Dos polic¨ªas, expedientados por realizar la detecci¨®n de escuchas telef¨®nicas para un semanario

La Direcci¨®n General de Polic¨ªa ha expedientado a un inspector y a un polic¨ªa b¨¢sico del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa como sospechosos de ser los que, por encargo de una revista, realizaron la investigaci¨®n sobre las presuntas escuchas telef¨®nicas ilegales sufridas por Adolfo Su¨¢rez y otros l¨ªderes pol¨ªticos. Estos agentes utilizaron para su trabajo, seg¨²n ha reconocido uno de ellos, un aparato sacado de las dependencias donde prestaban servicio. Los dos agentes, uno de ellos un veterano sindicalista, pueden ser acusados de una falta "muy grave" seg¨²n fuentes policiales.

Los dos funcionarios supuestamente implicados en el caso son el agente Miguel Terr¨®n Berrocal, conocido dirigente sindical, y el inspector Jos¨¦ Luis ?lvarez, seg¨²n fuentes policiales. Ambos han asegurado que son accionistas de la empresa de seguridad Tepol, encargada por el semanario Tiempo de realizar las comprobaciones sobre los pinchazos telef¨®nicos a partidos pol¨ªticos.Tras las denuncias efectuadas a trav¨¦s del reportaje period¨ªstico, el director general de la Polic¨ªa, Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado, orden¨® una investigaci¨®n que llev¨® a la conclusi¨®n de que al menos dos funcionarios eran socios de la empresa contratada para la detecci¨®n de escuchas. Posteriormente, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al caso, la Direcci¨®n de la Polic¨ªa crey¨® reconocer a Terr¨®n en una de las fotograf¨ªas publicadas en la revista, pese a que aparec¨ªa con una tira negra en los ojos para ocultar su identidad.

El Servicio de Transmisiones, dependiente de la Divisi¨®n General de Gesti¨®n T¨¦cnica, lleg¨® a sospechar que algunos de los aparatos empleados en el barrido de las l¨ªneas telef¨®nicas proced¨ªa del material propiedad del Estado que utiliza dicha unidad policial. En ese caso, tal material habr¨ªa sido retirado por los implicados "sin autorizaci¨®n de sus jefes".

El Servicio de Transmisiones y la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n, encargados de la investigaci¨®n, tomaron declaraci¨®n a los dos funcionarios. "Uno de ellos manifest¨®", seg¨²n fuentes oficiales, "que uno de los aparatos empleados, un osciloscopio, lo hab¨ªan sacado de los talleres policiales para efectuar unas reparaciones de car¨¢cter privado". El aparato lo reintegraron el pasado d¨ªa 21 "a petici¨®n de sus superiores".

Separado del servicio

Contra ambos funcionarios, que prestaban servicio en el Grupo de Radio del Servicio de Transmisiones, se ha abierto un expediente "para depurar posibles responsabilidades". Terr¨®n ha sido suspendido en sus funciones, mientras que la Direcci¨®n General de Polic¨ªa no ha adoptado a¨²n ninguna determinaci¨®n sobre ?lvarez.Terr¨®n se present¨® a las elecciones del Consejo de la Polic¨ªa por la Asociaci¨®n S¨ªndical Independiente de Polic¨ªa (ASIP), de la que era secretario general. Este sindicato no obtuvo representaci¨®n.

Un portavoz oficial asegur¨¦ que en los expedientes personales del inspector y del polic¨ªa no consta que se hallen en posesi¨®n de t¨ªtulo o cualificaci¨®n profesional que les faculte para emitir dict¨¢menes t¨¦cnicos del tipo de los efectuados por encargo". Su trabajo habitual, seg¨²n las mismas fuentes, "consiste en efectuar reparaciones elementales en las emisoras de los radio patrullas".

La Direcci¨®n General de Polic¨ªa ha informado de los hechos al juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9, donde el CDS present¨® denuncia por las escuchas. Tambi¨¦n se ha dado cuenta al semanario Tiempo " por si pudiera sentirse perjudicado por la actuaci¨®n de estos funcionarios".

El director del semanario, Jos¨¦ Oneto, declar¨® ayer a la Cadena SER que se contrat¨® a la empresa Tepol tras consultar con diversas firmas del sector y que la revista desconoc¨ªa la condici¨®n de polic¨ªas de los dos implicados. Oneto agreg¨® que la investigaci¨®n realizada era correcta, ya que se ha contrastado por otros an¨¢lisis.

Interior tambi¨¦n ha informado al fiscal encargado del caso de las escuchas telef¨®nicas, " por si pudiera servir de auxilio a la investigaci¨®n" o si la conducta de Terr¨®n y ?lvarez fuera constitutiva de delito.

El dictamen emitido por los expertos contratados por la revista sosten¨ªa que estaban pinchados, entre otros, los tel¨¦fonos de Adolfo Su¨¢rez, Jos¨¦ Ram¨®n Caso (presidente y secretario general del CDS, respectivamente) y Antonio Guti¨¦rrez, secretario general de CC OO. Fuentes policiales comentaron que tal dictamen "carece de fiabilidad" a la vista de la escasa cualificaci¨®n profesional de quienes presuntamente lo realizaron. La supuesta actividad de los dos agentes puede ser considerada como "una falta muy grave", que, en caso de confirmarse, supondr¨ªa una suspensi¨®n de empleo de entre 3 y 6 a?os de duraci¨®n e, incluso, la expulsi¨®n del Cuerpo.