El Consejo del Poder Judicial propone al Gobierno que no se penalice a las mujeres que decidan abortar

El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de C¨®digo Penal elaborado por el Ministerio de Justicia ofrecer¨¢ como f¨®rmula para ampliar la despenalizaci¨®n del aborto a?adir al sistema de indicaciones la socioecon¨®mica y establecer que la decisi¨®n final de la mujer, previas consultas y ofertas de asistencia, no ser¨¢ penalizable, seg¨²n el borrador elaborado por el vocal del CGPJ y catedr¨¢tico de Derecho Penal Tom¨¢s S. Vives Ant¨®n. En materia de delitos contra la libertad sexual se propone elevar la pena para la violaci¨®n violenta, que sugiere distinguir de la que no lo es.

En los 130 folios de que consta el borrador de informe, el estudio dedicado al aborto -solicitado al CGPJ por el ministro de Justicia, Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo, para llenar la laguna del anteproyecto, que mantiene en esencia la legislaci¨®n vigente- ofrece sugerencias novedosas. En primer lugar, a la despenalizaci¨®n del aborto por embarazo derivado de delito contra la libertad sexual, ya incorporada por el anteproyecto, se propone agregar los casos de concepci¨®n como consecuencia del nuevo delito de inseminaci¨®n artificial no consentida.El borrador de informe -que debatir¨¢ la comisi¨®n de estudios del CGPJ antes de su elevaci¨®n al pleno para la aprobaci¨®n definitiva- se plantea "el problema de la legitimidad constitucional" de la ampliaci¨®n de la despenalizaci¨®n del aborto. Estima que la introducci¨®n de la indicaci¨®n socioecon¨®mica no plantea "ning¨²n problema de constitucionalidad", mientras que considera "m¨¢s delicado" abrir el sistema de indicaciones hacia la posibilidad de que sea Ia mujer quien tome la decisi¨®n final".

"Carga insoportable"

Sobre esta hip¨®tesis, analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, incluidos los votos particulares, y recuerda que uno de los fundamentos jur¨ªdicos de la dictada por el alto tribunal el 11 de abril de 1985 con sider¨® que el legislador "puede tambi¨¦n renunciar a la sanci¨®n penal de una conducta que objetivamente pudiera representar una carga insoportable". El informe plantea si "una maternidad impuesta contra la decisi¨®n reflexiva y rotunda de la madre no puede, desde el punto de vista de la renuncia [del Estado] al castigo, ser considerada como una carga insoportable, problema de proporcionalidad que, en principio, corresponde al legislador".

En l¨ªnea con la soluci¨®n que se est¨¢ abriendo en Alemania, tras haber rechazado el Tribunal Constitucional de aquel pa¨ªs la ley de plazos, el borrador de informe concluye que "un sistema de indicaciones, con las debidas consultas y ofertas de asistencia que garantizasen la firmeza y seriedad de la decisi¨®n de la madre -y, por consiguiente, la seriedad del conflicto-, no podr¨ªa ser declarado inconstitucional, ni aun en el supuesto de que el tribunal continuase anclado en la l¨ªnea argumental de su decisi¨®n anterior". Sugerida la posibilidad constitucional de la ampliaci¨®n, el informe recuerda que la decisi¨®n corresponde "enteramente a la mayor¨ªa absoluta del Parlamento y, en ¨²ltima instancia, a la voluntad del conjunto de los ciudadanos".

Por lo que se refiere a los delitos contra la libertad sexual, el informe avala la desaparici¨®n de la violaci¨®n bucal, en apoyo de la cual cita al catedr¨¢tico de Derecho Penal Francisco Mu?oz Conde. Sin embargo, considera que "Ia regulaci¨®n de la violaci¨®n no resulta plenamente satisfactoria, pues sigue la l¨ªnea tradicional de otorgar un tratamiento id¨¦ntico a las distintas clases de violaci¨®n, siendo as¨ª", razona, "que valorativamente suscitan una reprobaci¨®n muy distinta".

Violaciones diferentes

La sugerencia que en este punto realiza consiste en "distinguir entre la violaci¨®n violenta o intimidatoria y las restantes". Propone que para la primera se establezca una pena de ocho a 14 a?os y para las dem¨¢s de seis a 10 a?os. El anteproyecto prev¨¦ para todos los casos de violaci¨®n que contempla una pena de ocho a 12 a?os de c¨¢rcel.

Por otra parte, la atenuaci¨®n de las penas que el anteproyecto de C¨®digo Penal hace de algunos supuestos de eutanasia activa es considerado correcto. La raz¨®n es que "el debate sobre la eutanasia apenas ha comenzado en la sociedad espa?ola y, desde luego, sin ese debate no puede irse m¨¢s all¨¢ de lo que resulte f¨¢cilmente aceptable para todos".

La supresi¨®n del infanticidio, que permite actualmente rebajar la pena cuando se mata al hijo reci¨¦n nacido para defender el honor, es considerada correcta. M¨¢s discutible considera el informe la supresi¨®n del delito de parricidio, desde un punto de vista pol¨ªtico-criminal. La mejor defensa de esta supresi¨®n la hizo el mes pasado en Sevilla uno de los padres del anteproyecto, el catedr¨¢tico de Derecho Penal Gonzalo Quintero, quien resalt¨® que las relaciones de familia no siempre deben considerarse agravantes y record¨® casos en que la muerte del familiar sigui¨® a una convivencia insoportable.