Reforma o revoluci¨®n

El Gobierno abordar¨¢ la negociaci¨®n sobre el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica en dos fases diferenciadas. En la primera, intentar¨¢ centrar el debate en los problemas de los mecanismos actuales -inversi¨®n nueva, compensaci¨®n transitoria, financiaci¨®n incondicionada, nuevas ponderaciones, nivelaci¨®n de servicios m¨ªnimos- y dejar para una segunda etapa los aspectos en los que existen m¨¢s divergencias, como la corresponsabilidad fiscal, o el endeudamiento y el control del gasto p¨²blico. El acuerdo para la primera fase deber¨ªa alcanzarse antes de fin de a?o, mientras que para el resto no hay calendario. La idea es, primero la reforma y despu¨¦s, en tal caso, la revoluci¨®n.

Las dos normas de un buen negociador es no tener prisas y no ense?ar todas las cartas de antemano. As¨ª lo ha entendido el Gobierno cuando se dispone, el pr¨®ximo 6 de noviembre, a abordar el primer encuentro oficial con las comunidades aut¨®nomas para buscar un nuevo esquema de relaciones financieras. Se trata de hablar de un asunto tan Pol¨ªtico como es el reparto del dinero de todos en esta Espa?a tan diferente. No hay prisas, en efecto, para cerrar el acuerdo, m¨¢s all¨¢ de lo que pueda suponer una soluci¨®n a los problemas que el actual sistema plantea. Incluso, si no es posible sellar este pacto antes de la fecha l¨ªmite de fin de a?o, el Gobierno no se rasgar¨ªa las vestiduras si hay que prorrogar los actuales mecanismos. El Ejecutivo ya ha manifestado en repetidas ocasiones que el actual marco de relaciones ha funcionado bien. De hecho, en sus cinco a?os de vigencia, no ha habido especiales fricciones.

Se reconoce, eso s¨ª, que hay piezas que es necesario volver a ajustar. Por ejemplo, si la compensaci¨®n transitoria prevista en el Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial es suficiente y est¨¢ bien repartida para afrontar la inversi¨®n nueva por parte de las comunidades no beneficiarias del FCI (Pa¨ªs Vasco, Catalu?a, Cantabria, La Rioja, Arag¨®n, Baleares y Madrid).

El Fondo de Compensaci¨®n se limit¨® a partir de este a?o a las comunidades con renta por habitante inferior al 75% de la media de la Comunidad Europea. Se hizo as¨ª para corregir el hecho de que autonom¨ªas m¨¢s desarrolladas, como el Pa¨ªs Vasco y Catalu?a, hab¨ªan aumentado su participaci¨®n en los ¨²ltimos a?os, en detrimento de las m¨¢s atrasadas (Andaluc¨ªa, Extremadura o Castilla y Le¨®n).

Se dej¨® para el grupo avanzado una cantidad de dinero igual a la del fondo (107.419 millones de pesetas en 1992) para permitirles financiar su participaci¨®n en las nuevas inversiones p¨²blicas previstas en los Presupuestos del Estado de cada a?o. A partir de 1992, esta financiaci¨®n se deja incondicionada, es decir, las autonom¨ªas pueden disponer de este dinero con libertad.

Libertad para gastar

Una de las reivindicaciones permanentes de las comunidades aut¨®nomas es, precisamente, aumentar su financiaci¨®n incondicionada; es decir, que una parte de los recursos cautivos que les transfiere el Estado puedan emplearse con un mayor margen de maniobra. El bocado m¨¢s importante, en este sentido, consistir¨ªa en liberar las transferencias que ahora se destinan a subvencionar la ense?anza privada. El otro ajuste a realizar corresponde a las variables que se tienen en cuenta a la hora de repartir la participaci¨®n de las comunidades en los ingresos del Estado. El factor que m¨¢s pondera es el de la poblaci¨®n, especialmente en las comunidades que tienen transferida educaci¨®n y sanidad. Aqu¨ª se tendr¨¢ en cuenta la evoluci¨®n de la tasa de natalidad para realizar ajustes.

Adem¨¢s, se pondr¨¢ sobre la mesa la necesidad de garantizar lo previsto en el art¨ªculo 11 de la LOFCA (Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nom¨ªas), en el sentido de que todas las autonom¨ªas deben nivelar los servicios p¨²blicos que prestan a sus ciudadanos.,

Si estos aspectos, y otros de este orden que puedan plantear las comunidades aut¨®nomas en el curso de la negociaci¨®n, se solventan a tiempo, el Gobierno propondr¨ªa pasar a la negociaci¨®n pol¨ªtica. Los dos puntos sobre la mesa ser¨ªan la llamada corresponsabilidad fiscal y el control del gasto p¨²blico. Todo ello siempre que en el inicio de la negociaci¨®n, las comunidades acepten este calendario y no se abra un debate que cambie el ritmo de las conversaciones.

Precisamente, ¨¦ste ser¨¢ uno de los primeros puntos a tratar en la reuni¨®n del pr¨®ximo 6 de noviembre. El Consejo de Pol¨ªtica -Fiscal y Financiera -que preside el secretario de Estado de Hacienda, y del que forman parte Administraciones P¨²blicas y los consejeros de Econom¨ªa y Hacienda de las autonom¨ªas- intentar¨¢ en primer lugar ponerse de acuerdo sobre los temas a tratar y, despu¨¦s, fijar¨¢ el calendario de discusi¨®n.

Sobre la corresponsabilidad fiscal concretada en la cesi¨®n del IRPF, todo indica que el Gobierno no tiene a¨²n una postura fija. Hasta ahora, se han expresado criterios divergentes desde la Administraci¨®n y entre las autonom¨ªas. El punto de acercamiento puede estar en una cesi¨®n parcial del IRPF -un porcentaje de la recaudaci¨®n- lo que, seg¨²n fuentes de Hacienda, deber¨ªa en su caso implantarse en todas las autonom¨ªas a la vez por criterios de eficacia.

Responsables

Otra forma de corresponsabilizaci¨®n ser¨ªa dar voz y voto a las comunidades aut¨®nomas en las decisiones en materia fiscal. Aqu¨ª las dos opciones estar¨ªan entre dar entrada a los consejeros de Hacienda en la nueva Agencia Tributar¨ªa o que sea el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, que ya existe, el que act¨²e como organismo de consulta. La preocupaci¨®n de las autoridades econ¨®micas sobre el control del gasto p¨²blico y el endeudamiento de las comunidades aut¨®nomas se abordar¨¢ tambi¨¦n en esta segunda negociaci¨®n. Se trata de buscar un compromiso para reducir el d¨¦ficit p¨²blico y, a la vez, solucionar los problemas de tesorer¨ªa de las comunidades aut¨®nomas. Su queja es que el retraso con que reciben las transferencias del Estado les precipita al endeudamiento. La Administraci¨®n central, por su parte, intentar¨¢ cerrar un acuerdo que permita controlar el gasto ya que las autonom¨ªas gestionan cada vez un mayor volumen de recursos p¨²blicos.