Teledemocracia

Es curioso observar que, mientras el volumen y la variedad de competencias del Estado se han multiplicado espectacul armente en los ¨²ltimos decenios, el voto para decidir sobre ellas sigue siendo casi tan limitado como hace 200 o 300 a?os. Este desfase, poco advertido habitualmente, ha destrozado o hecho inviable la representaci¨®n a trav¨¦s de los antiguos partidos de masas, cada vez m¨¢s alejados del p¨²blico e imbricados con el aparato estatal, y seguramente podr¨ªa explicar buena parte del malestar que parecen experimentar amplios sectores de ciudadanos en las democracias consolidadas.De lo primero, la expansi¨®n de la intervenci¨®n estatal, hay ya una amplia conciencia. Vale se?alar que el proceso ha seguido un ritmo acelerado. Desde la Primera Guerra Mundial, y sobre todo en los ¨²ltimos 30 a?os, las magnitudes se han multiplicado. Se comprueba a trav¨¦s de la medici¨®n de la parte que suponen los funcionarios en el empleo global, la masa legal de regulaciones de las actividades privadas o -el indicador m¨¢s habitual- el porcentaje de gasto p¨²blico sobre la renta nacional, que se ha situado ya en torno a un 50% como media en los pa¨ªses de la Comunidad Europea. Sin embargo, ni siquiera estos datos relativos acaban de dar una imagen suficiente del volumen de la intervenci¨®n estatal, ya que, al haber aumentado tambi¨¦n las magnitudes de referencia, como la poblaci¨®n activa o la renta nacional, de hecho conllevan un crecimiento mucho mayor de los recursos realmente, disponibles por los gobernantes.

La respuesta neoliberal, que triunf¨® en algunos pa¨ªses en los a?os ochenta, ha subrayado las consecuencias de ineficiencia de tal intervencionismo estatal. Consiguientemente, se ha centrado en un programa de privatizaciones y desregulaciones que tiende a sustituir las decisiones vinculantes tomadas por las clases pol¨ªtica y administrativa por acuerdos pactados entre agentes privados. La v¨ªctima habitualmente identificada de esta prioridad a la eficiencia es la redistribuci¨®n. Pero es posible subrayar tambi¨¦n que el neoliberalismo econ¨®mico no necesariamente implica mayores oportunidades de participaci¨®n democr¨¢tica de la sociedad.

. ?stas siguen b¨¢sicamente limitadas, como en los m¨¢s remotos or¨ªgenes de los reg¨ªmenes representativos, al voto global e infrecuente (a menudo, menos frecuente a¨²n que en las primeras ¨¦pocas de sufragio popular). Pero las cuestiones que, a partir de ese voto simple, van a ser decididas colectivamente son cada vez m¨¢s enormes y complejas. Y por ello, al elector no le queda m¨¢s remedio que decantar su elecci¨®n de partido en funci¨®n de alguna cuesti¨®n concreta que considere prioritaria (como los impuestos, las pensiones, la fiabilidad democr¨¢tica del partido o las condiciones del candidato), aun a pesar de su probable desacuerdo o ignorancia sobre las pol¨ªticas que, en caso de llegar al Gobierno, el partido elegido realizar¨¢ en muchos otros temas. La sensaci¨®n que ello provoca es que se da a los gobernantes un enorme margen de decisi¨®n aut¨®noma, no emanada del mandato de los electores.

La desproporci¨®n entre el gran poder real de toma de decisiones de los gobernantes y la relativamente peque?a influencia de los ciudadanos en las mismas se agrava si concurren otros factores, como la mayor¨ªa absoluta de un solo partido, el incumplimiento de las pocas promesas electorales claras y concretas con las que el elector se ha podido identificar al emitir su voto o la corrupci¨®n. Pero no hay duda de que, en cualquier caso, el crecimiento de la intervenci¨®n estatal incrementa el volumen de decisiones p¨²blicas que quedan fuera de la decisi¨®n y el control popular.

Junto a la reducci¨®n neoliberal del Estado, la otra posible alternativa, que cabr¨ªa llamar neodemocr¨¢tica, pondr¨ªa el acento en la decisividad del voto ciudadano. Para avanzar en ella, las votaciones han de ser m¨¢s frecuentes y pormenorizadas, es decir, por temas. Y, al mismo tiempo, han de ser capaces de superar el obst¨¢culo de los altos costes de la acci¨®n -informarse, deliberar, emitir el sufragio- que la generalizaci¨®n de los comicios podr¨ªa conllevar.

