Modernizaci¨®n de la agricultura

En las ¨²ltimas semanas ha surgido en la prensa espa?ola un interesante debate sobre la necesidad de modernizar el sector agrario en nuestro pa¨ªs. Al mismo tiempo, en Bruselas, una vez aprobados los precios agrarios, va a ser retomada la discusi¨®n de la reforma de la pol¨ªtica agraria com¨²n, a partir del Informe MacSharry adoptado por la comisi¨®n a principios de a?o. Pueden ser ¨²tiles en esta coyuntura algunas reflexiones sobre el sentido de esa modernizaci¨®n que la agricultura espa?ola necesita y sobre c¨®mo puede ser articulada en el proceso de reforma comunitaria.En relaci¨®n al debate desarrollado en la prensa, hay que decir, en primer lugar, que la reducci¨®n del porcentaje de poblaci¨®n activa agraria en la poblaci¨®n activa total, una de las cuestiones que ha centrado la discusi¨®n, no es un buen indicador de la modernizaci¨®n de la agricultura. Ese indicador refleja mejor la evoluci¨®n del conjunto de la econom¨ªa que las transformaciones que experimenta la agricultura. As¨ª, durante la segunda mitad de los a?os setenta se observ¨® en la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos una n¨ªtida lentificaci¨®n de la reducci¨®n de la poblaci¨®n agraria como consecuencia de la crisis econ¨®mica general. Esa lentificaci¨®n alcanz¨® tambi¨¦n a la agricultura espa?ola en los primeros a?os ochenta, en los que la poblaci¨®n agraria qued¨® pr¨¢cticamente estabilizada, para volver a reducirse r¨¢pidamente a partir de 1986, una vez reactivada la econom¨ªa.

Tampoco de la comparaci¨®n entre pa¨ªses o regiones con diferencias en su tasa de poblaci¨®n activa agraria pueden extraerse excesivas conclusiones. Mientras que en el Reino Unido la poblaci¨®n agraria s¨®lo representa un 2,2% del total, en Holanda ese ¨ªndice se eleva a m¨¢s del doble (4,8%), sin que ello permita afirmar que la agricultura inglesa est¨¢ m¨¢s modernizada que la holandesa. Comparaciones similares pueden hacerse dentro de Espa?a entre, por ejemplo, la agricultura vasca (que s¨®lo ocupa a un 4% de la poblaci¨®n ocupada total) y la de La Rioja (que emplea a un 13%).

La reducci¨®n de la poblaci¨®n activa agraria es una inexorable consecuencia del crecimiento econ¨®mico, y depende, fundamentalmente, de las pautas y ritmos de aqu¨¦l. En el curso de ese proceso la agricultura tambi¨¦n se moderniza, es decir, introduce progreso t¨¦cnico, incorporando capital que sustituye al trabajo y a la tierra, factores productivos en los que se basaba la agricultura tradicional. Pero las formas de ese progreso t¨¦cnico han sido variadas, y el resultado es la formaci¨®n de distintas agriculturas modernas que han retenido mayor o menor volumen de mano de obra en funci¨®n de su orientaci¨®n productiva y de c¨®mo han sabido aprovechar sus respectivas ventajas comparativas. Normalmente, el proceso va acompa?ado del ajuste en la estructura de las explotaciones agr¨ªcolas, con disminuci¨®n de su n¨²mero y aumento de la dimensi¨®n de las que se mantienen en el sector, aumento que facilita la introducci¨®n de progreso t¨¦cnico.

Una agricultura moderna deber¨¢, en cualquier caso, alcanzar elevadas productividades de los factores que utiliza y producir alimentos a precios competitivos en el mercado. El retraso en la modernizaci¨®n de la agricultura espa?ola se refleja bien en los ¨ªndices de productividad del trabajo y de la tierra, situados significativamente por debajo de las medias comunitarias. El valor a?adido bruto por unidad de trabajo era en 1989 en la agricultura espa?ola de 8.100 ecus, frente a 14.400 en la CE. Por hect¨¢rea de superficie agr¨ªcola, ese valor a?adido ascend¨ªa a 480 ecus en Espa?a y a 790 en la Comunidad.

