Los inspectores rechazan la colaboraci¨®n de la polic¨ªa en la lucha contra el fraude fiscal

Los inspectores de Hacienda realizar¨¢n asambleas el pr¨®ximo 22 de enero en los centros de trabajo para decidir si se adoptan medidas de presi¨®n en demanda de una mejor organizaci¨®n del trabajo, mayores retribuciones y de instrucciones por escrito sobre la aplicaci¨®n de la ley de renta y patrimonio. En una carta dirigida por la asociaci¨®n que agrupa a los inspectores fiscales (Apife) a sus afiliados se critica la actuaci¨®n de la polic¨ªa en la investigaci¨®n del fraude fiscal por falta de una normativa que la regule.

La extensa carta, firmada por la junta directiva de Apife -que preside Pilar Valiente- y dirigida a los 1.250 inspectores financieros y tributarios del Ministerio de Hacienda, est¨¢ escrita en un tono de hasta aqu¨ª hemos llegado. En ella se relatan las diferentes gestiones realizadas en los ¨²ltimos meses y la ¨²ltima entrevista celebrada con el secretario de Estado de Hacienda, Jos¨¦ Borrell, con un balance negativo.La relaci¨®n de agravios es la siguiente: "ineficacia en la organizaci¨®n actual; penuria de nuestras retribuciones, ausencia de instrucciones por escrito para una uniforme y correcta aplicaci¨®n de la Ley 20/1989 de adaptaci¨®n de la sentencia del Tribunal Constitucional; y la presencia con car¨¢cter permanente de miembros de la polic¨ªa en las dependencias de la Inspecci¨®n".

Sobre la organizaci¨®n del trabajo, los inspectores reclaman el abandono de la actual asignaci¨®n territorial y la puesta en marcha de una estructura sectorial que permita la especializaci¨®n. Otro problema que, a juicio de Apife, "no se puede retrasar por m¨¢s tiempo", es un aumento en las retribuciones, aspecto sobre el que "las autoridades deber¨ªan elucubrar menos y observar con m¨¢s detenimiento la realidad". La realidad a que se refiere la asociaci¨®n es la de los sueldos en el sector privado.

Se insiste, adem¨¢s, en la ausencia de instrucciones por escrito sobre c¨®mo aplicar la ley de renta y patrimonio, en especial, sobre su r¨¦gimen transitorio, es decir, sobre aquellos expedientes o actas pendientes de resoluci¨®n firme en el momento de emitirse la sentencia del Constitucional (el pasado 20 de febrero). En una carta anterior dirigida a Jos¨¦ Borrell, Apife acus¨® de irresponsabilidad a las autoridades tributarias y de inducir a los inspectores a actuar sin cobertura legal suficiente.

S¨®lo de palabra

En la carta de Apife dirigida a sus asociados, se se?ala que sobre este asunto se han transmitido s¨®lo instrucciones de palabra, lo que ha hecho nacer "una nueva fuente de derecho tributario: la instrucci¨®n verbal del superior jer¨¢rquico". Ello crea, seg¨²n fuentes de la asociaci¨®n, un clima de inseguridad jur¨ªdica entre los contribuyentes, en el que los inspectores dif¨ªcilmente pueden desarrollar un trabajo digno.La presencia permanente de miembros de la polic¨ªa en las dependencias de la inspecci¨®n es otro de los motivos de malestar entre este colectivo. Los ministerios de Interior y Hacienda acordaron a finales del pasado a?o la colaboraci¨®n de la polic¨ªa con la inspecci¨®n fiscal en el descubrimiento del fraude en p¨®lizas de seguro de prima ¨²nica, ante la sospecha de que detr¨¢s de este producto pod¨ªa esconderse dinero procedente del tr¨¢fico de drogas y de armamento.

Sin embargo, esta colaboraci¨®n no ha sido bien recibida por los inspectores fiscales. En la carta de Apife se se?ala que la presencia policial "supone un aterrizaje por la v¨ªa de hecho, sin que se regule previamente, a trav¨¦s de una norma de rango legal, en qu¨¦ condiciones pueden los miembros de la polic¨ªa intervenir en procedimientos tributarios".

Ante la falta de soluci¨®n a todos estos asuntos, Apife ha convocado reuniones de inspectores en todas las delegaciones de Hacienda para el pr¨®ximo 22 de enero. En ellas, se estudiar¨¢ la propuesta de iniciar, a partir del 1 de febrero pr¨®ximo, medidas de presi¨®n. Desde principios de a?o, otro colectivo de Hacienda, los subinspectores fiscales, llevan a cabo una huelga de celo o trabajo a reglamento, en demanda de mejoras salariales y en las condiciones de trabajo.