La Casa de la Cultura de Torrelodones es de propiedad particular
La Casa de la Cultura de Torrelodones es de propiedad privada, seg¨²n se desprende de la letra peque?a de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Torrelodones y los propietarios de al menos dos fincas de sta localidad, uno de ellos Luis Felipe de Mollinedo. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid aportaron los 500 millones que cost¨® el edificio. Seg¨²n el concejal de Cultura y Hacienda, Carlos Amell Perales, el valor actual del edificio, inaugurado hace cinco a?os, sobrepasa los 1.000 millones de pesetas.El problema surge de un convenio firmado en 1985 entre el Ayuntamiento y los propietarios del solar donde se ubica la Casa de la Cultura y de la finca r¨²stica El Enebrillo, de 45 hect¨¢reas. El documento permite la construcci¨®n de 220 chal¨¦s en El Enebrillo a cambio de la cesi¨®n, por parte de los mismos propietarios, de la parcela de 2.000 metros cuadrados, ubicada en el casco urbano, donde se ha construido la Casa de la Cultura.
Una de las cl¨¢usulas del convenio por el que se autorizan las obras se?ala: "Todas las obras realizadas al amparo de la autorizaci¨®n anterior quedar¨¢n a beneficio de la actual, propiedad, de no realizarse la transmisi¨®n de la mencionada finca en los t¨¦rminos acordados, no teniendo, por tanto, nada que reclamar ese Ayuntamiento". De hecho, la transmisi¨®n qued¨® paralizada al impugnar el convenio la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional anul¨® el acuerdo al prosperar el recurso contra el mismo de un grupo ecologista.
Mientras tanto, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha permitido la construcci¨®n de 220 chal¨¦s en El Enebrillo. El grupo ecologista Aedenat ha presentado un recurso contra esta sentencia en la Sala n¨²mero 2 de lo Contencioso Administrativo, mientras que la Agencia de Medio Ambiente (AMA) ha puesto el grito en el cielo al conocer el fallo, al considerar la zona de "un extraordinario valor ecol¨®gico". El director de AMA, Luis Maestre, ha anunciado que estudia f¨®rmulas para evitar que la finca se urbanice y que se tomar¨¢n medidas para protegerla antes de que el Supremo decida.
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