Pol¨ªtica rural

En el debate de referencia se ha introducido una matizaci¨®n al argumento de la reducci¨®n de la poblaci¨®n activa agraria, afirmando que la modernizaci¨®n s¨®lo exige disminuir la poblaci¨®n activa "que se dedica exclusivamente al campo". Esa poblaci¨®n diversificar¨ªa sus fuentes de rentas (preferentemente con ingresos procedentes del turismo u otras actividades a desarrollar en el medio rural), mantendr¨ªa su residencia y, l¨®gicamente, tambi¨¦n una actividad agr¨ªcola a tiempo parcial, todo ello de acuerdo con las directrices de la pol¨ªtica rural comunitaria.

Ahora bien, transformaciones de este tipo, ?constituyen una modernizaci¨®n de la agricultura? Puede que los indicadores de productividad de la poblaci¨®n agraria aumenten, al dejar de contabilizar como activos en este sector a los agricultores a tiempo parcial que siguen produciendo alimentos, pero las unidades productivas, las explotaciones agr¨ªcolas, no experimentan ninguna modernizaci¨®n por esa v¨ªa. Al contrar¨ªo, los agricultores que pasan a serlo a tiempo parcial no liberan su tierra, que podr¨ªa servir para incrementar la dimensi¨®n de las explotaciones de agricultores profesionales, bloqueando as¨ª la evoluci¨®n estructural.

Algunas propuestas de actuaci¨®n en la agricultura espa?ola que siguen de cerca las l¨ªneas de la pol¨ªtica comunitaria no conducen, pues, a una modernizaci¨®n de la agricultura. Cabe preguntarse, por tanto, si esa modernizaci¨®n, y el incremento de la productividad de las explotaciones que conlleva, constituye o no actualmente un objetivo de la pol¨ªtica agraria comunitaria.

La modernizaci¨®n s¨ª que fue un objetivo bien definido de la que podemos denominar pol¨ªtica cl¨¢sica de estructuras agrarias en la CE. El Plan Mansholt y las directrices de 1972, siguiendo el modelo de las leyes de orientaci¨®n agr¨ªcola francesas de 1960 y 1962, pretend¨ªan acelerar el proceso de ajuste estructural y estimular el desarrollo de explotaciones modernas. Tambi¨¦n se inclu¨ªan medidas encaminadas a reducir el coste social del proceso, como primas a la liberaci¨®n de tierras y formaci¨®n profesional que facilitaran el desplazamiento de los agricultores hacia otros sectores econ¨®micos.

La incidencia que esta normativa tuvo en la evoluci¨®n de la estructura agraria europea es, al menos, discutible. Pero lo cierto es que la estructura de las explotaciones se ha transformado considerablemente en los pa¨ªses del norte y del centro de Europa, transformaci¨®n atribuible tanto a esa pol¨ªtica de estructuras como a los efectos indirectos de la pol¨ªtica de estructuras como a los efectos indirectos de la pol¨ªtica de precios, que siempre discrimina en contra de las peque?as explotaciones. El tama?o medio de las explotaciones en todos esos pa¨ªses ha crecido a un ritmo de 2,5%-3% anual durante los ¨²ltimos 25 a?os. Mientras, en Espa?a, esa dimensi¨®n media crec¨ªa s¨®lo a una tasa del 1% anual, pero con importantes diferencias entre nuestras distintas agriculturas, reduci¨¦ndose incluso el tama?o de las explotaciones en algunas regiones.

A partir de mitad de los a?os ochenta, la pol¨ªtica de estructuras comunitaria se ha modificado sensiblemente y el objetivo de modernizaci¨®n de las explotaciones ya no es tan manifiesto. El problema central de la agricultura europea ha pasado a ser el exceso de oferta existente en muchos mercados de productos. Para equilibrar los mercados se est¨¢ utilizando, fundamentalmente, la pol¨ªtica de precios, desprotegiendo a la agricultura y reduciendo el importante apoyo a las rentas v¨ªa precios hasta ahora existente. Tambi¨¦n se ha reformulado la pol¨ªtica de estructuras. Un an¨¢lisis de las declaraciones comunitarias y de la actividad legislativa a partir de 1987-1988 permite identificar tres objetivos fundamentales de la nueva pol¨ªtica de estructuras.

