El ajuste para la uni¨®n monetaria dificulta el pacto social en la CE
Los planes de convergencia elaborados para lograr la uni¨®n monetaria aumentan las divergencias entre los doce pa¨ªses miembros de la CE sobre el contenido y el grado de aplicaci¨®n del protocolo social que fue aprobado en la cumbre de Maastricht celebrada el pasado 11 de diciembre.
El Consejo informal de Asuntos Sociales de la CE, celebrado el jueves en la localidad de Alvor, en el Algarve portugu¨¦s, decidi¨® adem¨¢s darse un nuevo comp¨¢s de espera hasta las elecciones brit¨¢nicas para comenzar a definir la Europa social.Un triunfo laborista el pr¨®ximo 9 de abril permitir¨ªa al Reino Unido aceptar el protocolo sobre pol¨ªtica social incluido en el tratado de Maastricht, que deja a los brit¨¢nicos al margen de cualquier compromiso en este terreno. Incluso un triunfo conservador obligar¨ªa a reconsiderar esa exclusi¨®n, seg¨²n admitieron ayer fuentes de la delegaci¨®n brit¨¢nica.
En el lado positivo de la balanza est¨¢ la imposibilidad de evitar convenios colectivos a nivel europeo si los interlocutores sociales se ponen de acuerdo. Como precedente est¨¢ el pacto en la multinacional Volkswagen para crear un comit¨¦ intercentros de todas sus empresas.A pesar de la posibilidad que se abre, una vez ratificado el Tratado de Uni¨®n Europea, para que empresas y sindicatos puedan establecer convenios colectivos europeos, muchos pa¨ªses anteponen la prioridad de mantener m¨¢rgenes de competencia de cara al mercado ¨²nico y la uni¨®n monetaria. La muestra es que en la reuni¨®n de ayer, la primera convocada para analizar el impacto social del acuerdo de Maastricht, estuvieron ausentes los ministros de siete pa¨ªses (Espa?a, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, B¨¦lgica y Grecia).
Plan espa?ol
El titular espa?ol de Trabajo, Luis Mart¨ªnez Noval, se vio retenido en Madrid por la discusi¨®n del plan de convergencia en Consejo de Ministros. El Gobierno pretende, antes de que entre en vigor el tratado de Maastricht, reducir el gasto por desempleo y prestaciones sanitarias para ayudar a recortar el d¨¦ficit p¨²blico. Espa?aconfia en mantener costes laborales m¨¢s bajos con las posibilidades que abrir¨ªa la futura directiva de la CE sobre trabajo at¨ªpico, cuyo debate ha sido postergado al pr¨®ximo semestre, bajo presidencia brit¨¢nica.Carlos Navarro, subsecretario de Trabajo, afirm¨® que "Espa?a defiende un impulso al di¨¢logo social y est¨¢ en contra de la limitaci¨®n de la propuesta portuguesa, que condiciona la validez de los convenios europeos a su aprobaci¨®n posterior por los Doce". Se neg¨® sin embargo a valorar el posible deterioro de la protecci¨®n social en Espa?a, porque "la posici¨®n la va a fijar el Gobierno". Los pa¨ªses del Sur de la CE han sido acusados por los del Norte como posible refugio de dumping social, pero ahora la amenaza se extiende a Gran Breta?a.
La directiva sobre regulaci¨®n de jornada (horas m¨¢ximas de trabajo semanal y descansos m¨ªnimos obligatorios) en la CE es la ¨²nica importante en la agenda de la presidencia portuguesa. Esta norma se enfrenta al veto del Reino Unido y el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales previsto para el 6 de abril tendr¨¢ que ser aplazado para no interferir en el proceso electoral brit¨¢nico.
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