El Estado y la distribuci¨®n

Adem¨¢s, a la hora de interpretar la significaci¨®n de cualquier indicador de distribuci¨®n del producto interior bruto (PIB), hay que tener en cuenta la acci¨®n del Estado, ya que en una sociedad moderna hace tiempo que los bienes y servicios de consumo individual dejaron de constituir la forma casi exclusiva de participaci¨®n en la riqueza y el bienestar del pa¨ªs; antes al contrario, los bienes y servicios p¨²blicos son elementos de importancia creciente en el nivel y la calidad de vida de la poblaci¨®n.La desconfianza hacia el Estado, debida a la larga duraci¨®n de la etapa autoritaria anterior a la Constituci¨®n de 1978, explica en parte la renuencia a considerar los bienes de uso p¨²blico como parte -no divisible pero fundamental- del bienestar, con la peculiaridad adem¨¢s de que su disfrute suele resultar m¨¢s igualitario y menos discriminatorio que el de los bienes y servicios divisibles, lo que los convierte en un veh¨ªculo de solidaridad. Bien es verdad que ello implica un sacrificio de renuncia y de aportaci¨®n financiera por parte de aquellos mejor situados en el n¨²cleo de la actividad productiva, ya como empresarios, ya como asalariados.

?sta es quiz¨¢ una de las principales razones que explican el que en pa¨ªses en los que el Estado del bienestar y la expansi¨®n de los servicios p¨²blicos incurren en retrasos, la principal forma de participaci¨®n sea la salarial, mientras que en los pa¨ªses m¨¢s avanzados se llega a un equilibrio que otorga mayor peso a la distribuci¨®n indirecta, a trav¨¦s del sector p¨²blico, que a la distribuci¨®n directa, que prima la v¨ªa individual de consecuci¨®n del bienestar. Esto comporta adem¨¢s la ventaja adicional de que la acci¨®n p¨²blica es m¨¢s propensa a la creaci¨®n de empleo.

El avance de los gastos p¨²blicos totales en Espa?a ha duplicado en 15 a?os al registrado en los pa¨ªses que formaban parte de la CE con anterioridad a nuestro ingreso (se excluye Grecia por falta de datos), como se ve en el cuadro 4. La comparaci¨®n refleja el paso de un diferencial de 17 puntos del PIB en 1970 a otro de siete puntos en 1985, a?o en que, frente a un gasto p¨²blico equivalente al 50%. del PIB en los nueve, Espa?a alcanz¨® el 42,6%.

Naturalmente que el crecimiento de 20 puntos que se, produce en el peso del gasto p¨²blico espa?ol durante esos 15 a?os tiene mucho mayor impacto redistributivo que la variaci¨®n en la participaci¨®n salarial.

Con toda probabilidad, ¨¦sta es la explicaci¨®n de la diferencia de pautas de Comportamiento en la distribuci¨®n que se observaba en el gr¨¢fico de ayer. La aproximaci¨®n de Espa?a a la pauta de los pa¨ªses m¨¢s desarrollados se ha realizado a trav¨¦s del doble movimiento que se reflejaba all¨ª y de esta aproximaci¨®n en los niveles de gasto p¨²blico.

La financiaci¨®¨ªn de estos gastos, en la medida en que se realiza a trav¨¦s de la presi¨®n fiscal de las administraciones centrales, se recoge en el cuadro 5, que incluye una proyecci¨®n hasta el a?o de 1992.

Muy probablemente, la evoluci¨®n de la participaci¨®n de los trabajadores asalariados con empleo en la riqueza nacional no es tributaria principalmente de la acci¨®n del Estado,sobre todo en tiempos de expansi¨®n econ¨®mica. Para lo que es necesaria esta acci¨®n es: a) para lograr que el mayor n¨²mero de personas puedan acceder al empleo, propiciando una distribuci¨®n ¨®ptima de la riqueza destinada a esa funci¨®n; b) para garantizar a largo p lazo el mantenimiento de altos niveles de empleo; c) para canalizar hacia las personas inactivas o temporalmente excluidas del mercado de trabajo prestaciones y recursos adecuados, y d) para proporcionar bienes y servicios suficientes.

Sin embargo, el nivel de bienes y servicios p¨²blicos que podemos financiar en Espa?a -incluso aunque tuvi¨¦ramos actualmente el mismo gasto p¨²blico relativo- es inferior al de la media de aquellos nueve pa¨ªses de la CE, porque nuestro propio producto por habitante equival¨ªa en 1985 a las dos terceras partes del suyo, con paridad de poder adquisitivo.

Por tanto, a la acci¨®n en favor de la equidad que se persigue con la mejor distribuci¨®n hay que a?adirle una actuaci¨®n de la colectividad y de los poderes p¨²blicos que logren el mayor crecimiento posible del empleo, porque la situaci¨®n actual es un aut¨¦ntico derroche de recursos humanos, que mantiene muy bajo todav¨ªa el nivel de bienestar que proporciona nuestra econom¨ªa frente al potencial disponible. ?se es precisamente el objetivo de la acci¨®n del Estado sobre la econom¨ªa: adecuar los fines de la acci¨®n privada al inter¨¦s general.