El tenista Arrese declara al juez que no pag¨® para eludir el servicio militar
El tenista Jordi Arrese declar¨® ayer ante el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barcelona que no hab¨ªa pagado dinero alguno para librarse de cumplir el servicio militar, seg¨²n inform¨® el propio deportista a la salida de la cita judicial. Arrese y otros 61 j¨®venes m¨¢s est¨¢n presuntamente implicados en un fraude para eludir el servicio militar, descubierto en el verano de 1984. Jordi Arrese, al igual que la may r¨ªa de los restantes j¨®venes, realiz¨® posteriormente la mili.El tenista no quiso precisar a este diario por qu¨¦ motivo se hab¨ªa librado en un principio del servicio militar y dijo desconocer si hubo actuaciones irregulares. Arrese a?adi¨® que ¨¦l "no hab¨ªa hecho nada ?legal" y afirm¨® que no conoc¨ªa al resto de los sospechosos, salvo a su hermano, V¨ªctor, que tambi¨¦n est¨¢ implicado en el asunto.
El tenista, ante la pregunta judicial de si no le caus¨® extra?eza el recibimiento de la cartilla militar en la que constaba que se libraba de la mili, afirm¨® haber pensado que el m¨¦dico militar era "un crack, porque yo", declar¨® Arrese, "estoy muy sano", seg¨²n fuentes de la defensa.
El hermano del tenista, V¨ªctor Arrese, fue el primero en ser citado ante el juzgado que instruye el caso. En su declaraci¨®n el pasado 5 de mayo, reconoci¨® que se libr¨® de la mili gracias al "favor de un amigo" con el que esquiaba, Miguel Abraham, a cambio de informar a otros j¨®venes en edad de prestar el servicio militar sobre el "favor" que le hab¨ªa hecho. El tenista dijo ayer desconocer al tal Abraham, presunto contacto entre los j¨®venes mozos y los medios castrenses.
Presunto cohecho
Una vez que todos los implicados hayan declarado ante el juez, ¨¦ste pasar¨¢ las diligencias ante el fiscal, quien decidir¨¢ si los acusa de alg¨²n delito. La fiscal¨ªa tiene la sospecha de que los j¨®venes pagaron entre 200.000 pesetas y un mill¨®n y medio a personas relacionadas con la vida castrense -sobre todo m¨¦dicos y mandos militares-, con el objetivo de lograr su exclusi¨®n de la mil?. El caso afecta a numerosos j¨®venes de la alta sociedad barcelonesa, como Pau Molins, hermano del conseller de Obras P¨²blicas de la Generalitat; Manuel Gar¨ª Eguilor, de una familia de financieros; o Xavier Camp, hijo del fabricante de detergentes.Cuando se descubri¨® el caso, en verano de 1984, la Justicia Militar se hizo cargo de las investigaciones. El juez estim¨® que s¨®lo hab¨ªan delinquido los militares que hab¨ªan aceptado los sobornos para librar los certificados falsos y los civiles que tuvieron un papel m¨¢s o menos activo en el presunto fraude. El juez proces¨® entonces a 25 personas, entre ellas un coronel de Infanter¨ªa retirado, un teniente m¨¦dico, un brigada y un doctor del Hospital Militar. Tras la reforma del c¨®digo penal castrense, el sumario pas¨® a la justicia civil. El c¨®digo penal civil, a diferencia del militar, establece que cometen delito de cohecho no s¨®lo quienes aceptan el dinero, sino tambi¨¦n quienes lo entregan.
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