Condenan a 16 a?os de c¨¢rcel a los due?os de dos geri¨¢tricos por estafar a los ancianos

Eduardo Correa Jim¨¦nez y Francisca Morales P¨¦rez, matrimonio propietario de dos residencias geri¨¢tricas en Barcelona, fueron condenados ayer a una pena de 16 a?os de c¨¢rcel cada uno por los continuos robos y estafas cometidos entre 1984 y 1986 a ocho ancianos que resid¨ªan en sus centros. Mar¨ªa del Milagro Rubio, titular del Juzgado de lo Penal n¨²mero 17 de Barcelona, ha impuesto a cada uno penas de 6 anos de prisi¨®n por un delito continuado de robo con fuerza, de otros 6 por falsedad en documento mercantil y de cuatro por un delito de estafa con abuso de firma en blanco. Tambi¨¦n deber¨¢n indemnizar a 7.700.000 pesetas y devolverles las joyas que les hab¨ªan sustra¨ªdo.La juez considera probado en su sentencia que Correa y Morales aprovecharon las deFiciencias f¨ªsicas y ps¨ªquicas propias de la senilidad que aquejaba a los ancianos para apropiarse de 10 millones de pesetas, diversas joyas y otros objetos de valor. Para ello, "los convenc¨ªan, cuando no les sustra¨ªan, para que les hicieran entrega de sus documentos de identidad y libretas de ahorro que pose¨ªan con el pretexto de facilitarles las extracciones de dinero que permit¨ªan atender al pago mensual de su internado". Tambi¨¦n convenc¨ªan a los ancianos para que firmaran cheques en blanco y se apropiaban de las llaves de sus domicilios particulares, apoder¨¢ndose en ellos de joyas y otros objetos de valor.

La juez se?ala que no procede acordar el cierre de las residencias El Palacete y Residencia Particular, pertenecientes a Correa y Morales, solicitado por las acusaciones particulares. Esta es una medida, seg¨²n la sentencia, "de naturaleza estrictamente administrativa y es a las autoridades de este ¨¢mbito a quienes les compete". "No obstante", a?ade, "a la vista de lo actuado en este procedimiento, la juez considera un deber la remisi¨®n de testimonio de esta resoluci¨®n al consejero de Bienestar Social y al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a". Los condenados, seg¨²n la sentencia, explotaban las residencias sin autorizaci¨®n administrativa.