Catalu?a, la puja por la autonom¨ªa

Algunas verdades tenidas por inmutables han dejado de serlo en Catalu?a en ocho a?os de autonom¨ªa. Una de ellas era la escasa atracci¨®n que, se dec¨ªa, sent¨ªan los catalanes por el ejercicio del funcionariado. La principal tarea de Jordi Pujol y sus Gobiernos durante sus dos legislaturas de ejercicio del poder ha consistido en levantar una poderosa m¨¢quina administrativa: 90.000 funcionarios tiene hoy en n¨®mina la Generalitat y rara es la familia de la peque?a y mediana burgues¨ªa del pa¨ªs alguno de cuyos miembros no vive del presupuesto. Este s¨²bito amor por la funci¨®n p¨²blica ha relativizado tambi¨¦n otra verdad: la fama de excepcionales administradores que sol¨ªa acompa?ar a los catalanes. Para levantar esa Administraci¨®n, los Gobiernos de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) no han podido evitar durante estos ocho a?os la reproducci¨®n a escala en Catalu?a del esquema burocr¨¢tico de la Administraci¨®n central y, han acumulado 95.000 millones de d¨¦ficit. La implantaci¨®n de la autonom¨ªa bajo la direcci¨®n de Jordi Pujol no ha eliminado otro viejo mito: el de que "no nos comprenden".

, Hay algunas verdades que se han hecho a?icos en Catalu?a. Pueblo secularmente desvinculado, cuando no enfrentado, se dec¨ªa, a toda suerte de fuerzas represoras, muchos catalanes quieren ahora tener m¨¢s polic¨ªas, o se polic¨ªas, aunque con el nombre de mossos desquadra. El t¨®pico lo recitaba Miquel Roca el 13 de agosto de 1979, a la salida de la ¨²ltima reuni¨®n negociadora del Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a en el Congreso de los Diputados, para justificar las limitaciones del texto reci¨¦n acordado en relaci¨®n al orden p¨²blico.

"Lo que a los catalanes nos interesa son las competencias en ense?anza, lengua y cultura", sentenciaba entonces. Y a?ad¨ªa: "A quienes les interesan las competencias sobre polic¨ªa es a los vascos, por razones obvias. Por lo tanto, creo que este Estatut e v¨¢lido ( ... )".

Casi 10 despu¨¦s, hace un mes, el mismo Miquel Roca sosten¨ªa ante las c¨¢maras de la televisi¨®n auton¨®mica una ¨¢spera pol¨¦mica con el gobernador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, a ra¨ªz precisamente, de la reiterada negativa de la Administraci¨®n central a ceder a la Generalitat parte del control del orden p¨²blico ?Qu¨¦ ha pasado durante los ocho a?os de aplicaci¨®n del Estatut para que los nacionalistas catalanes modifiquen su criterio? Pues que la pr¨¢ctica de la autonom¨ªa les ha recordado algo que la teor¨ªa pol¨ªtica sabe desde siempre: que todo poder precisa disponer para serlo de verdad, de un eficaz aparato coactivo.

El eje central

?ste es uno de los muchos facto res que han servido, entre otras cosas, para que los titulares de la Generalitat hayan empalmado la reivindicaci¨®n de autonom¨ªa de los a?os setenta con la de m¨¢s autonom¨ªa en los a?os ochenta. De manera que, hoy, a tres semanas de las terceras elecciones auton¨®micas, el r¨¦gimen de autonom¨ªa pol¨ªtica ha justificado plenamente en Catalu?a su raz¨®n de ser, pero no ha acallado la reclamaci¨®n de autonom¨ªa.

Por el contrario, esta cuesti¨®n es el eje central, absoluto, ¨²nico, sobre el que gira, obsesivamente, la pol¨ªtica catalana. ?sta es la principal baza estrat¨¦gica ganada por Pujol. Una reciente encuesta realizada por encargo de la Diputaci¨®n de Barcelona se?ala que el 52% de los ciudadanos de Catalu?a considera que el Estatut debe revisarse, al alza. Otra encargada en noviembre por el partido socialista elevaba este porcentaje al 57%.

As¨ª, otra verdad t¨®pica se ha desvanecido. Desde los albores de la revoluci¨®n industrial, las fuerzas de la izquierda han mantenido en Catalu?a su pugna por la justicia social en el primer plano de las preocupaciones del pa¨ªs. Hoy, el primer empe?o de todos los partidos de izquierda es c¨®mo convencer al electorado de que sus propuestas para ampliar, consolidar, mejorar, la autonom¨ªa son mejores que las del centroderecha. Todo lo dem¨¢s ha pasado a un segundo plano.

