Peces para ense?ar a pescar

, "Hay que ense?ar a pescar y no dar el pez", dijo Matilde Fern¨¢ndez, ministra de Asuntos Sociales. Se refer¨ªa, hace un a?o, a la implantaci¨®n de un salario social -conocido tambi¨¦n como ingreso m¨ªnimo de integraci¨®n- en el Pa¨ªs Vasco. La ayuda -30.000 pesetas o m¨¢s-, inscrita dentro de un Plan de la Pobreza, se destinaba a n¨²cleos familiares indigentes, a cambio de un compromiso de inserci¨®n social. Seg¨²n la ministra, este ingreso consolida la marginaci¨®n. Un a?o despu¨¦s, Asuntos Sociales sigue en sus trece, aunque el panorama ha cambiado sensiblemente.

Cuando concluya 1990, los ciudadanos m¨¢s desfavorecidos de 10 comunidades -donde habitan 77 de cada 100 espa?oles- tendr¨¢n derecho a una renta de unas 30.000 pesetas, si los plazos se cumplen. En ellas hay gobiernos de todo signo, desde socialistas (Madrid, Andaluc¨ªa) hasta nacionalistas (Catalu?a) y conservadores (Cantabria), urgidos por su oposici¨®n y los sindicatos mayoritarios. En el resto de Espa?a hay acuerdos m¨¢s o menos desarrollados y declaraciones para poner en pr¨¢ctica tal medida. S¨®lo Baleares se resiste. El reto que los implicados se?alan es si podr¨¢n implantarse los mecanismos para que, aparte de recibir peces, los indigentes puedan aprender a pescar.Tan cerca como la semana pasada, el consejero de Trabajo de la Xunta de Galicia, Manuel P¨¦rez, se mostr¨® favorable, ante las peticiones de los sindicatos, al salario social para Galicia, seg¨²n informa Xos¨¦ Hermida. Ser¨ªa la pen¨²ltima comunidad en pronunciarse sobre esta medida, una de las cinco que preveen implantar esta renta m¨¢s all¨¢ de 1990. Adem¨¢s de Galicia, Castilla-La Mancha, Arag¨®n, Murcia y Asturias han acordado trabajar sobre ello. S¨®lo restar¨ªa Baleares, una comunidad donde el rico municipio de Calvia dispone de salario social, pero cuyo Gobierno ha rechazado la propuesta de la oposici¨®n sobre la renta de integraci¨®n, informa Andreu Manresa. El salario social tiene ¨¢mbito europeo y de ¨¦l disfrutan ciudadanos de ocho pa¨ªses de la Comunidad Europea. Portugal, Italia y Grecia son las naciones que no cuentan con la ayuda.

Dos millones de indigentes

"Evidentemente, hay que enseflar a pescar, pero mientras tanto hay que proporcionar peces", replica el diputado foral de Guip¨²zcoa Javier Garayalde, tras un a?o de experiencia vasca. La Uni¨®n General de Trabajadores estima en m¨¢s de cuatro millones los afectados de pobreza severa en Espa?a y un estudio encargado por la Comunidad Europea, basado en los diagn¨®sticos de pobreza de las diferentes comunidades, se?alaba una cifra de dos millones de indigentes reales.

"El salario social ha sido un gran elemento paliativo de la pobreza", dice Garayalde, de Euskadiko Ezkerra (EE), responsable del Plan de la Pobreza Vasco en Guip¨²zcoa, implantado en marzo de 1989. A un a?o vista, las deficiencias estriban en que "ha habido falta de informaci¨®n, el plan no llega a todos los posibles beneficiarios. Todav¨ªa se est¨¢ incorporando gente". La difusi¨®n fue mayor en las zonas con una red de servicios sociales m¨¢s completa.

Quedaron fuera, por no cumplir los requisitos, las familias encabezadas por una mujer separada, lo que se corrigi¨® en la ley aprobada recientemente por el Parlamento vasco, recuerda Garayalde. En un a?o 35.000 personas se han beneficiado del plan, bien en forma de salario social o con ayudas de emergencia. Once de cada 100 beneficiarios renunci¨® al salario por haber salido de la marginaci¨®n. El porcentaje de cumplimiento sobre los 5.500 millones presupuestados fue del 55%. Se han previsto 6.050 millones para el segundo a?o.

No se cumpli¨®, "por no existir un plan organizado en todos los sitios", dice Garayalde, los cursos y tareas de reinserci¨®n que deben seguir los beneficiarios. Este hecho, el que los servicios sociales puedan afrontar la integraci¨®n de los indigentes, es cuestionado por Victor Renes, responsable de Estudios de C¨¢ritas, entidad que destin¨® 8.476 millones de pesetas a intervenciones sociales en 1989. Incidir sobre la inserci¨®n "es muy complejo, ya que es intervenir sobre la pol¨ªtica de vivienda, el empleo y los servicios sociales". "Se corre el riesgo de que la renta m¨ªnima sea un pol¨ªtica de imagen de los Gobiernos aut¨®nomos. La parte dificil es la de inserci¨®n", apostilla Eduardo Rojo, catedr¨¢tico de Derecho de Trabajo de la Universidad de Barcelona y estudioso del tema.

Red de servicios sociales

"La universalizaci¨®n de los servicios sociales es bastante m¨¢s costosa de lo que supondr¨ªa la implantaci¨®n de un salario circunscrito a un n¨²mero limitado de ciudadanos", afirma un portavoz de Asuntos Sociales, defendiendo la red de servicios sociales -albergues y centros de servicios sociales-, concertadas con todas las comunidades aut¨®nomas -salvo el Pa¨ªs Vasco-. Con esta red financiada a partes iguales por el Gobierno central, los Ejecutivos auton¨®micos y los Ayuntamientos, se atendi¨® en 1989 a 45.000 personas, con 10.348 millones de cr¨¦dito. Estas administraciones firmar¨¢n a finales de mes de junio un mapa de servicios sociales a desarrollar en cinco a?os y que consumir¨¢ unos 90.000 millones de pesetas.

Fuentes socialistas se?alan, por otra parte, que la ministra de Asuntos Sociales se ha empe?ado en mantener la postura inicial de hace un a?o. "En Madrid se utilizar¨¢ la misma red de servicios sociales para implantar el salario social", se?ala Elena V¨¢zquez, tambi¨¦n socialista, el alter ego de Matilde Fern¨¢ndez en Madrid, comprometida ante UGT y CC OO a que m¨¢s de 20.000 familias madrile?as se sostengan as¨ª antes de fin de a?o. La consejera se?ala as¨ª la idea de la complementariedad de todas las medidas y recalca, contestando a la ministra, "conviene ir almorzado a pescar". "No hay tensiones en el PSOE por esta causa", afirma Elena V¨¢zquez, justificando la discrepancia Gobierno cantral-Gobiernos regionales, que han adoptado la medida urgidos por UGT y CC OO y la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP), adem¨¢s de por las oposiciones pol¨ªticas.

Algo parecido ocurre en el PP. Parad¨®jicamente hermanado con Matilde Fern¨¢ndez en la afirmaci¨®n "creemos que el salario social margina m¨¢s que soluciona" est¨¢ el Partido Popular,