Gil-Robles acusa al fiscal de C¨¢diz de bloquear la investigaci¨®n sobre polic¨ªas corruptos en Algeciras

El Defensor del Pueblo, ?lvaro Gil-Robles, ha informado al fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, de la "grave inacci¨®n" del fiscal jefe de la Audiencia de C¨¢diz, Jaime Ollero G¨®mez, en la investigaci¨®n de una denuncia sobre corrupci¨®n de polic¨ªas de Algeciras, que se quedaban con droga y dinero de detenidos. Esta denuncia, presentada en octubre de 1988, fue remitida en diciembre de ese a?o al fiscal jefe de C¨¢diz, pero Ollero abri¨® diligencias averiguatorias en junio de 1990, veinte meses despu¨¦s. Para entonces, varios denunciantes ya no estaban localizables. El fiscal general del Estado inst¨® al menos cinco veces durante ese periodo a Ollero para que investigara el caso Algeciras, por el que fueron detenidos diez polic¨ªas el pasado verano.

Torres indic¨® ayer a este diario que pedir¨¢ a Ollero que le explique urgentemente este "an¨®malo retraso". En funci¨®n de su respuesta, a?adieron fuentes de la Fiscal¨ªa General, se estudiar¨¢ si procede abrirle expediente.El 28 de septiembre de 1988 Abdelatif Bucheri Larbi y otras nueve personas recluidas en la prisi¨®n de Algeciras denunciaron al Defensor del Pueblo que agentes de la comisar¨ªa de esa localidad robaban droga y dinero a detenidos. El 22 de noviembre de 1988, el Defensor del Pueblo remit¨ªa la denuncia al fiscal general del Estado, quien el 2 de diciembre del mismo a?o la trasladaba al fiscal jefe de C¨¢diz. El 29 de diciembre de 1989, la Fiscal¨ªa General informaba a Gil-Robles de que a¨²n esperaba el informe solicitado a la fiscal¨ªa de C¨¢diz y que hab¨ªa reiterado a Ollero que investigara el asunto. Ollero escrib¨ªa el 31 de mayo de 1990 al fiscal general del Estado que no hab¨ªa recibido a¨²n la denuncia y que ya lo se?al¨® en un fax el 19 de diciembre de 1989. En la Fiscal¨ªa General del Estado, seg¨²n un escrito de ocho de junio de 1990, "no existe constancia de haberse recibido el telefax". Torres reenvi¨® la denuncia a Ollero.

El pasado 15 de junio, el fiscal de C¨¢diz inform¨® a la Fiscal¨ªa General que por primera vez hab¨ªa tenido conocimiento de la denuncia. Eso chocaba con el escrito de la Fiscal¨ªa General del Estado de 14 de mayo de 1990 dirigido a Ollero: "Nuevamente me veo en el penoso trance de tener que recordarle que no habi¨¦ndose recibido contestaci¨®n a los escritos de esta Fiscal¨ªa General de fechas de 2 de diciembre de 1988, 30 de junio y 16 de diciembre de 1989 y 6 de marzo de 1990, sobre presuntas pr¨¢cticas policiales ilegales, al que se refiere la queja de Abdelatif Bucheri Larbi, ruego curse instrucciones para su cumplimiento".

Testigos ilocalizables

Cuando, en junio pasado, Ollero solicit¨® que se practicaran diligencias en la prisi¨®n de Algeciras, algunos denunciantes ya no estaban en ella por haber sido liberados o trasladados a otros centros. Sobre los ausentes, que no pudieron ser interrogados, Ollero adjunt¨® "una larga relaci¨®n de antecedentes que nada aporta", seg¨²n denuncia Gil-Robles.Uno de los denunciantes que s¨ª pudieron ser interrogados ratific¨® que les quitaron el dinero en la comisar¨ªa de Algeciras; otro rehus¨® declarar porque esperaba en breve la libertad condicional, pero admiti¨® que se le sustrajo droga y un tercero dijo estar amenazado por agentes y, seg¨²n Ollero, no a?adi¨® m¨¢s.

El fiscal jefe de C¨¢diz concluye en el informe remitido el pasado junio a Torres que el testimonio de los declarantes "guarda ¨ªntima conexi¨®n con los hechos investigados por el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres de Algeciras, Manuel Guti¨¦rrez Luna, en las diligencias previas n¨²mero 752/90, donde aparec¨ªan implicados los inspectores de polic¨ªa Francisco Barreto Roman¨ª, Francisco Manuel Guerrero Ferreiro, Javier L¨®pez Alcaraz [los tres del servicio de estupefacientes] y los funcionarios de la escala b¨¢sica Juan Romero Aranda, Joaqu¨ªn Arana Mar¨ªn y Manuel G¨®mez Su¨¢rez", Estos seis agentes, m¨¢s otros cuatro, fueron detenidos entre junio y julio de 1990 por orden del citado juez.

Del informe de Ollero, seg¨²n la denuncia de Gil-Robles, no se desprende que aqu¨¦l contin¨²e con la pr¨¢ctica de diligencias sobre lo declarado por los interrogados, ni que lo haya trasladado al juez del caso Algeciras. El Defensor del Pueblo denuncia ahora ante el fiscal general del Estado que "no han sido aclarados las causas y motivos de una inacci¨®n tan grave y durante tanto tiempo del fiscal en el presente caso, ni parece que se siga actuaci¨®n en el presente".

Gil-Robles pide a Torres que le informe "si considera oportuna la adopci¨®n de medidas para impulsar definitivamente el esclarecimiento de las manifestaciones vertidas por los comparecientes ante esta instituci¨®n en 1988, y las causas por las cuales no se ha practicado actuaci¨®n alguna por el ministerio fiscal hasta junio de 1990".

El Defensor transmite "su grave preocupaci¨®n por las graves dilaciones que se han producido en la tramitaci¨®n de este expediente", ya que las "demoras existentes en el inicio de estas investigaciones puieden suponer un perjuicio de grave trascendencia para su eficacia". "Este inter¨¦s p¨²blico en la eficacia de la labor de esclarecimiento de estas denuncias se afirma a¨²n m¨¢s en aquellos casos en que los hechos delictivos se imputan a funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado".

EL PA?S intent¨® ayer localizar sin ¨¦xito a Ollero. Fuentes judiciales de C¨¢diz manifestaron que este fiscal suele argumentar en su descargo una sobrecarga de trabajo y que "denuncias as¨ª se reciben 2.000 cada a?o". Esas fuentes confirrnan que el fiscal traslad¨® la denuncia al juzgado n¨²mero tres de Algeciras el 17 de septiembre de 1990, lo que impidi¨® localizar a testigos.