Pactar sin violencia

LA INSTALACI?N de vertederos para residuos industriales, habitualmente en comarcas agr¨ªcolas, es uno de los elementos m¨¢s espectaculares de la contradicci¨®n entre las necesidades de crecimiento econ¨®mico y la obligada defensa del entorno natural. En escasos d¨ªas, la vieja oposici¨®n entre ciudad y campo se ha expresado con peculiar virulencia, principalmente en Catalu?a, donde la expansi¨®n de la ciudad adquiere desde las comarcas agr¨ªcolas especiales tonos de agresi¨®n: nuevas autopistas, proyectos hidrol¨®gicos o pol¨ªtica agraria comunitaria han llevado a los agricultores a enfrentarse, en ocasiones violentamente, con las fuerzas del orden, y a la ocupaci¨®n, en los fines de semana, de las autopistas.En la cuesti¨®n de los vertederos, quiz¨¢ como en todos los otros casos, la existencia de una fuerte oposici¨®n no debe ocultar el hecho de que los actuales planes son fruto de la pereza oficial, tan proclive a decisiones tard¨ªas. Aparentemente, todo el mundo est¨¢ de acuerdo en que de los m¨¢s de dos millones de toneladas de residuos t¨®xicos que se generan anualmente en Espa?a, seg¨²n estimaciones oficiales, una buena parte escapa al m¨¢s m¨ªnimo control. La cifra es probablemente inferior a la real si se tiene en cuenta que s¨®lo un 60% de las industrias declaran qu¨¦ tipo y qu¨¦ Cantidad de residuos producen. El reciente anuncio del ministro de Obras P¨²blicas y Urbanismo de una mayor severidad en las sanciones a aquellas empresas que vulneren la Ley de Residuos T¨®xicos y Peligrosos era, desde hace demasiado tiempo, un paso necesario. La Administraci¨®n s¨®lo estar¨¢ legitimada para imponer un vertedero a una poblaci¨®n si demuestra que no existe la m¨ªnima tolerancia con los productores de estos residuos. Pero el problema no se resuelve ¨²nicamente con medidas administrativas. Hasta ahora, ha habido empresas que por motivos de rentabilidad han preferido pagar multas que instalar los mecanismos para controlar la contaminaci¨®n que ellas mismas generan. La apertura de procesos por delitos ecol¨®gicos abre una v¨ªa de castigo penal importante para aquellos que cargan ¨ªntegramente a la sociedad el coste de deshacerse, o padecer, sus escombros industriales.

El incremento de estas medidas punitivas se produce en un momento de conflictos en Catalu?a y en Navarra con proyectos de asentamientos de vertederos. En el caso del plan elaborado por la Generalitat de Catalu?a, los vecinos de las comarcas en las que el Gobierno catal¨¢n propone instalar los vertederos han declarado la guerra al plan con el argumento de que deber¨ªan colocarse en las proximidades de los centros de producci¨®n de residuos. La raz¨®n que podr¨ªa asistir a esta queja no es tanto el comprensible lamento por esta fatal loter¨ªa -en las poblaciones donde se instala un vertedero baja el turismo residencial, si lo hay-, sino que los argumentos t¨¦cnicos de la elecci¨®n no fueran eso, t¨¦cnicos, o resultaran insolventes. Si se llegara a la conclusi¨®n de que la elecci¨®n es impecable, s¨®lo les quedar¨ªa la razonable protesta basada en que la Generalitat pr¨¢cticamente se haya acordado de que existen para ponerles el vertedero y no a la hora de mejorar los servicios ciudadanos.

Con todo, a la comprensible oposici¨®n popular no se puede responder con la simple represi¨®n policial. En este sentido, es desproporcionado el violento trato dispensado por las fuerzas de orden p¨²blico a los vecinos del valle navarro de Aranguren, que tratan de impedir la construcci¨®n de un vertedero. Si se pretende hacer comprender a la poblaci¨®n la necesidad de unas instalaciones que son vistas como peligrosas, la pedagog¨ªa del porrazo no es la f¨®rmula m¨¢s adecuada. Y ah¨ª se produce otro problema, porque esta pedagog¨ªa es difficil para los partidos. En la sociedad espa?ola est¨¢ viva una serie de conflictos que apenas tienen abrigo pol¨ªtico. Los socialistas, por ejemplo, deben calcular hasta d¨®nde pueden disfrutar el desgaste convergente en el asunto de los vertederos catalanes, porque son los socialistas los que apoyan la instalaci¨®n de Aranguren. Y quienes no tienen tantos compromisos institucionales no pueden predicar contra un vertedero sin asumir que hay que ponerlo en otro sitio. Porque ponerlos, hay que ponerlos. Lo dif¨ªcil es decidir con car¨¢cter estrictamente t¨¦cnico d¨®nde. Y compensar adecuadamente a las poblaciones afectadas. Y pactar as¨ª, con esos ciudadanos, sin desprecios ni violencias.