Rechazo a las nuevas funciones del fiscal y la polic¨ªa

Las cr¨ªticas recibidas por los anteproyectos de ley elaborados por el Ministerio de Justicia para su tramitaci¨®n urgente han coincidido de modo casi un¨¢nime en el rechazo de las nuevas atribuciones concedidas al ministerio fiscal y en la necesidad de que la actualizaci¨®n del C¨®digo Penal se realice de forma m¨¢s reposada y coherente. Los colectivos de jueces y fiscales han sido los m¨¢s destacados en sus censuras a los textos gubernamentales, que tambi¨¦n han sido criticados por abogados, forenses y otros profesionales relacionados con la justicia.Las juntas tanto de jueces como de fiscales de Madrid y Barcelona han coincidido sustancialmente con las asociaciones progresistas y minoritarias Jueces para la Democracia y Uni¨®n Progresista de Fiscales En esencia, y por lo que se refiere a la reforma procesal, el m¨¢ximo rechazo se condensa en las nuevas atribuciones proyectadas para los fiscales, discutidas desde tres frentes: de un lado, por el riesgo de que tales competencias -entre las que figura el archivo de las actuaciones sin traslado al juez- pudieran instrumentalizarse por el poder ejecutivo en detrimento del judicial; de otro, por la yuxtaposici¨®n de la investigaci¨®n policial, fiscal y judicial, y finalmente, por la falta de infraestructura y personal del ministerio fiscal.

El Consejo Fiscal

Menos conocida es la opini¨®n del Consejo Fiscal, ¨®rgano colegiado de representaci¨®n de la carrera fiscal, integrado por tres miembros natos y nueve electivos -siete pertenecientes a la Asociaci¨®n de Fiscales, y dos, a la Uni¨®n Progresista de Fiscales-, que se reuni¨® el pasado martes, convocado por el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, quien se ha manifestado p¨²blicamente a favor de la atribuci¨®n al fiscal de la investigaci¨®n penal. El mencionado ¨®rgano, en un informe remitido al Ministerio de Justicia, rechaza las nuevas facultades dadas al fiscal por considerar la nueva regulaci¨®n "perturbadora para la marcha del proceso" y no definirse en concreto a qui¨¦n corresponde la investigaci¨®n, as¨ª como por la falta de infraestructura.

El Consejo Fiscal advierte tambi¨¦n de los riesgos de que los fiscales se conviertan en ¨®rganos legitimadores de la actuaci¨®n de otras instituciones, en clara referencia, sin mencionarla, a la polic¨ªa. De modo m¨¢s claro, la Junta de Jueces de Madrid considera que "la pr¨¢ctica de reconocimiento en rueda de personas deber¨ªa reservarse a la fase de investigaci¨®n judicial, dejando a la preliminar policial o fiscal el reconocimiento por exhibici¨®n de juegos o ¨¢lbumes de fotograf¨ªas". Insisten en que un reconocimiento por percepci¨®n personal directa llevado a cabo defectuosamente puede formar en la memoria del testigo una imagen distorsionante, capaz de frustrar otras ulteriores", aparte de la necesidad de preservar el principio constitucional de la inmediaci¨®n judicial.

En cuanto a la proyectada actualizaci¨®n del C¨®digo Penal, el criterio general mantenido es que el tr¨¢mite de urgencia no es el adecuado para esta reforma, as¨ª como que resulta inapropiado para modificar cuestiones tan pol¨¦micas como la autorizaci¨®n de esterilizaci¨®n de incapaces, el delito de ri?a, el de imprudencia temeraria o el nuevo tratamiento penal de las lesiones o la violaci¨®n.