Refugiados de ida y vuelta

En marzo de 1984, el Congreso de los Diputados aprob¨® la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Condici¨®n de Refugiado. En opini¨®n de algunos expertos, se trata de una de las legislaciones m¨¢s abiertas de Europa. Donde llega la ley, sin embargo, no siempre alcanzan las actuaciones administrativas. La pasividad y algunas irregularidades acaban por convertir las expectativas de muchos solicitantes de refugio en un calvario de incertidumbres.

Asghar Saif, iran¨ª; Miguel Ram¨®n Aguiar, cubano; Carlos Pasialo y Ferm¨ªn Molungua, ecuatogu¨ªneanos. Hab¨ªan solicitado refugio en Espa?a, pero terminaron su viaje all¨ª donde hab¨ªa comenzado: en las mismas puertas del pa¨ªs de donde hab¨ªan huido y en las mismas manos que hab¨ªan provocado su marcha.La ley espa?ola sobre asilo y refugio establece, sin embargo, que ninguna persona a quien se haya denegado la solicitud de asilo o refugio podr¨¢ ser expulsa da a un pa¨ªs (el de origen o un tercero) donde "pueda tener fundados motivos para temer persecuci¨®n o castigo" por razones pol¨ªticas, religiosas, raciales o ¨¦tnicas (art¨ªculo 17.2). Otro iran¨ª Syed Modjtaba Shattah, prefiri¨® una escapatoria. m¨¢s certera a las represalias del r¨¦gimen de Teher¨¢n. El 27 de septiembre de 1989, cuando la polic¨ªa le acompa?aba a que recogiera sus pertenencias antes de la salida hacia Ir¨¢n, Syed salt¨® al vac¨ªo desde el octavo piso de su vivienda madrile?a.

En buena parte de estos casos las organizaciones de ayuda a los refugiados intentaron por todos los medios paralizar las expulsiones. En otras ocasiones ha habido m¨¢s suerte. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el Defensor del Pueblo lograron evitar el pasado a?o, a pie de avi¨®n, la devoluci¨®n a Ir¨¢n de Habib Behzadi, que llevaba cinco a?os viviendo y estudiando en Espa?a.

"No puede decirse que el art¨ªculo 17.2 de la ley se vulnere a menudo, sobre todo desde que empezamos a intervenir nosotros", explica Juan Jos¨¦ Rodr¨ªguez Ugarte, secretario general adjunto de la CEAR. "Pero a principios de junio tuvimos que intervenir porque el delegado del Gobierno - en Las Palmas devolv¨ªa a Teher¨¢n a un iran¨ª que hab¨ªa sido solicitante de asilo. Adujo que no conoc¨ªa tal circunstancia. Eso da una idea de c¨®mo funcionan las cosas".

Eludir la responsabilidad

Un portavoz del Ministerio del Interior aduce que las posibles irregularidades en las expulsiones dependen, en ¨²ltima,instancia, de las delegaciones del Gobierno o de los Gobiernos Civiles (que son las instituciones que dictan las ¨®rdenes de expulsi¨®n previa resoluci¨®n judicial), y el ministerio como tal no puede responder por ellas. Sobre estas afirmaciones, ?scar Lop¨¦z, coordinador del departamento de asuntos raciales y xenofobia de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos, opina que es una manera "de escudarse ante la opini¨®n p¨²blica". "El Gobierno, simplemente, no est¨¢ dispuesto a asumir la responsabilidad de ninguna expulsi¨®n, sean refugiados o no. Diluyen la culpa entre gobernadores civiles y delegaciones de Gobierno, que dependen, al fin y al cabo, de Interior".Las organizaciones de apoyo coinciden en se?alar la indefensi¨®n en la que se encuentra un extranjero a quien se le abre un expediente de expulsi¨®n. "Tienen derecho a, presentar alegaciones en el plazo de 48 horas, pero normalmente no lo hacen porque la mayor parte de ellos entiende muy mal el espa?ol, est¨¢n mal informados de sus derechos y ni siquiera cuentan con int¨¦rpretes", comenta Rodr¨ªguez Ugarte.

Esta situaci¨®n de indefensi¨®n se reproduc¨ªa hasta hace poco en la entrada al pa¨ªs, segundo momento en el que se incumple en ocasiones la legislaci¨®n sobre el asilo, seg¨²n las organizaciones humanitarias. La ley establece, en su art¨ªculo 4.2, que "la petici¨®n de asilo hecha en cualquier frontera supondr¨¢ la admisi¨®n provisional del extranjero, sin perjuicio de lo que pueda acordarse por el Gobierno".

Estas asociaciones de apoyo se quejan, sin embargo, de la discrecionalidad que hay en los puestos fronterizos, donde, aseguran, se producen muchos casos - de devoluciones de extranjeros indocumentados que desean pedir asilo o refugio. Las acusaciones se dirigen especialmente al aeropuerto de Barajas, en el que se rechaz¨® al 85%. de los extranjeros no admitidos en Espa?a el a?o pasado. Hasta hace poco, los 22.000 metros cuadra dos de la zona de tr¨¢nsito del aeropuerto madrile?o se consideraban como zona internacional, inaccesible a letrados o a miembros de las organizaciones de ayuda, hasta que la Audiencia Nacional, a instancias del Defensor del Pueblo, admiti¨® el habeas corpus (derecho del detenido a comparecer ante el juez), lo que posibilit¨® la entrada de abogados. "La zona de tr¨¢nsito es de m¨¢xima seguridad, yo mismo tengo que ponerme una tarjeta especial", explica el comisario jefe del aeropuerto de Barajas, Javier Garc¨ªa Carpintero.

Garc¨ªa Carpintero rechaza tajantemente las acusaciones sobre las devoluciones fronterizas lanzadas por las organizaciones no gubernamentales, a las que insta a que las demuestren con datos. "A toda persona que solicita asilo, se le tramita. S¨®lo hemos tenido problemas en un par de ocasiones el pasado a?o". En Barajas, el a?o pasado se tramitaron 80 solicitudes de asilo, y en los seis primeros meses de este a?o llevan ya 132. "Muchos son claramente inmigrantes econ¨®micos, y lo sabemos, y pasan".

Los miembros de las organizaciones de apoyo insisten en haber acudido al aeropuerto en m¨¢s de dos ocasiones. Los casos del iran¨ª Nasser Haedari y de los colombianos H¨¦ctor Hern¨¢n Valencia y Elena Pulgar¨ªn Montoya han enfrentado recientemente a la CEAR y al ACNUR con la comisar¨ªa de Barajas. "Nos ha costado mucho que los funcionarios fronterizos asuman la obligatoriedad de que la solicitud de asilo debe admitirse a tr¨¢mite. El ¨²nico que puede denegarlo es el propio ministro del Interior", dice Rodr¨ªguez Ugarte.