados normalmente cada d¨ªa. La jornada laboral puede ser de 24 horas y a efectos legales eres un vigilante jurado".