Del dicho al hecho

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, asegur¨® la pasada semana en Burgos -en lo que se interpret¨® como una despedida ante el pr¨®ximo reajuste- que el programa con el que los socialistas se presentaron en el a?o 1982 a las elecciones, en lo que se refiere a la justicia "en este momento se encuentra cumplido". Una lectura de aquel programa y la observaci¨®n de lo realizado muestran que no se ha completado el anunciado desarrollo legal de la Constituci¨®n, no se ha implantado el jurado, no se ha aprobado la ley de amparo judicial ni se ha elaborado el "prioritario" nuevo C¨®digo Penal, no se ha modernizado la estructura judicial y no se han cumplido los ambiciosos planes para mejorar la dotaci¨®n econ¨®mica de la justicia.

Entre los llamados por el programa socialista "derechos de participaci¨®n de los ciudadanos", el PSOE, en l¨ªnea con la previsi¨®n constitucional, fue tajante en una promesa: "El Gobierno establecer¨¢ el jurado...". Las dificultades para su implantaci¨®n, advertidas recientemente, no contaron entonces. En cualquier caso, organizaciones de jueces, fiscales y otros juristas, a quienes cabe atribuir conocimientos en la materia, discrepan del criterio gubernamental de que establecer ahora el jurado ser¨ªa perturbador.No se ha desarrollado legalmente el derecho constitucional a la intimidad frente a los riesgos del uso de la inform¨¢tica. Aparte de la exigencia contenida en el art¨ªculo 18.4 de la Constituci¨®n, el programa socialista sobre esta materia se?alaba: "...el enorme desarrollo tecnol¨®gico en materia de inform¨¢tica exigir¨¢ un urgente tratamiento legal". Seis a?os despu¨¦s, la prevista urgente ley no se ha elaborado.

En cambio, s¨ª se ha cumplido la previsi¨®n program¨¢tica de no sustituir la vieja ley de Prensa de Manuel Fraga. Pero, aunque se trata de una ley superada por la Constituci¨®n, la falta de una derogaci¨®n expresa lleva a algunos jueces a aplicarla, sobre todo en aspectos en los que existen vac¨ªos en la legislaci¨®n vigente. Dentro de este cap¨ªtulo, el PSOE program¨® "una regulaci¨®n m¨¢s eficaz de los derechos de r¨¦plica y rectificaci¨®n", as¨ª como "de la cl¨¢usula de conciencia y del secreto profesional, del periodista". Sin embargo, no ha llegado todav¨ªa la hora para estos ¨²ltimos derechos. Bien es verdad que el desarrollo restrictivo de otros derechos fundamentales, como el de objeci¨®n de conciencia, aconseja quiz¨¢s no ser impacientes.

Por lo que se refiere a la protecci¨®n de los derechos fundamentales, el PSOE program¨® en 1982 "el desarrollo legislativo del llamado amparo judicial o procedimiento sumario y preferente", explicaba, "ante la jurisdicci¨®n ordinaria". En esta l¨ªnea, tambi¨¦n prometi¨® que "el nuevo C¨®digo Penal insistir¨¢ de modo particular en la represi¨®n de todas aquellas conductas que representen un atentado a los derechos fundamentales". El prometido C¨®digo Penal, objetivo prioritario", no se ha aprobado y s¨®lo se han realizado reformas parciales.

En materia de reforma de la administraci¨®n de justicia, considerada "urgente" en 1982, en julio de 1985 entr¨® en vigor la ley org¨¢nica del Poder Judicial, pero la ley de Planta y Demarcaci¨®n, prevista para un a?o despu¨¦s, s¨®lo hace unas semanas que ha llegado a las Cortes, por lo que esta importante ley para la adaptaci¨®n de la estructura judicial del siglo XIX a la realidad demogr¨¢fica y territorial de la Espa?a de hoy, no es probable que entre en vigor en 1988.

Tampoco se han realizado las prometidas reformas procesales o al menos no se han realizado con la amplitud prevista en el programa socialista, que les atribu¨ªa la virtud de evitar "las t¨¢cticas dilatorias", eliminar los "tr¨¢mites innecesarios", simplificar los procedimientos, potenciar el juicio oral. La realidad del colapso existente es la prueba palpable de que tales reformas no se han llevado a cabo. Para lograr este objetivo estaba previsto un dr¨¢stico aumento en el n¨²mero de jueces, fiscales y personal auxiliar, que tampoco se ha producido en el volumen requerido.

Pero el dato quiz¨¢ m¨¢s sintom¨¢tico del incumplimiento del programa en materia de justicia es la escasa dotaci¨®n de medios materiales. Los aumentos presupuestarios del Gobierno socialista, notables si se les compara con situaciones precedentes, han sido insuficientes, porque no han llegado al 1% del presupuesto de gastos del Estado, cuando en otros pa¨ªses europeos que no contaban con el atraso ole Espa?a se alcanzan porcentajes muy superiores.

En cualquier caso, el esfuerzo presupuestario del Gobierno por lo que a la justicia se refiere no ha sintonizado con la claridad de ideas que el programa del PSOE mostraba en esta materia. "Una justicia eficaz y digna es incompatible con la falta de medios con que se encuentra su administraci¨®n", dec¨ªa. Estas palabras se remataban con un proyecto no cumplido: "Hay que hacer justicia a la justicia y, para ello, no s¨®lo son necesarios los, cambios legislativos que propugnamos; ser¨¢ preciso un importante esfuerzo econ¨®mico nacional que ponga remedio a esta situaci¨®n".

Objetivos cumplidos

Entre los objetivos program¨¢ticos cumplidos resalta la regulaci¨®n legal de algunos derechos fundamentales, como el h¨¢beas corpus, el asilo, la asistencia letrada al detenido, la objeci¨®n de conciencia y la reuni¨®n y manifestaci¨®n. Asimismo, entre otras reformas parciales del C¨®digo Penal, se despenaliz¨® el aborto en los tres supuestos previstos en el programa de 1982. La modificaci¨®n de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de libertad provisional, que tuvo como consecuencia la salida de numerosos presos de las c¨¢rceles, fue rectificada a?o y medio despu¨¦s con la denominada reforma de la reforma.Algunos avances en la modernizaci¨®n de la justicia fueron los notables incrementos presupuestarios y el acceso a la funci¨®n judicial de juristas ajenos a la magistratura. En el objetivo de lograr una justicia "gratuita para todos los ciudadanos" se dio el paso de la supresi¨®n de las tasas.