La Europa de los capitales

En v¨ªsperas de la celebraci¨®n en Madrid del Consejo Europeo, el anuncio de tres medidas de orden comunitario -la integraci¨®n de la peseta en el Sistema Monetario Europeo (SME) antes de un a?o, la transformaci¨®n de la llamada Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales en una nueva declaraci¨®n solemne y la armonizaci¨®n a la baja de las retenciones en origen sobre las rentas del capital- no contribuye a alimentar el optimismo de quienes defendemos un concepto solidario de Europa. Alinear la peseta, en ese plazo, al marco alem¨¢n -moneda sobre la que se asienta el Sistema Monetario Europeo- y, en consecuencia, a los niveles de inflaci¨®n y de crecimiento de la econom¨ªa de la Rep¨²blica Federal de Alemania (RFA), en ausencia de toda garant¨ªa razonable de que antes del 1 de julio del a?o que viene vaya a producirse realmente la coordinaci¨®n de las pol¨ªticas econ¨®micas y presupuestarias a nivel comunitario, puede ser la expresi¨®n de un gran fervor europe¨ªsta y asegurar desde fuera una pol¨ªtica monetaria restrictiva al Banco de Espa?a, pero, al mismo tiempo, resultar nefasto para nuestro pa¨ªs en t¨¦rminos de empleo, de competitividad para nuestros productos y de sacrificios sociales.En cuanto a la reciente propuesta de directiva del Consejo de la CEE sobre un r¨¦gimen com¨²n en materia de retenciones en origen de las rentas del capital, significa algo tan claro y negativo como esto: los capitales pagar¨¢n menos, y los ciudadanos, m¨¢s. Al menos si se quiere mantener y mejorar el nivel de prestaciones sociales y servicios p¨²blicos. En otras palabras, si cuaja la propuesta comunitaria, ser¨¢n los trabajadores, a trav¨¦s de los impuestos indirectos y los directos sobre los salarios, quienes tendr¨¢n que cargar con la mayor parte del esfuerzo fiscal, en aras de la libre circulaci¨®n de capitales.

Sobre la tercera cuesti¨®n, la Carta Comunitaria, pretendo extenderme algo m¨¢s. El Gobierno espa?ol est¨¢ realizando todos los esfuerzos para que este tema figure en el orden del d¨ªa de la cumbre de Madrid los pr¨®ximos 26 y 27 de junio. Se pretende que de la misma salga una declaraci¨®n solemne sobre los derechos sociales fundamentales comunitarios. Para quien no est¨¦ al tanto del asunto, ello puede parecer un gran logro. Para los sindicatos europeos ser¨ªa la cristalizaci¨®n de una derrota.

?En qu¨¦ consiste el problema? En dilucidar si tiene que

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haber legislaci¨®n social europea. Para unos (trabajadores, cooperativistas, artesanos, etc¨¦tera) son imprescindibles normas que garanticen derechos fundamentales m¨ªnimos por debajo de los cuales no est¨¦ permitido adoptar leyes o firmar convenios colectivos a nivel nacional, o, dicho de otra manera, que la ley fije las reglas del juego en materia social para evitar competencias desleales, el dumping social, en detrimento del modelo social y cultural europeo.

Desde otra posici¨®n, muchos empresarios y algunos Gobiernos pretenden que no se establezcan directivas en este campo. Persiguen la desregulaci¨®n laboral en el mercado interior. Con normas econ¨®micas comunitarias y reglas sociales exclusivamente nacionales, el objetivo estar¨ªa servido: evitar el contrapeso sindical de una actividad econ¨®mica que ser¨¢ de ¨¢mbito europeo; condenar a los pa¨ªses m¨¢s atrasados a una competencia basada en el deterioro de las condiciones de trabajo; aprovecharse de ello en los pa¨ªses m¨¢s avanzados para reducir los niveles alcanzados.

Consecuentes con ello, los mismos que se oponen a una legislaci¨®n social y quieren una carta meramente declarativa y sin obligaciones son los que con mayor ah¨ªnco establecen en otras pol¨ªticas, como la agr¨ªcola, fiscal, monetaria o de competencia, normas jur¨ªdicas comunitarias extremadamente concretas, nunca declaraciones m¨¢s o menos ampulosas.

La llamada Carta Social no constituye ninguna legislaci¨®n comunitaria ni tiene valor jur¨ªdico. Es una proclamaci¨®n de intenciones. Los trabajadores llevan demasiados a?os esperando algo m¨¢s que palabras. Desde que en junio de 1985 el Consejo Europeo de Mil¨¢n aprob¨® el famoso Libro Blanco de lord Cokfield sobre el Mercado Interior, la Comisi¨®n ha elevado ya m¨¢s de 200 propuestas legislativas en materia econ¨®mica y financiera al Consejo de Ministros, pero no se han establecido contrapartidas sociales a las mismas.

En el ¨²ltimo a?o, las cumbres de Hannover y Rodas han emitido sendas declaraciones de intenci¨®n sobre la dimensi¨®n social europea, sin ninguna consecuencia pr¨¢ctica.

