Los jueces no podr¨¢n exigir comprobantes de gastos reservados, seg¨²n un borrador de la ley del Gobierno

El Gobierno prepara numerosos trabajos t¨¦cnicos relacionados con la llamada ley del Gobierno, entre los cuales se incluyen mayores garant¨ªas de secreto respecto de los gastos reservados y los documentos clasificados. Restringir la investigaci¨®n sobre el uso de los fondos reservados -de tal modo que los jueces no puedan exigir comprobantes-, incrementar las garant¨ªas contra la violaci¨®n de secretos oficiales y reforzar el fuero de los altos cargos son algunos de los criterios del Ejecutivo y del PSOE, que cinco equipos de expertos tratan de encajar en el marco constitucional. La potenciaci¨®n de los gobiernos civiles, frente a la postura de los nacionalistas, es otro de los debates abiertos al hilo de los preparativos para la ley.

Una regulaci¨®n m¨¢s expl¨ªcita de los gastos reservados figura entre los criterios principales de la ley en gestaci¨®n. Dichos gastos estar¨¢n protegidos frente a la investigaci¨®n parlamentaria, sobre la base de considerarlos como la parte de los Presupuestos del Estado que no est¨¢ sometida a intervenci¨®n, y por tanto no deben ser justificados ante el Tribunal de Cuentas. Frente a las cr¨ªticas que esta postura puede suscitar, fuentes gubernamentales argumentan que siempre est¨¢ abierta la posibilidad de exigir la responsabilidad pol¨ªtica del Gobierno ante el Parlamento, prevista en el texto de la Constituci¨®n.Los gastos reservados permanecer¨¢n sometidos al control jurisdiccional, pero los jueces encargados de investigar el uso de los mismos no podr¨¢n pedir comprobantes de gastos como parte de la prueba que deseen practicar. No en vano ha surgido la idea de la ley del Gobierno, en parte, como consecuencia del caso Amedo.

A esta bater¨ªa de cambios se suma una precisi¨®n mayor en lo que se refiere a secretos oficiales. Las normas en preparaci¨®n tienden a centralizar en el Consejo de Ministros la capacidad para declarar materias reservadas o considerar un asunto como secreto oficial, decisi¨®n que ahora pueden tomar autoridades muy diversas, entre otras la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Cuando un asunto sea declarado secreto por el Consejo de Ministros se establecer¨¢n fuertes sanciones para quienes violen, a trav¨¦s de su difusi¨®n, un documento protegido por tal declaraci¨®n.

Documentos OTAN

El principal argumento del Ejecutivo es la homologaci¨®n del sistema espa?ol de protecci¨®n de secretos con el de los pa¨ªses de la Alianza Atl¨¢ntica. Espa?a recibe cada vez mayor volumen de documentos OTAN, pero el Gobierno considera insuficientes las garant¨ªas de custodia."Los medios de informaci¨®n pueden publicar en Espa?a un documento que ponga secreto, con la casi seguridad de que no va a pasar nada. Eso es literalmente impensable en Francia o en Gran Breta?a", es el ejemplo con que un alto cargo ilustra el argumento. El hecho de que las duras legislaciones francesa y brit¨¢nica sobre secretos oficiales sean producto del per¨ªodo de guerra fr¨ªa no les parece un serio inconveniente a los gobernantes espa?oles, quienes recuerdan que dichos pa¨ªses mantienen esas legislaciones en la actualidad.

Otro de los asuntos estudiados es el refuerzo del fuero de los altos cargos de la Administraci¨®n, lo cual afecta a las condiciones en que se puede exigir su responsabilidad civil y criminal, as¨ª como a su declaraci¨®n como testigos.

Predomina el criterio de equiparar a los segundos niveles de la Administraci¨®n -probablemente hasta el rango de secretarios de Estado- a ?a condici¨®n de miembros del Gobierno, lo cual atribuir¨ªa al Tribunal Supremo su enjuiciamiento civil y penal. Tambi¨¦n les facultar¨ªa para negarse a comparecer como testigos ante un juez y declarar s¨®lo por escrito, como ya ocurre con los ministros.

La direcci¨®n del PSOE y los ministros m¨¢s pol¨ªticos mantienen tambi¨¦n el criterio de potenciar los gobiernos civiles como representaci¨®n del Estado en las provincias. La ley del Gobierno es el instrumento previsto para regular esa cuesti¨®n.

Fuentes gubernamentales reconocen la dificultad de decidir la tramitaci¨®n de esta ley sin un consenso m¨ªnimo con la oposici¨®n, que consideran dificil "dado que ning¨²n otro partido tiene posibilidades reales de alcanzar pronto el poder".