Las equivocaciones de Interior

EL PA?S, La lucha contra el terrorismo ha estado jalonada de otros errores de bulto, que han originado reclamaciones contra Interior. As¨ª, el 28 de julio de 1986, coincidiendo con la puesta en estado de m¨¢xima alerta de las fuerzas de orden p¨²blico en Madrid, Jos¨¦ Miguel Ant¨ªa Alberdi, empleado de banca natural de Zumaya, se encontr¨® con que durante su ausencia por vacaciones miembros de los GEO hab¨ªan irrumpido violentamente en su domicilio causando importantes destrozos.

Ant¨ªa fue detenido durante dos horas, bajo acusaci¨®n de estar relacionado con el comando Espa?a de ETA. Interior asegur¨® a los propietarios del piso, tras pedirles discreci¨®n, que les ser¨ªan abonados los gastos causados por la explosi¨®n y el registro llevado a cabo por los GEO. Unos d¨ªas despu¨¦s de estos hechos Ant¨ªa present¨® una denuncia ante el juzgado n¨²mero 20 de Madrid por allanamiento de morada y detenci¨®n ?legal.

Ese mismo a?o, los servicios de informaci¨®n del Ministerio del Interior, volvieron a cometer un error importante: en unas agendas especiales entregadas a los miembros de los cuerpos de Seguridad del Estado, en la ficha correspondiente a la identificaci¨®n del presunto elarra Juan Manuel Soares Gamboa, se incluy¨® la fotografla de su hermano Francisco Javier. Unos d¨ªas despu¨¦s Interior inici¨® una campa?a en Prensa y televisi¨®n que ped¨ªa la ayuda ciudadana para localizar a cuatro presuntos miembros del comando Espa?a, donde se reproduc¨ªa el error.

El mismo d¨ªa en que Francisco Javier se apercibi¨® del error se present¨® en la comisar¨ªa de Logro?o, ciudad en la que resid¨ªa y de donde es natural, para denunciar la equivocaci¨®n. Una semana despu¨¦s de los hechos present¨® una denuncia contra el Ministerio del Interior. El ministro Barrionuevo justific¨® la equivocaci¨®n explicando que Francisco Javier ten¨ªa antecedentes y que por eso se equivocaron de ficha. Ante este nuevo error Soares Gamboa present¨® una demanda contra los altos cargos de Interior, en la que ped¨ªa 200 millones.

El Congreso rechaz¨® en marzo un suplicatorio del Supremo para actuar contra Barrionuevo por estos hechos.