Mientras tanto, las fuerzas representativas europeas han expresado de forma inequ¨ªvoca su opini¨®n favorable a que se establezca un marco legislativo comunitario en materia de derechos sociales b¨¢sicos. El Comit¨¦ Econ¨®mico y Social aprob¨® en febrero de 1989 un dictamen favorable, con el respaldo del 80% de sus miembros y los significativos votos en contra de los empresarios brit¨¢nicos, espa?oles y portugueses. A su vez, en marzo, el Parlamento Europeo, por amplia mayor¨ªa, aprob¨® una resoluci¨®n, a¨²n m¨¢s exigente, sobre la materia.

Ni el Comit¨¦ Econ¨®mico y Social, ni el Parlamento Europeo, ni, desde luego, la Confederaci¨®n Europea de Sindicatos est¨¢n solicitando una declaraci¨®n solemne, sino todo lo contrario: normas sociales vinculantes.

No son necesarias m¨¢s cartas sociales europeas. Ya existe una del Consejo de Europa, firmada en octubre de 1961, cuya incidencia pr¨¢ctica es simb¨®lica. Lo que se requiere, por el contrario, de la pr¨®xima cumbre de Madrid es un mandato imperativo a la Comisi¨®n para la elaboraci¨®n de normas conforme al ordenamiento jur¨ªdico comunitario.

El manido recurso a la llegada del lobo, encarnado por la se?ora Thatcher, no puede transformar, como si de un cuento de hadas se tratara, lo que ser¨ªa un brindis al sol, es decir, una declaraci¨®n solemne sin vinculaci¨®n jur¨ªdica ni fuerza de obligar, en un ¨¦xito pol¨ªtico para los trabajadores y trabajadoras.

Que durante la presidencia espa?ola se haga una gran declaraci¨®n de los derechos sociales europeos puede resultar, en pleno bicentenario de la Revoluci¨®n Francesa, un espect¨¢culo est¨¦tico y hasta patriotero; pero es de temer que ello no signifique un avance real, sino m¨¢s bien el alibi al que se acojan en el futuro los sectores m¨¢s reacios para dilatar nuevamente el establecimiento efectivo de tales derechos.

El problema se plantea en t¨¦rminos de voluntad pol¨ªtica y no de mensajes ret¨®ricos. La cuesti¨®n consiste en saber qu¨¦ prioridad otorgan los Gobiernos, entre ellos el nuestro, al espacio social. La resistencia del Gobierno brit¨¢nico y de otros no ha sido exclusiva de esta materia: ha existido tambi¨¦n en otros temas comunitarios, como la pol¨ªtica agr¨ªcola o la reforma de los fondos estructurales. En ellos, sin embargo, ha habido la voluntad pol¨ªtica necesaria para llegar al borde de la crisis en la Comunidad, hasta que se ha encontrado un arreglo aceptable. La diferencia, preocupante diferencia, es que la cuesti¨®n social se quiere solventar con una mera declaraci¨®n, que s¨®lo ser¨¢ papel mojado, por muy solemne que sea.

Durante la reciente campa?a electoral se ha contrapuesto el modelo europeo que pretende la izquierda al de los conservadores. La constituci¨®n del pr¨®ximo Parlamento Europeo va a permitir contrastar la veracidad de tal antagonismo: los europarlamentarios tendr¨¢n en sus manos la oportunidad de dejar que las cosas sigan como est¨¢n, es decir, que contin¨²e ahond¨¢ndose el foso entre la integraci¨®n econ¨®mica y la social, o bien de oponerse y bloquear la realizaci¨®n del mercado interior hasta que se tome una decisi¨®n sobre la legislaci¨®n social.

No hace falta ser ning¨²n radical para constatar que, en lo que llevamos recorrido, la Europa que se est¨¢ constituyendo no es la de los trabajadores y los ciudadanos, sino la de los capitales.

A escala comunitaria no existen espacios de interlocuci¨®n en los que los trabajadores puedan contrarrestar la l¨®gica del mercado. As¨ª como en cada pa¨ªs hay ¨¢mbitos desde donde los trabajadores pueden defender sus derechos -leyes, convenios colectivos, influencia en las opciones pol¨ªticas a trav¨¦s de los procesos electorales-, en la Europa que se integra, en cambio, no hay leyes sociales comunitarias que hacer cumplir, ni convenios europeos que negociar o recurrir, ni el Parlamento Europeo es todav¨ªa un ¨®rgano legislativo.

La integraci¨®n econ¨®mica avanza a toda m¨¢quina, sin esperar que llegue el 1 de enero de 1993. Pero en esta Europa de los capitales existe un notorio d¨¦ficit de control pol¨ªtico dernocr¨¢tico y ning¨²n contrapeso social. En estas circunstancias no parece suficiente la pol¨ªtica de declaraciones, al margen de que, finalmente, sea en la presidencia espa?ola o en la francesa donde se aborde la Carta Social. Es leg¨ªtimo exigir, al menos, la misma convicci¨®n, beligerancia y hasta tozudez en la defensa de la pol¨ªtica social que la utilizada por la dama de hierro para negarla.