En primer lugar debe contribuir a la reducci¨®n de excedentes mediante est¨ªmulos directos como los contenidos en los programas de retirada de tierras de cultivo o de extensi¨®n de la producci¨®n. En segundo lugar, la pol¨ªtica de estructuras debe atenuar los efectos sociales derivados de la reducci¨®n del proteccionismo. Esos efectos podr¨ªan poner en cuesti¨®n el modelo de desarrollo rural europeo que ha permitido mantener una relativamente alta densidad de poblaci¨®n en el territorio, modelo que las declaraciones oficiales de la Comunidad insisten en querer defender. El principal instrumento para alcanzar ese objetivo es una pol¨ªtica de desarrollo integral de las zonas rurales que contempla el fomento de la pluriactividad de las familias agr¨ªcolas como f¨®rmula de sostenimiento de sus rentas. Tambi¨¦n est¨¢n previstas ayudas directas a las rentas agrarias, como las que configuran el programa PARA o las nuevas ayudas espec¨ªficas por subsectores que propone el Informe MacSharry.

Por ¨²ltimo, la protecci¨®n del medio ambiente se ha convertido tambi¨¦n en un objetivo espec¨ªfico de la PAC. En el documento del actual comisario de Agricultura se configura ya de forma precisa la funci¨®n de "guardi¨¢n de la naturaleza" atribuida al agricultor, funci¨®n que ser¨ªa remunerada a cambio de exigirle pr¨¢cticas agr¨ªcolas no incompatibles con ese objetivo conservacionista.

Todas esas prioridades han relegado a un segundo plano el objetivo cl¨¢sico de la pol¨ªtica de estructuras, la modernizaci¨®n, reestructuraci¨®n de las explotaciones y est¨ªmulo a la introducci¨®n de progreso t¨¦cnico. Ayudas con esta finalidad siguen estando presentes en la normativa comunitaria (Reglamento 797/85 con sus modificaciones, Reglamento 1096/88 sobre cese anticipado de la actividad agraria), pero el acento sobre el tema ha dejado de aparecer en las declaraciones program¨¢ticas. Por otra parte, las ayudas directas a rentas, que parecen configurarse como la forma b¨¢sica de apoyo a las explotaciones, son unas t¨ªpicas ayudas "sin contrapartida", de las que no cabe esperar ninguna contribuci¨®n a la modernizaci¨®n.

Explotaciones familiares

Es posible que las agriculturas del centro y del Norte de Europa, donde durante las ¨²ltimas d¨¦cadas se ha consolidado un n¨²cleo b¨¢sico de explotaciones familiares modernizadas de tama?o medio o grande, puedan abandonar la modernizaci¨®n como objetivo. Pero ese no es el caso de Espa?a ni, en general, de los pa¨ªses del sur del continente. Por tanto, a la hora de plantear la reforma de la PAC no deben ser olvidados estos desfases en el proceso de ajuste estructural y modernizaci¨®n.

Mientras tanto, en Espa?a el debate sobre el verdadero sentido de la modernizaci¨®n no est¨¢, desde luego, cerrado. Cuestiones como la funci¨®n (o la disfunci¨®n) de la figura de los agricultores a tiempo parcial en cada una de las realidades agrarias y rurales deben ser aclaradas. El Real Decreto 808/87 es el principal instrumento actualmente vigente de una pol¨ªtica como la que aqu¨ª propugnamos y se hace indispensable un balance de su aplicaci¨®n. Tambi¨¦n el an¨¢lisis de c¨®mo se articula el sector productivo con la cadena agroindustrial puede aportar muchas claves del problema. Todo ello para lograr que el sector agrario pueda mantener empleada con remuneraciones dignas a una parte de la poblaci¨®n espa?ola.