Para ese fin, Esquerra Republicana defiende la reforma del Estatut. Lo advirti¨® ya el mismo d¨ªa en que fue aprobado: no hay competencias en justicia, orden p¨²blico y econom¨ªa, y muchas otras se comparten con la Administraci¨®n central, que acabar¨¢ imponi¨¦ndose a la Generalitat, argumentaron entonces los republicanos. La f¨®rmula de EIRC es reclamar la atribuci¨®n a Catalu?a de las competencias que tienen otras comunidades aut¨®nomas, incluido el sistema de concierto econ¨®mico vigente en Euskadi y Navarra, y la conversi¨®n de Catalu?a en provincia ¨²nica, como forma de conseguir la desaparici¨®n de las actuales cuatro provincias y de los gobernadores civiles.

El PSUC propone la utilizaci¨®n a fondo del sistema de ampliaci¨®n de competencias de las comunidades aut¨®nomas previsto en el art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n, la revisi¨®n de algunas leyes org¨¢nicas (la de r¨¦gimen local, la de cuerpos de seguridad, la de financiaci¨®n, la de la funci¨®n p¨²blica) que han reducido las competencias de la Generalitat, la redistribuci¨®n del gasto p¨²blico entre las administraciones central, auton¨®mica y local a partir de la f¨®rmula 50%/25%/25%, y, tambi¨¦n, la provincia ¨²nica.

Los socialistas catalanes se han incorporado desde agosto de 1987 a esta puja con su propuesta de utilizaci¨®n del federalismo cooperativo para el desarrollo del Estado de las autonom¨ªas. Esta idea les ha dado un respiro en el acoso pol¨ªtico a que estaban sometidos, porque todos los dem¨¢s partidos catalanes ped¨ªan m¨¢s autonom¨ªa excepto ellos y AP, que no es precisamente su acompa?ante pol¨ªtico preferido.

La propuesta federalista, cuyo contenido estricto est¨¢n todav¨ªa elaborando los socialistas catalanes, ha introducido algunas ideas nuevas en el debate pol¨ªtico. Una de ellas es que, tras ocho a?os de vigencia del Estatut, el actual momento pol¨ªtico se?ala un final de etapa, el dedicado a la instauraci¨®n efectiva del sistema auton¨®mico: creaci¨®n de instituciones, traspaso de servicios, etc¨¦tera. La consecuencia de este final de etapa es que debe seguirle otra, de la que hay que determinar los objetivos. Y he ah¨ª algo que no por obvio es menos importante: esta segunda etapa no es s¨®lo un problema catal¨¢n, sino del Estado espa?ol. Afecta al desarrollo del entero Estado de las autonom¨ªas, no ¨²nicamente a una de sus partes.

?ste es un planteamiento que CiU, la coalici¨®n del centro-derecha nacionalista catal¨¢n que gobierna la Generalitat, rechaza de plano. La posici¨®n de Pujol es que el principal problema pol¨ªtico de la autonom¨ªa catalana es la no aplicaci¨®n del Estatut por parte del Gobierno central y la constante invasi¨®n por la Administraci¨®n central de las competencias, legislativas y de gesti¨®n, de la Generalitat.

La reforma del Estatut

Pero Pujol ha evitado plantear la reforma del Estatut, temeroso de las incertidumbres que conlleva la apertura de un proceso de este tipo. Si acaso, advierte, la reforma o la ampliaci¨®n del Estatut deber¨ªan abordarse despu¨¦s de fracasados todos los esfuerzos para que el Gobierno central vuelva al esp¨ªritu de 1979 que hizo posible su aprobaci¨®n por todos los partidos. Es decir, que la reforma ser¨ªa "culpa de Madrid". Pujol explota as¨ª la existencia de uno de los mitos pol¨ªticos m¨¢s profundamente arraigados entre los catalanes, la dualidad Catalu?a / Espa?a, Estado / Generalitat. Lo que en lenguaje coloquial y electoral se expresa afirmando que "en Madrid no nos entienden" o, en el mejor de los casos, que "tienen otra concepci¨®n de la autonom¨ªa, menos pol¨ªtica y m¨¢s administrativa".

En el debate parlamentario celebrado en febrero de 1987 sobre el balance de aplicaci¨®n del Estatut en siete a?os, Pujol formul¨® la posici¨®n oficial de su partido y de su Gobierno, que mantiene: "El Estatut, tal como se aplica, ya no es una herramienta ¨²til", asegur¨®, "porque desde el 23 de febrero de 1981 no se le da la interpretaci¨®n amplia y generosa pactada en 1979, sino otra sistem¨¢ticamente restrictiva". Ahora, en v¨ªsperas de elecciones, ha aplazado para despu¨¦s del 29 de mayo su definici¨®n sobre si hay que emprender o no la reforma.

El nuevo caballo de batalla al que Pujol se refiere con insistencia creciente es la Comunidad Europea, que ejerce competencias tanto de la Administraci¨®n central como de la Generalitat y que dicta normas que ambas deben aplicar. La cuesti¨®n ahora es si estas normas llegan a Barcelona directamente desde Bruselas o v¨ªa Madrid.