Andaluc¨ªa, la gran prueba socialista

, Andaluc¨ªa est¨¢ a punto de cumplir nueve a?os como comunidad aut¨®noma con los mismos problemas que sirvieron de argumentos para las ya lejanas elecciones de mayo de 1979: un desempleo casi 10 puntos por encima de la media nacional y una infraestructura de servicios p¨²blicos y comunicaciones con niveles m¨¢s bajos que el conjunto del pa¨ªs. Esta situaci¨®n se mantiene pese a que la econom¨ªa andaluza ha crecido m¨¢s que la media de Espa?a en los ¨²ltimos a?os. ?sta es tambi¨¦n la comunidad que maneja un presupuesto mayor: casi 800.000 millones de pesetas este a?o.

Andaluc¨ªa accedi¨® a la autonom¨ªa a trav¨¦s del art¨ªculo 151 de la Constituci¨®n, con lo que obtuvo un techo competencial equiparable al de las denominadas nacionalidades hist¨®ricas. El 28 de febrero de 1980 se celebr¨® el refer¨¦ndum de iniciativa auton¨®mica, en el que Aliner¨ªa qued¨® descolgada por un escaso margen de votos. Despu¨¦s se la recuper¨®, tras lograrse en el Congreso de los Diputados una modificaci¨®n de la ley org¨¢nica sobre modalidades del refer¨¦ndum. La regi¨®n ha estado constantemente gobernada por los socialistas, que han experimentado en esta comunidad aut¨®noma importantes objetivos de su teor¨ªa pol¨ªtica.La Junta de Andaluc¨ªa ha desarrollado ya la pr¨¢ctica totalidad de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonom¨ªa -incluidas educaci¨®n y sanidad- y no hay discusi¨®n relevante entre los partidos sobre el grado de autonom¨ªa conseguido; s¨ª, l¨®gicamente, sobre como se gestionan esas competencias. Las "servidumbres" al Gobierno de Madrid y el escaso nivel de eficacia en la lucha contra el desempleo volvieron a ser las principales cr¨ªticas al Gobierno de Jos¨¦ Rodr¨ªguez de la Borbolla en el reciente debate sobre el estado de la comunidad celebrado en el Parlamento regional.

El proceso de transferencias desde el Gobierno central al auton¨®mico se realiz¨® sin enfrentamientos de importancia, excepto en lo relativo a Agricultura. La resistencia de Madrid a transferir las competencias del Iryda y del Icona estuvieron en alguna medida en el origen de la renuncia del anterior presidente, Rafael Escuredo. Contar con ambos organismos era imprescindible para que la Junta pudiera acometer el programa de reforma agraria, que se dise?aba como el objetivo principal de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno.

Con el nivel de competencias asignado, la Junta de Andaluc¨ªa tiene un estrecho margen de maniobra en lo que a pol¨ªtica econ¨®mica se refiere. Sin posibilidades reales de contar con un sector p¨²blico propio de importancia,El Gobierno andaluz se ha dedicado en los ¨²ltimos a?os a una labor de fomento empresarial, reflotamiento de empresas estrat¨¦gicas en crisis y atracci¨®n de inversiones, sobre todo en industria del ocio y empresas de tecnolog¨ªa punta. Para ello ha creado el Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa, ha firmado numerosos acuerdos con las instituciones financieras radicadas en la regi¨®n y ha utilizado masivamente instrumentos econ¨®micos como la subvenci¨®n de cr¨¦ditos a peque?as y medianas empresas.

Las actuaciones de la Junta que han despertado un mayor grado de pol¨¦mica han sido las relacionadas con asuntos sanitarios y de pol¨ªtica agraria.. En sanidad se inici¨®, con Rafael Escuredo al frente de la Junta, un proceso de reforma del modelo asistencial que enfrent¨® al colectivo m¨¦dico con el Gobierno regional.

El dise?o de la reforma sanitaria, en el que tuvieron una parte significativa antiguos militantes comunistas fichados por el entonces consejero, Pablo Recio, supuso una renovaci¨®n tanto en el sistema de atenci¨®n primaria y ambulatoria como en el de gesti¨®n hospitalaria, que no fue aceptada por los m¨¦dicos, y en el de conciertos con centros privados. La sustituci¨®n de Recio por Eduardo Rej¨®n al frente de la consejer¨ªa tras las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas (1986) ha contribuido a suavizar la situaci¨®n. La semana pasada, el Consejo de Gobierno cesaba a los principales responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS), despu¨¦s de que la nueva ejecutiva del PSOE criticara los modelos que se aplicaban.

Reforma agraria

En pol¨ªtica agraria, la Ley de Reforma Agraria puesta en marcha en 1985 ha provocado un largo enfrentamiento entre las organizaciones empresariales y la Consejer¨ªa de Agricultura, a cuyo frente est¨¢ Miguel Manaute. Como consecuencia de este enfrentamiento, y a pesar de la sentencia favorable obtenida del Tribunal Constitucional, la Junta no ha podido hacer efectivas todav¨ªa las primeras expropiaciones de fincas. Los numerosos obst¨¢culos no han impedido, sin embargo, que el Gobierno regional haya iniciado actuaciones en las ocho provincias de la regi¨®n mediante la declaraci¨®n de comarcas de actuaci¨®n.

En educaci¨®n los principales problemas han venido determinado por los conflictos iniciados por profesores interinos para lograr la titularidad. Sin embargo, se ha desarrollado sin contratiempos el proceso de conciertos con centros privados de ense?anza previsto en la LODE. La Consejer¨ªa de Educaci¨®n se enfrent¨® a un prolongado conflicto provocado por la pretensi¨®n de los estudiantes de Huelva de contar con una universidad propia. El enfrentamiento se zanj¨® con la creaci¨®n de una facultad de ciencias experimentales y otra de sociales y jur¨ªdicas.