Jueces progresistas instan al ciudadano a defender el inter¨¦s social ante los tribunales

Jueces para la Democracia insta a los ciudadanos, en las conclusiones de su sexto congreso celebrado en Logro?o, a que lleven a los tribunales los conflictos relacionados con los derechos a la salud, el empleo, la vivienda, la cultura, el medio ambiente y otros previstos en el cap¨ªtulo de la Constituci¨®n dedicado a los principios rectores de la pol¨ªtica social y econ¨®mica.

La asociaci¨®n de jueces progresistas considera que los ciudadanos deben plantear la defensa de sus derechos sociales a trav¨¦s del fiscal, el Defensor del Pueblo o la acci¨®n p¨²blica. Piensan que s¨®lo as¨ª los llamados "intereses difusos" podr¨¢n ser debidamente protegidos. Las conclusiones del congreso recogen tambi¨¦n la petici¨®n de un nuevo proceso y una actuaci¨®n judicial reequilibradora de los consumidores y usuarios frente a los abusos de un mercado "puro y duro".Jueces para la Democracia propone tambi¨¦n que tales intereses sociales sean protegidos por los jueces y tribunales. Para ello, pide que se encomiende al ministerio fiscal la promoci¨®n de acciones ante la Administraci¨®n y los tribunales.

Asimismo, propone que el Defensor del Pueblo y las instituciones afines de las comunidades aut¨®nomas impugnen los actos administrativos que perjudiquen aquellos derechos, as¨ª como promover la actuaci¨®n de los tribunales "frente a la inactividad de la Administraci¨®n en resolver las denuncias que afecten a tales intereses".

Acci¨®n p¨²blica

Otra conclusi¨®n del congreso se pronuncia por la admisi¨®n de la acci¨®n p¨²blica [mediante la que cualquier persona o grupo puede demandar sin necesidad de ser el perjudicado directo] para exigir que se aplique la legalidad en defensa de esos bienes constitucionales, que son intereses "de dif¨ªcil individualizaci¨®n" y "necesitados de una m¨¢s amplia protecci¨®n".La aplicaci¨®n de estas conclusiones conducir¨ªa a que el fiscal, el Defensor del Pueblo o cualquier grupo de ciudadanos pudieran defenderse, por ejemplo, de una empresa que perjudica el medio ambiente o de determinada publicidad nociva para la salud. La asociaci¨®n pide que los poderes p¨²blicos fomenten estas iniciativas y que, en su caso, los gastos de esta defensa judicial "sean sufragados por la Administraci¨®n" siempre que el tribunal competente estime razonable la demanda.

En estos procesos, seg¨²n otra de las conclusiones, "se resolver¨¢n los conflictos en los que se pretenda la reacci¨®n o la prestaci¨®n frente a acciones u omisiones que afecten a la protecci¨®n constitucional del medio ambiente, equilibrio ecol¨®gico, valores hist¨®rico-art¨ªsticos y culturales, urban¨ªsticos, arqueol¨®gicos y paisaj¨ªsticos, as¨ª como frente a los que conculquen las disposiciones en materia de defensa de consumidores y usuarios y las que regulan la publicidad".

Sobre la vivienda, la asociaci¨®n dice que debe ser tratada jur¨ªdicamente como "un bien de uso con un marcado contenido social y no como un bien de cambio susceptible de especulaci¨®n". Asimismo, denuncia la complicidad de las Administraci¨®n, los notarios y los tribunales en favor de pr¨¢cticas abusivas para el acceso a la propiedad de la vivienda y pide la derogaci¨®n del llamado decreto Boyer sobre arrendamientos urbanos.