No existe pol¨ªtica minera
Espa?a ocupa un lugar relevante en la miner¨ªa de Europa occidental, a la vez que nos encontramos a la cabeza de los ¨ªndices de frecuencia de accidentes de los pa¨ªses de nuestro entorno, y parece necesario, antes que lamentarse hip¨®critamente de las muertes, tratar de encontrar sus causas.Nadie niega la importante posici¨®n de la miner¨ªa espa?ola en el conjunto de la CE, y a la vez nadie puede afirmar con seriedad que exista una pol¨ªtica minera en nuestro pa¨ªs. Las empresas extranjeras, en muchos casos de la CE, penetran de forma cada vez m¨¢s acusada en el sector minero, pero parece que los economicistas que dirigen la programaci¨®n de las pol¨ªticas sectoriales s¨®lo consideran los sectores en funci¨®n del porcentaje del PIB que representan. ?Cu¨¢l es la pol¨ªtica en el sector de rocas ornamentales? ?Y en el de rocas industriales o en la miner¨ªa met¨¢lica? Los subsectores de punta a los que nos tienen acostumbrados los neotecn¨®cratas al uso tienen su base, en muchos casos, en nuevos materiales, y los nuevos materiales han de proceder en un gran porcentaje de la miner¨ªa. No existe pol¨ªtica minera y ni siquiera se conoce cu¨¢ndo llegar¨¢ a las Cortes el proyecto de ley de Bases de la Miner¨ªa. Solamente con el nuevo sistema de contrataci¨®n de carb¨®n t¨¦rmico podr¨ªa parecer que existe una pol¨ªtica en el sector del carb¨®n; s¨®lo una observaci¨®n: ?d¨®nde est¨¢n las partidas necesarias para investigaci¨®n? Pienso con tristeza que se puede llegar a ayudar con dinero p¨²blico a empresas que presenten unos resultados contables de reducci¨®n de p¨¦rdidas, pero que no resistir¨ªan una auditor¨ªa tecnol¨®gica. Los recursos mineros son un bien p¨²blico, y sin la existencia de una precisa pol¨ªtica minera no es posible una actuaci¨®n empresarial seria, gener¨¢ndose operaciones especul¨¢tivas, falta de tecnificaci¨®n empresarial...
En la Comunidad de Castilla y Le¨®n se realiz¨® un Plan Integral de Seguridad Minera; sus actuaciones han ido languideciendo a lo largo de 1987, hasta haber desaparecido en la actualidad. Todo el mundo, en mayor o menor grado, ha alabado el plan, pero los que tienen el poder para poner en pr¨¢ctica las consecuencias obtenidas no lo hacen:
- La gesti¨®n de la seguridad debe hacerse en el marco de unas relaciones industriales democr¨¢ticas; empresas, sindicatos y Administraci¨®n deben participar en el ¨®rgano de gesti¨®n, participaci¨®n que no debe ser paritaria, ya que las muertes se dan entre los trabajadores.
- El personal al servicio del ¨®rgano gestor no debe 'ser un conjunto de funcionarios. Las tecnolog¨ªas, las disciplinas a utilizar, son muy variadas y cambiantes, y no se puede pretender que los funcionarios seamos una especie de semidioses que dominemos el conjunto de amplios aspectos que influyen en la seguridad de una explotaci¨®n minera.
- La gran cantidad de deficiencias encontradas en las minas inspeccionadas hizo que la Administraci¨®n central habilitase una l¨ªnea de cr¨¦ditos blandos para la realizaci¨®n de inversiones que mejorasen la seguridad.
Cr¨¦ditos sin utifizar
Nadie podr¨¢ decir que los accionistas, incluso los mayoritarios, no est¨¢n preocupados por la seguridad en la miner¨ªa, pero, simult¨¢neamente, es evidente que las empresas, acaso m¨¢s interesadas en la l¨®gica de los n¨²meros que en la seguridad de los hombres, no han utilizado la l¨ªnea de cr¨¦dito que se les ofrec¨ªa. Entiendo que la l¨®gica de los n¨²meros har¨ªa que las empresas invirtiesen en seguridad si el accidente resultara caro, y existen herramientas, pol¨ªtica de cotizaciones, etc¨¦tera, para conseguirlo.
- El estatuto del minero resulta, en muchos casos, inaplicable en la pr¨¢ctica, como la imposibilidad real de la existencia de delegados mineros de seguridad en gran n¨²mero de empresas, a pesar de lo se?alado en el estatuto, o la falta de formaci¨®n del trabajador, cuando en el estatuto se establece como un derecho. Es necesario modificar el estatuto y aplicarlo de forma tal que en toda explotaci¨®n exista delegado minero de seguridad y que los trabajadores hayan recibido la formaci¨®n adecuada al trabajo que realizan, llegando incluso a prohibir los contratos eventuales para determinados trabajos.
- En la pr¨¢ctica no existe formaci¨®n profesional minera en el pa¨ªs, ni en las cuencas mineras m¨¢s importantes ni fuera de ellas. Estamos ante la paradoja de que el Estado gasta dineros p¨²blicos, en las propias cuencas mineras, para formar a j¨®venes que salen de las escuelas de formaci¨®n profesional con conocimientos no aplicables en su entorno y que engrosan las filas de parados, y no existe formaci¨®n reglada en miner¨ªa, ni se planifican actuaciones en el campo de la formaci¨®n no reglada que traten de cubrir el vac¨ªo producido por la falta de escuelas adecuadas.
Ante las muertes producidas, corremos el peligro de que se planteen acciones, incluso con la mejor voluntad, que no hagan otra cosa que cubrir el expediente con vistas a la galer¨ªa. Si la sociedad est¨¢ verdaderamente sensibilizada por los problemas de la seguridad minera, ha de exigir que se tome en serio nuestra miner¨ªa. Nuestros representantes, todos, unos en funciones de gobierno y otros en tareas de oposici¨®n, unos con responsabilidades a nivel estatal y otros a nivel auton¨®mico, tienen que encararse con la problem¨¢tica minera del pa¨ªs estableciendo una pol¨ªtica minera hoy inexistente, desarrollando las normas legales necesarias para que los ¨®rganos de gesti¨®n de la seguridad est¨¦n gobernados por los implicados, estableciendo en las correspondientes leyes de presupuestos programas concretos con dotaciones y objetivos claros en relaci¨®n con la seguridad minera, dictando las disposiciones legales necesarias para que a las empresas les resulte caro un accidente, modificando y haciendo cumplir el estatuto del minero para que los derechos de los trabajadores que se proclaman en ¨¦l sean una realidad, y acometiendo la planificaci¨®n de la formaci¨®n, tanto reglada como no reglada, que necesitan los trabajadores, no s¨®lo con objeto de mejorar la seguridad, sino de mejorar el sector en su conjunto.
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