Ponerle cifras al campo

Intentar describir con unas pocas grandes cifras una realidad tan completa y tan diversa como la del sector agrario es un ejercicio que a veces puede resultar necesarIo pero en el que hay que ser muy cuidadoso. El equipo que dirige el Ministerio de Agricultura dispone de la primac¨ªa informativa sobre las estad¨ªsticas agrarias, y acostumbra a utilizarla para presentar un balance triunfalista de su gesti¨®n basado en la interpretaci¨®n sesgada de alg¨²n dato llamativo.Hace unos a?os, la balanza comercial agroalimentaria, que tradicionalmente ven¨ªa siendo deficitaria, pas¨® a ser positiva. Este cambio de tendencia, que en una visi¨®n simplista tiene resonancIas que no son s¨®lo econ¨®micas (seguridad alimentaria, autoabastecimiento nacional), se present¨® entonces como "un logro hist¨®rico sin precedentes". En el ¨²ltimo periodo el saldo comercial vuelve a ser negativo (con un d¨¦ficit del 10% en 1989), pero ya no se oyen los an¨¢lisis rotundos y los adjetivos grandilocuentes que acompa?aron a la situaci¨®n inversa. Posiblemente es que no est¨¢ justificado el tremendismo, que ser¨ªa la actitud sim¨¦trica al triunfalismo anterior, pero al menos deber¨ªan intentar comprenderse las causas, teniendo en cuenta la perspectiva del gran mercado ¨²nico europeo.

Renta agraria

Otra cifra de la que se abusa con frecuencia es la renta agraria, probablemente porque adem¨¢s de medir los resultados econ¨®micos globales del sector parece dar una idea de c¨®mo les va a los agricultores y ganaderos. A veces se olvida que la renta agraria es una macromagnitud que incluye componentes tan diversos como los salarlos de los jornaleros y los intereses que los agricultores pagan a la banca. No es, por tanto, un buen indicador de la renta disponible en el bolsillo de los campesinos.

Adem¨¢s, como toda macromagnitud, es una cifra muy agregada que engloba situaciones muy diversas seg¨²n regiones y seg¨²n tipos de explotaciones. Si consultamos los datos de la Red Contable Agraria y de la ¨²ltima encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) veremos las enormes disparidades existentes: de un lado tenemos un colectivo mayoritario (70% del total) de explotaciones muy peque?as (margen bruto inferior a 600.000 pesetas, de car¨¢cter familiar (el titular y su familia aportan el 91% del trabajo) en las que trabajan el 64% de los activos agrarios y que representan menos de la quinta parte de la producci¨®n. En el otro extremo, unas pocas explotaciones (1,4% del total) muy grandes (margen superior a cinco millones de pesetas), basadas en la utilizaci¨®n de trabajadores asalariados (que aportan el 85% del trabajo), que absorben s¨®lo el 9,7% del empleo total y generan el 25% de la producci¨®n.

Si teniendo en cuenta estas limitaciones observamos los datos disponibles, no se justifica el optimismo que reiteradamente pregonan los altos cargos del ministerio. En estas mismas p¨¢ginas, y poco antes de la masiva manifestaci¨®n unitaria de agricultores que tuvo lugar en Madrid el 2 de junio pasado, el se?or Ar¨¦valo, subsecretario de Agricultura, afirmaba que en cuanto a renta agraria Espa?a no s¨®lo supera a la media comunitaria, sino que adem¨¢s nuestra posici¨®n relativa est¨¢ mejorando en el ¨²ltimo quinquenio. La segunda afirmaci¨®n es cierta, pero sesgada: el se?or Ar¨¦valo calculaba el crecimiento medio anual restando los valores del primer y del ¨²ltimo a?o de referencia. Basta cambiar los a?os elegidos o alargar el per¨ªodo de c¨¢lculo para que, debido -sobre todo a la variabilidad de las cosechas-, el resultado sea exactamente el inverso. Para ser mas rigurosos, la Oficina Estad¨ªstiza de la Comunidad Europea suele presentar los datos prom,.-dios de los ¨²ltimos cinco a?os. La informaci¨®n m¨¢s reciente se recoge en la publicaci¨®n Renta Agraria 1989, donde puede comprobarse que s¨®lo en Holanda y en Portugal la renta por unidad de trabajo es inferior a la espa?ola.

Otros n¨²meros sobre la agricultura pueden ayudarnos m¨¢s a valorar la gesti¨®n del Gobierno: se trata de los Presupuestos Generales del Estado, donde las declaraciones y programas electorales se concretan y cuantifican. El se?or Ar¨¦valo, en otro art¨ªculo m¨¢s reciente (v¨¦ase EL PA?S del pasado d¨ªa 9), escoge un dato: asegura que el presupuesto para inversiones ha crecido un 70% en el ¨²ltimo quinquenio. La ¨²nica explicaci¨®n parcial para esta afirmaci¨®n que se me ocurre es que, en su af¨¢n propagand¨ªstico, el se?or subsecretario ha olvidado que existe la inflaci¨®n. Lo cierto es que en pesetas constantes, y en la mejor de las hip¨®tesis (aceptando sumar inversiones reales y transferencias de capital), el incremento total de 1985 a 1990 es de un 1%. No parece que haya motivo para echar las campanas la vuelo, especialmente si se considera que en el proyecto de presupuestos para 1991 se prev¨¦ recortar estos cap¨ªtulos en un 8%, como contribuci¨®n a la pol¨ªtica de enfriamiento econ¨®mico.

Presupuestos

Las grandes cifras del proyecto de presupuestos para 1991 mantienen los rasgos principales de a?os anteriores. Hay que dejar aparte la partida m¨¢s voluminosa, casi el 70% del total, -porque el gasto en la pol¨ªtica de precios y mercados agrarios depende de las decisiones de los ministros comunitarios en Bruselas y de la evoluci¨®n de los mercados, por lo que la cantidad presupuestada en Espa?a es irrelevante. Conviene se?alar, con todo, que los gastos del Fondo Europeo de Orientaci¨®n y Garant¨ªa Agr¨ªcola (FEOGA) est¨¢n disminuyendo como consecuencia de la aplicaci¨®n de los llamados "estabiliza dores agrarios", y hay que temer que las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneos y Comercio (GATT) supongan otra vuelta de tuerca. Nos queda como partida impor tante la pol¨ªtica socioestructural que disminuye un 7,5% respecto al a?o anterior.

Esto supone una doble renuncia: por un lado, a aportar recursos para las mejoras estructura les que el campo necesita, y por otro, a participar en el reparto del incremento de los fondos estructurales de la CE, que han crecido un 20% en el ¨²ltimo ano dentro del objetivo de la "cohesi¨®n econ¨®mica y social" y que no llegan a los pa¨ªses si no hay aportaci¨®n nacional.

En su ¨²ltimo art¨ªculo, el se?or Ar¨¦valo se?ala, con raz¨®n, que las administraciones de las comunidades aut¨®monas disponen de competencias en el sector agrario (no plenas, como se afirma, ni mucho menos) y gastan una cifra un poco mayor de la mitad (el 54%) de lo que gasta el Estado.

Este recordatorio se dirige a los sindicatos agrarios para hacerles ver que sus reivindicaciones no deben destinarlas s¨®lo al ministro. Alguna responsabilidad tienen, efectivamente, los consejeros auton¨®micos de Agricultura, pero si hubiera que ponerle una cifra, no llegar¨ªa al 54% de la parte correspondiente al Gobierno central. Por una raz¨®n fundamental: las comunidades aut¨®nomas no participan en absoluto, y no se pueden gastar ni una peseta, en el n¨²cleo central de la pol¨ªtica agraria actual, que es la regulaci¨®n de precios y mercados, totalmente transferida a Bruselas, en cuyas decisiones no pueden intervenir. As¨ª, descontado el gasto de personal, m¨¢s elevado que en la Administraci¨®n agraria central por motivos evidentes, queda sobre todo la pol¨ªtica socioestructural.

En este dominio es donde las autonom¨ªas disponen, aunque algo encorsetadas por el marco de la CE, de un cierto margen de maniobra y donde se les pueden exigir responsabilidades, sin olvidar los problemas que plantea el actual sistema de financiaci¨®n auton¨®mica.

Sin consultas

El tercer interlocutor de los sindicatos que menciona el se?or Ar¨¦valo para diluir responsabilidades es la administraci¨®n comunitaria. Sin embargo, no es posible que se ignore que los funcionarios de Bruselas se limitan a aplicar los acuerdos del Consejo de Ministros de Agricultura, que es el aut¨¦ntico ¨®rgano de decisi¨®n de la CE. Y en el Consejo nos representa don Carlos Romero.

?Ha consultado el ministerio a los sindicatos y a las comunidades aut¨®nomas antes de las grandas decisiones, como los Paquetes de precios y ayudas de cada ano que condicionan a¨²n el 94% del gasto agrario, o la posici¨®n ante la ronda del GATT? Todas las informaciones nos indican que no.

Es posible otra pol¨ªtica que tenga como objetivo central mejorar las condiciones de vida y trabajo de los agricultores y ganaderos y que valore el papel de la agricultura en el equilibrio y en la conservaci¨®n de los recursos naturales y del paisaje.

Es preciso trabajar para cambiar la pol¨ªtica agraria com¨²n de la CE, que en su configuraci¨®n actual beneficia sobre todo a los agricultores m¨¢s ricos y, a las grandes empresas comercializadoras a costa de los bolsillos de los contribuyentes; es decir, a costa del conjunto de los trabajadores. Unas relaciones flu¨ªdas de la Administraci¨®n central con sindicatos y Autonom¨ªas ser¨ªa una de las mejores maneras para descender de las macromagnitudes a los problemas regionales y comarcales, al conocimierito de las explotaciones y de los sectores con dificultades. Y seguro que en algunos temas el ministro podr¨ªa contar con el apoyo de los afectados para respaldar sus posiciones en las duras negociaciones con sus colegas de la CE.

La situaci¨®n llega al extremo, dificil de explicar al profano, de que hace m¨¢s de 10 a?os que no se convocan elecciones sindicales en el campo, mientras se mantienen con dinero p¨²blico las c¨¢maras agrarias.