El Gobierno adopta criterios para evitar leyes confusas que aumentan los pleitos judiciales

Los ministros tendr¨¢n que aplicarse en 1992 para cumplir el reciente acuerdo del Gobierno por el que se dan directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de ley, en beneficio de la seguridad jur¨ªdica y de la reducci¨®n de los pleitos ante los tribunales. El ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, impulsor de? acuerdo, ha declarado que cada anteproyecto de ley debe "evaluar los costes y prever sus repercusiones". Seg¨²n Zapatero, de haberse observado estos criterios, "algunas de las 700 leyes aprobadas desde la Constituci¨®n de 1978 se habr¨ªan podido evitar".

As¨ª ocurre, al menos, con algunos preceptos. La primera de las leyes aprobadas por el Parlamento despu¨¦s de la Constituci¨®n de 1978, la Ley Org¨¢nica General Penitenciaria 1/ 1979, establece en su art¨ªculo 19: "Todos los internos se alojar¨¢n en celdas individuales". Si las razones de que este art¨ªculo siga sin cumplirse 12 a?os despu¨¦s de su entrada en vigor son de tipo presupuestario, como suelen alegar los sucesivos responsables del Ministerio de Justicia, una adecuada evaluaci¨®n de los costes econ¨®micos hubiera evitado una norma contumazmente incumplida.Zapatero se?ala que muchas leyes son innecesarias y que, para evitar una profusa actividad legislativa, el redactor del anteproyecto de ley debe contestar a las siguientes preguntas: "?La futura ley obedece a un mandato constitucional?, ?se trata de una obligaci¨®n internacional o derivada de una directiva de la CE?, ?viene a llenar una laguna legislativa?". El criterio de Zapatero es que s¨®lo cuando la respuesta a alguna de estas preguntas sea afirmativa, debe seguirse adelante con el texto.

Seguridad jur¨ªdica

Una vez tomada esta decisi¨®n, el ministro correspondiente y su equipo deben evaluar el coste econ¨®mico del anteproyecto, estudiar sus repercusiones jur¨ªdicas respecto a la CE y a las administraciones auton¨®micas y locales y analizar asimismo las consecuencias litigiosas que puede desencadenar. Si a la vista de todas estas reflexiones se sigue adelante Con el anteproyecto de ley, en su elaboraci¨®n deber¨¢ entonces cumplirse el acuerdo del Gobierno, cuyo objetivo es Ia realizaci¨®n del principio de la seguridad jur¨ªdica proclamado por nuestra Constituci¨®n" y la "claridad y precisi¨®n, rigor y exactitud, coherencia y armon¨ªa".

El texto del acuerdo gubernamental advierte que la mejora de los anteproyectos de ley tiene como fin que "los proyectos de ley que el Gobierno remita al Congreso de los Diputados obedezcan a unos criterios t¨¦cnicos homog¨¦neos, pero sin que ello afecte en modo alguno a la plena y exclusiva potestad de las C¨¢maras para deliberar y decidir libremente sobre el contenido y la forma del proyecto que el Gobierno les remita".

Entre las directrices aprobadas figura la relativa a la denominaci¨®n de la futura ley -que "deber¨¢ ser precisa y completa, pero tambi¨¦n breve y concreta"- y a la exposici¨®n de motivos, que deber¨¢ figurar en "todos los anteproyectos de ley". Tal exposici¨®n debe contener, "breve y concisamente", los objetivos del anteproyecto y las competencias en virtud de las cuales se dicta, "y evitar¨¢ en todo caso", dice el acuerdo del Gobierno, "las exhortaciones, declaraciones did¨¢cticas o laudatorias u otras an¨¢logas".

Un ejemplo de ese tipo de expresiones a evitar fue el inicial anteproyecto de Ley Org¨¢nica sobre Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana -conocido como ley Corcuera-, elaborado por los catedr¨¢ticos y altos cargos del Ministerio del Interior Santiago Varela y V¨ªctor Moreno Catena. En su exposici¨®n de motivos figuraban varios p¨¢rrafos -desaparecidos en la ulterior tramitaci¨®n del texto- en los que se resaltaba que la ley era "trascendental ( ... ) para la vida de la comunidad nacional, para el fomento de Virtudes c¨ªvicas y para el estatuto constitucional de los ciudadanos que la integran".

El acuerdo gubernamental ofrece directrices para la correcta estructuraci¨®n de la parte dispositiva del anteproyecto y para su redacci¨®n. "Cada art¨ªculo, un tema; cada p¨¢rrafo, una oraci¨®n; cada oraci¨®n, una idea", ordena, a modo de un Libro de estilo. Tambi¨¦n da las pautas para la sistematizaci¨®n de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, y advierte que los mandatos no dirigidos a la producci¨®n de normas jur¨ªdicas "se usar¨¢n restrictivamente, estableci¨¦ndose, en su caso, el plazo dentro del que debe cumplirse el mandato".

Por lo que se refiere a las habilitaciones para el desarrollo reglamentario, el acuerdo del Gobierno responde a una filosofia contraria a la expresi¨®n atribuida al conde de Romanones: "Que otros hagan las leyes; dejadme a m¨ª hacer los reglamentos". El Gobierno indica que no deben hacerse "habilitaciones gen¨¦ricas" y que las que se hagan "acotar¨¢n con precisi¨®n el ¨¢mbito material y los principios y criterios que habr¨¢ de contener el futuro reglamento".

Seg¨²n Virgilio Zapatero, directrices de este car¨¢cter existen en Estados Unidos, Reino Unido y resto del mundo anglosaj¨®n, as¨ª como en Alemania, mientras que en Francia e Italia comienzan a adoptarse criterios similares, que la CE tiene actualmente en gestaci¨®n.