La Federaci¨®n de Distribuidores Cinematogr¨¢ficos pide en Bruselas la anulaci¨®n del 'decreto Mir¨®'

La Federaci¨®n de Distribuidores Cinematogr¨¢ficos (Fedicine), que preside Antonio Recoder, ha presentado reclamaci¨®n a la Comunidad Europea para que anule el decreto Mir¨® de 1983, por considerar que incumple el Tratado de Roma. Los distribuidores creen que se viola el tratado en las exigencias que plantea a los distribuidores para conseguir licencias de doblaje y al obligar a los exhibidores proyectar un d¨ªa de cine espa?ol por cuatro de extranjero.

La reclamaci¨®n, que fue presentada el 22 de junio pasado, ha sido admitida a tr¨¢mite.Antonio Recoder, representante de Fedicine y de Adican, entidades en la que se agrupan en Espa?a las distribuidoras multinacionales, dedicadas a la comercializaci¨®n en todo el mundo del cine norteamericano, explica que los organismos que ¨¦l representa se opusieron desde el primer momento a la publicaci¨®n del decreto Mir¨®.

"Nosotros", dice Recoder, "sab¨ªamos ya entonces lo que iba a ocurrir. Este decreto se empe?aba en imponer el cine espa?ol, cuando las pel¨ªculas espa?olas de los ¨²ltimos a?os no interesan a nadie, salvo las excepciones de las de Almod¨®var, Berlanga y la ¨²ltima de Jos¨¦ Luis Cuerda. Nosotros, que somos intermediarios entre los productores y el exhibidor, sabemos que al p¨²blico le interesa un bledo el origen geogr¨¢fico de una pel¨ªcula. Con el citado decreto nos obligaron a vender cine espa?ol y lo ¨²nico que se ha conseguido es que el cine que se hace aqu¨ª haya sido entregado a los americanos, cuando se supone que persegu¨ªan todo lo contrario".

Cuota de pantalla

Las imposiciones a las que se refiere Recoder y que ahora han sido impugnadas por sus organizaciones de distribuci¨®n en Bruselas afectan a la cuota de pantalla (un d¨ªa de cine espa?ol por cuatro de cine extranjero) y las restricciones para conseguir licencias de doblaje. Una licencia para doblar una pel¨ªcula extranjera se consigue cuando el distribuidor adquiere una pel¨ªcula rodada en castellano o cualquier otra lengua espa?ola. La segunda licencia se obtiene cuando esa pel¨ªcula espa?ola ha obtenido 30 millones de recaudaci¨®n. La tercera, cuando el mismo filme ha logrado 60 millones, y la cuarta, cuando ha superado los 80. "Son escas¨ªsimas las pel¨ªculas espa?olas", asegura Recoder, "que pasan de los 60 millones de pesetas, de forma que estamos totalmente atados para conseguir traer pel¨ªculas americanas".

"Antes de la aplicaci¨®n del decreto Mir¨®", asegura Recoder, "el mercado del cine espa?ol se llevaba entre el 28% y el 30% de la recaudaci¨®n en taquilla. Actualmente lo que se lleva est¨¢ en torno al 10%. La recaudaci¨®n en taquilla sigue siendo de unos 25.000 millones al a?o, y se mantiene porque, aunque baje el n¨²mero de espectadores, ha aumentado mucho el precio de las entradas. Las pel¨ªculas espa?olas que conectan con el espectador", prosigue Antonio Recorder, "arrastran m¨¢s gente que las extranjeras, pero son poqu¨ªsimas las que logran esa conexi¨®n y superar la barrera de los 100 millones de recaudaci¨®n, cantidad que equivale al presupuesto medio que consume una pel¨ªcula espa?ola".

Para defenderse de esta situaci¨®n, que Recoder califica de extorsi¨®n, el portavoz de Fedicine afirma que se ven obligados a recurrir al sistema de lotes de pel¨ªculas y que consiste en vender

una lista cerrada de filmes, cuyo primer t¨ªtulo puede calificarse de serie A y que va acompa?ado de cuatro o cinco de escasa calidad, para cerrar con una o dos pel¨ªculas espa?olas que han sido adquiridas precisamente para poder lograr licencias de doblaje. "Como el mercado espa?ol no es libre, no nos queda otra salida y tenemos que actuar as¨ª. Frente al intervencionismo no tenemos m¨¢s salida que actuar de esta manera".

La federaci¨®n de exhibidores, que preside Jos¨¦ del Villar, ha denunciado recientemente en el Ministerio de Hacienda a la Federaci¨®n de Distribuidores Cinematogr¨¢ficos. Por su parte, Antonio Recoder asegura que esta denuncia es producto de los desacuerdos que permanentemente se producen sobre la forma de pago.

"Nosotros", asegura Antonio Recodar, "damos un plazo de 45 d¨ªas a partir de la exhibici¨®n de la pel¨ªcula y ellos tienden a dejar pasar dos meses. Como no tenemos d¨®nde recurrir, porque est¨¢ dernostrado que los tribunales entre Espa?a no son operativos, recurrimos a la ¨²nica arma que tenemos en nuestra mano: no les damos m¨¢s pel¨ªculas hasta que no han pagado, y eso no es extorsi¨®n ".