Las administraciones deben a las constructoras 600.000 millones de pesetas

El conjunto de las administraciones p¨²blicas (central y auton¨®micas) debe a las compa?¨ªas constructoras unos 600.000 millones de pesetas, seg¨²n los ¨²ltimos datos que maneja la patronal del sector SEOPAN. A pesar del gran volumen de la deuda, la verdadera preocupaci¨®n de las constructoras es que el plazo de pago se ha incrementado en un 20% en lo que llevamos de a?o, fen¨®meno justificado por las administraciones por los recortes presupuestarios.

Cuando todav¨ªa no se ha cerrado la contabilidad correspondiente a la primera mitad del a?o, el ep¨ªgrafe Pendiente de Cobro de las compa?¨ªas constructoras refleja un cuant¨ªa bastante superior a lo habitual por estas fechas.El control que efect¨²a la patronal del sector sobre la evoluci¨®n de la deuda contra¨ªda por las administraciones p¨²blicas (central y auton¨®micas) con las empresas muestran que en estos momentos asciende a unos 600.000 millones de pesetas. Dentro de esta contabilizaci¨®n se registran las deudas de todos los ministerios, comunidades y corporaciones locales que hagan referencia a cualquier tipo de obra p¨²blica (carreteras, ferrocarriles, obras hidr¨¢ulicas, etc).

Esta deuda de 600.000 millones de pesetas representa un incremento pr¨¢cticamente del 80% respecto al a?o anterior por las mismas fechas. Parte de este incremento, seg¨²n los constructores, es absolutamente l¨®gico puesto que el n¨²mero de obras encargadas es muy superior. Lo que m¨¢s preocupa a las empresas es el tiempo de pago de las facturas.

La estad¨ªstica que se?ala el total de la deuda, tambi¨¦n se encarga de medir el tiempo que transcurre desde que se finaliza una obra hasta que se abona. En lo que llevamos de a?o, ese plazo se ha incrementado un 20%, con lo que el periodo medio de cobro se sit¨²a ahora en 5,7 meses.

La Administraci¨®n central, debido a que es la que se encarga de acometer el mayor n¨²mero de obras, es quien encabeza el r¨¢nking de deudores. La cifra global de su deuda con las empresas constructoras ronda los 300.000 millones de pesetas, es decir la mitad de a el conjunto de las administraciones. En el desglose de esta cantidad, es el Ministerio de Obras P¨²blicas y Transportes el que aparece en cabeza, consecuencia l¨®gica de ser el departamento del gasto. Y si descendemos a¨²n m¨¢s, podremos observar que el plan de carreteras es el que, con unos 100.000 millones de pesetas, tiene acumulada la deuda m¨¢s voluminosa.

El incremento de la deuda y el retraso en el pago a las constructoras, al margen de constituir un problema para las empresas, desvela la insuficiencia le los mecanismos destinados a cubrir las necesidades financieras de los grandes proyectos de construcciones p¨²blicas.

Tanto la Administraci¨®n central como las auton¨®micas justifican esta insuficiencia en los recortes presupuestarios, es decir en la pol¨ªtica destinada a contener el gasto lo m¨¢s posible. El ejemplo m¨¢s patente de esta contenci¨®n se produjo en la elaboraci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado que est¨¢n en vigor. En octubre pasado, y a la vista de las consecuencias que podr¨ªa tener la guerra del golfo P¨¦rsico, el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda recort¨® 100.000 millones de pesetas destinados a ¨ªnfraestructuras.

Precisamente esta reflexi¨®n fue aprovechada por el ministro de Obras P¨²blicas y Transportes, Jos¨¦ Borrell, para lanzar, hace apenas una semana, un debate sobre c¨®mo afrontar una alternativa para remodelar ese esquema de financiaci¨®n de infraestructuras. Borrell se?al¨®, en un ejercicio aplicable directamente a las carreteras pero perfectamente extrapolable a cualquier otro tipo de gran obra, que hab¨ªa que encontrar una f¨®rmula de financiaci¨®n mixta que aliviara a la dotaci¨®n presupuestaria, y que incidiera m¨¢s en los contribuyentes y en los usuarios.