Hay varias v¨ªas para innovar en las formas y ampliar las oportunidades de participaci¨®n en esa l¨ªnea. La primera son los referendos locales, de bajo coste de organizaci¨®n y gran capacidad de suscitar el inter¨¦s de los ciudadanos por los problemas que les son m¨¢s pr¨®ximos. Suiza y algunos Estados de Norteam¨¦rica tienen en este terreno una notable tradici¨®n. No parece que los niveles relativamente bajos de participaci¨®n que en ellos se suelen producir invaliden su eficacia, sino al contrario, ya que de hecho votan aquellos ciudadanos que m¨¢s intensamente interesados se hallan en el tema de que se trata. A diferencia de lo que sucede cuando se votan todos los temas juntos en una sola papeleta de partido, no se obliga a los dem¨¢s, m¨¢s bien indiferentes, a interferir con sus opiniones mezcladas sobre muchos otros temas, tal vez en perjuicio de la m¨¢s amplia satisfacci¨®n.

Una segunda v¨ªa est¨¢ apuntada por los m¨¢s recientes avances t¨¦cnicos para realizar estudios de opini¨®n mediante encuestas y en los buenos augurios de la telem¨¢tica, la telefon¨ªa y la televisi¨®n. Como todos sabemos, hoy ya es perfectamente viable obtener, en pocas horas o minutos, una expresi¨®n de la opini¨®n de la ciudadan¨ªa ante una medida pol¨ªtica, un proyecto legislativo, una decisi¨®n adn¨²nistrativa o las posturas enfrentadas en un debate televisado. De hecho, los pol¨ªticos a menudo consideran estos sondeos como muy fiables, hasta el punto de retirar o. modificar una medida si advierten una reacci¨®n adversa mayoritaria (como ocurri¨®, por ejemplo, en Espa?a con el proyecto de revisi¨®n catastral). Pero tales expresiones de la opini¨®n ciudadana no dejan de dar un notable margen de maniobra a los gobernantes, ya que no son, desde luego, vinculantes y a menudo son utilizadas para intrigar en su propio provecho por quienes gozan del acceso privilegiado a esa informaci¨®n.

A caballo de la incipiente difusi¨®n de la televisi¨®n interactiva, en Estados Unidos existen otras experiencias recientes de participaci¨®n con mayor capacidad decisoria. De hecho, en ciudades como Columbus (Ohio) y Reading (Pensilvania), hace ya m¨¢s de 10 a?os que se han introducido el voto televisivo y los debates semanales, con inclusi¨®n de llamadas telef¨®nicas y la posibilidad de aparici¨®n ante una c¨¢mara instalada en una tienda de v¨ªdeo del vecindario para plantear preguntas o hacer propuestas en p¨²blico. En los ¨²ltimos cuatro a?os, en la californiana Santa M¨®nica, los ordenadores dom¨¦sticos y los instalados en las bibliotecas p¨²blicas han sido usados para conocer las opiniones de los ciudadanos sobre temas en discusi¨®n. Incluso se ha organizado un debate informatizado entre los precandidatos dem¨®cratas a la presidencia en la presente campa?a electoral.

Estos mecanismos requieren del ciudadano menos resignaci¨®n pasiva al tedioso bombardeo de propaganda, caracter¨ªstico de una campana entre partidos, e incentivan su implica" ci¨®n en cuestiones de inter¨¦s com¨²n. No significa ello que los partidos que compiten en las elecciones generales y constituyen los parlamentos pierdan su raz¨®n de ser, sino al contrario, que asuman su condici¨®n de maquinarias formadas por profesionales de la pol¨ªtica y acepten que han dejado de ser canales de agregaci¨®n ideol¨®gicamente coherentes de las demandas ciudadanas. A ellos corresponde un papel m¨¢s responsable en la selecci¨®n y ¨¦nfasis de los problemas que ser¨¢n sometidos a votaci¨®n y en la elaboraci¨®n y presentaci¨®n de los programas y alternativas. Pero sin que tengan que monopolizar en sus estrechos cauces las oportunidades de intervenci¨®n de los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas.

Ante el crecimiento desbocado del Estado caben, pues, varias alternativas. Una es, como queda dicho, la reducci¨®n de los ¨¢mbitos de su intervenci¨®n sobre la ciudadan¨ªa. La otra consiste, por el contrario, en incrementar la intervenci¨®n de los ciudadanos sobre el Estado. Las dificultades para avanzar por esta v¨ªa pueden ser m¨¢s o menos grandes. Pero no hay duda de que, por ejemplo ante un decreto-ley aprobado por una mayor¨ªa parlamentaria sin que de ¨¦l se hubiera hablado lo m¨¢s m¨ªnimo en la campa?a de las elecciones que la crearon, siempre ser¨¢ m¨¢s barato y c¨®modo, as¨ª como m¨¢s fiable y legitimador del resultado, dar a los ciudadanos la opci¨®n de votar por cable que mediante una huelga general.

Josep M. Colomer es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC.