Droga, el debate contin¨²a

EL BALANCE de la actuaci¨®n policial contra la droga durante 1990 no s¨®lo indica un espectacular aumento de los alijos aprehendidos, especialmente de coca¨ªna, as¨ª como de las detenciones, sino un preocupante incremento del n¨²mero de v¨ªctimas, las cuales son, por lo dem¨¢s, cada vez m¨¢s j¨®venes. El dato sobrecogedor de 690 muertes el pasado a?o, en su mayor¨ªa por sobredosis o adulteraci¨®n -un centenar m¨¢s que el a?o anterior-, obliga, as¨ª, a relativizar esos ¨¦xitos policiales. Pero el dato constituye tambi¨¦n una denuncia inapelable contra las actuales pol¨ªticas sanitarias y de prevenci¨®n sobre el consumo de drogas, incapaces de rescatar al drogodependiente del mundo de marginaci¨®n en que vive y de aliviar las condiciones psicosom¨¢ticas que le llevaron a la adicci¨®n.Mientras esta dram¨¢tica realidad persista, y con mayor raz¨®n si se extiende cada vez m¨¢s sobre el cuerpo social, es l¨®gico que no se resignen al silencio las voces que claman por la b¨²squeda de f¨®rmulas de tratamiento del complejo fen¨®meno de la droga que no sea la de la pura represi¨®n. Y es que la manifiesta insuficiencia de esta v¨ªa, sus contradicciones y los efectos crimin¨®genos y de corrupci¨®n a?adidos que comporta, impide dar por cerrado el debate sobre la cuesti¨®n.

La comisi¨®n droga-delincuencia del Colegio de Abogados de Barcelona acaba de pronunciarse inequ¨ªvocamenle a favor de la legalizaci¨®n del tr¨¢fico y del consumo de estupefacientes y de que el Estado asuma el control de tales sustancias y establezca la forma legal de acceso a las mismas por parte del consumidor. Una alternativa que, con diversos matices, propugnan diversos colectivos profesionales relacionados con los problemas sociales y sanitarios asociados a la droga. Es decir, aquellos que, en raz¨®n de sus funciones institucionales o sociales en la respuesta penal, criminol¨®gica y terap¨¦utica, viven m¨¢s de cerca sus carencias y sus paradojas.

Uno de estos colectivos es el jur¨ªdico y el judicial. De su seno han surgido una y otra vez llamadas de atenci¨®n sobre el agotamiento de la v¨ªa de la sanci¨®n penal contra la drogadicci¨®n, motivadas m¨¢s por el p¨¢nico social ante sus efectos crimin¨®genos que por exigencias del derecho y, en concreto, de la racionalidad y proporcionalidad que deben inspirar su aplicaci¨®n. Recieritemente, medio centenar de jueces, magistrados, catedr¨¢ticos y profesores de Derecho Penal han hecho tina propuesta intermedia entre la actual pol¨ªtica de criminalizaci¨®n estricta y la alternativa de legalizaci¨®n: considerar los estupefacientes y psicotr¨®picos corrio una medicina m¨¢s, controlada por las autoridades sanitarias en el marco de la nueva Ley del Medicamento.

Desde esta perspectiva, la respuesta penal ser¨ªa subsidiaria, limitada al posible mercado negro generado al margen del legalizado y controlado sanitariamente. Y no tendr¨ªa que v¨¦rselas con una sustancia convertida en fetiche y de cuyo comercio se ha hecho poco menos que un superdelito. Que este tipo de propuestas pugne contra la tendencia dominante de un mayor endurecimiento legal ni les quita oportunidad ni las hace menos razonables. Sobre todo cuando son tan flagrantes las contradicciones de la actual pol¨ªtica represiva, incapaz de cumplirse en sus propios t¨¦rminos (son manifiestas las reticencias del sistema financiero internacional al control del blanqueo del dinero del narcotr¨¢fico), caldo de cultivo para la corrupci¨®n policial y potenciadora, en cuanto dispara su valor econ¨®mico, del poder del narcotr¨¢fico sobre instituciones y personas.

Es cierto que la dimensi¨®n mundial del narcotr¨¢fico exige una respuesta tarribi¨¦n mundial y que ser¨ªa inviable que un solo pa¨ªs se desmarcara del modelo represivo propugnado por Estados Unidos y asumido por Naciones Unidas en su convenci¨®n sobre narcotr¨¢fico de 1989. Sin embargo, los casi 700 muertos por la droga en Espa?a durante el pasado a?o son otras tantas razones para plantear una y otra vez la conveniencia de otras alternativas que la actual: al menos para controlar sanitariamente a sus v¨ªctimas, evitarles el delito recaudatorio a que se ven impelidas muchas de ellas para lograr tan preciada, encarecida y con frecuencia adulterada mercanc¨ªa, y desbaratar los circuitos econ¨®micos que alimentan este criminal negocio.