Crimen sin castigo en El Salvador

Nada se habr¨ªa avanzado sin la presi¨®n norteamericana en la investigaci¨®n de la matanza de seis jesuitas (cinco de ellos espa?oles) y dos empleadas de la Universidad Centroamer¨ªcana Jos¨¦ Sime¨®n Ca?as, de San Salvador (UCA), perpetrada el pasado 16 de noviembre, en plena ofensiva de la guerrilla izquierdista. Las amenazas del Congreso estadounidense llevaron al procesamiento de nueve mi itares salvadore?os. Pese a todo, y tras la denunciada desaparici¨®n de pruebas claves, nadie cree que los aut¨¦nticos responsables sean encarcelados.

La matanza tuvo en Estados Unidos una repercusi¨®n m¨¢s honda a¨²n que en Espa?a, y sus legisladores amenazaron con reducir la ayuda militar a El Salvador si no se hac¨ªa luz en el caso. Despu¨¦s, un coronel, dos tenientes, un subteniente, dos subsargentos, un cabo y dos soldados, fueron sentados en el banquillo de los acusados. De hecho, los jesuitas que trabajan en El Salvador tienen todo un memorial de agravios contra lo que consideran como "actitud pasiva" del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez. Francisco Estrada, el religioso que sustituy¨® al vasco Ignacio Ellacur¨ªa como rector de la UCA, la califica de lamentable".En su opini¨®n, la actuaci¨®n de la embajada fue m¨¢s que discutible en cuanto a la acogida a la ¨²nica testigo del asesinato, la empleada salvadore?a Luc¨ªa Barrera de Serna, y en cuanto a la posterior petici¨®n de refugio de un jesuita cuya vida estaba en peligro y que, afirma, se avergonz¨® de ser espa?ol. "La obsesi¨®n del embajador", a?ade, "era evacuar a los espa?oles que lo desearan, e incluso me manifest¨® su preocupaci¨®n por las cr¨ªticas recibidas de algunos miembros de la colonia por defender a unos curas rojos dejando mal a Espa?a".

Tanto el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, como otros miembros de la delegaci¨®n que le acompa?¨®, a finales de abril, al relevo presidencial en Nicaragua, rechazan en¨¦rgicamente estas acusaciones. Y recuerdan las diferentes misiones enviadas al pa¨ªs centroamericano para exigir que se llegara al fondo en la investigaci¨®n y castigo de los culpables, as¨ª como la colaboraci¨®n de polic¨ªas espa?oles en la investigaci¨®n, junto a agentes de Scotland Yard y de EE UU. S¨®lo estos ¨²ltimos siguen en El Salvador.

El ministro se entrevist¨® en Managua con el presidente salvadore?o, Alfredo Cristiani, y le hizo ver que la soluci¨®n satisfactoria del caso es considerada por Espa?a como una prueba de la credibilidad democr¨¢tica de su Gobierno. La pol¨¦mica est¨¢ servida, y se centra en si Espa?a debe o no presionar, tal vez a trav¨¦s de la Comunidad Europea, con instrumentos m¨¢s efectivos que las simples protestas diplom¨¢ticas. Estados Unidos lo ha hecho al condicionar su ayuda militar, al respeto de los derechos humanos y a la soluci¨®n del caso.

Complicidad castrense

Sin embargo, los duros del Ej¨¦rcito salvadore?o se preparan para resistir todas las presiones, y no est¨¢n dispuestos a que ninguno de sus m¨¢ximos jefes termine en la c¨¢rcel. La opini¨®n m¨¢s generalizada es que antes dar¨ªan un golpe de Estado.La Administraci¨®n de George Bush tira y afloja, y es la oposici¨®n la que est¨¢ llegando m¨¢s lejos. Un grupo de congresistas dem¨®cratas, dirigido por John Joseph Moakley, hizo p¨²blico hace unos d¨ªas un informe, resultado de cuatro meses de investigaci¨®n, en el que asegura que el caso est¨¢ bloqueado y que ni siquiera el coronel Guillermo Benavides, el ¨²nico alto responsable militar procesado, es probable que llegue a ser enjuiciado. Las pruebas desaparecidas eran fundamentales en la acusaci¨®n contra ¨¦l. Los republicanos sacaron su propio texto, en el que sostienen que el Gobierno efect¨²a la investigaci¨®n "de forma competente y eficiente" y que no se han encontrado pruebas de la existencia de otras responsabilidades m¨¢s all¨¢ de las que inculparon a los detenidos.

El informe Moakley, el ¨²nico al que se da cr¨¦dito, estima que los escasos avances se han debido a la presi¨®n estadounidense y que da la impresi¨®n de que las fuerzas armadas, como instituci¨®n, jugaron un papel en la matanza, lo que le lleva a pedir que se introduzcan reformas en el ej¨¦rcito y que se a¨ªsle el juicio de las presiones militares. Se se?ala que el crimen se cometi¨® tras regresar el coronel Benavides, director de la Escuela Militar, de una reuni¨®n con el alto mando.

Un grupo clandestino de oficiales j¨®venes y un coronel retirado, Sigfredo Ochoa, insisten en que Benavides no actu¨® solo, sino "atendiendo ¨®rdenes superiores". Ochoa hizo montar en c¨®lera a sus antiguos compa?eros de armas cuando apareci¨® en un programa monogr¨¢fico de la CBS y declar¨® a esta cadena de televisi¨®n estadounidense: "Creo que todo fue planeado con anticipaci¨®n con ayuda de otros coroneles". Seg¨²n este militar un grupo de altos oficiales se reuni¨® en el Estado Mayor para planear la eliminaci¨®n f¨ªsica de la izquierda, y a los jesuitas se les acus¨® en d¨ªas anteriores de colaboraci¨®n con la guerrilla. La ofensiva de noviembre pasado del Frente Farabundo Mart¨ª para la Liberaci¨®n Nacional (FMLN), la m¨¢s fuerte de los 10 a?os de guerra, que dej¨® un saldo de m¨¢s de 1.000 muertos, facilit¨® el caldo de cultivo.

Sin inter¨¦s oficial

Una misi¨®n de religiosos, pol¨ªticos y dirigentes de organismos humanitarios europeos, que trabaj¨® durante el mes de abril en El Salvador, lleg¨® a la conclusi¨®n de que "no hay ning¨²n inter¨¦s global del Gobierno para investigar el crimen" y que las presiones internacionales s¨®lo han logrado que el caso se desarrolle de manera muy tibia". La reciente historia justifica el pesimismo. Ning¨²n responsable de asesinatos pol¨ªticos ha terminado entre rejas. Ah¨ª siguen impunes las muertes del arzobispo Romero y de cuatro monjas norteamericanas en 1980. La matanza de los jesuitas probablemente no sea una excepci¨®n.