La reforma que propone el Gobierno vulnera la Constituci¨®n, seg¨²n algunos catedr¨¢ticos

Especialistas en Derecho del Trabajo y en Derecho Constitucional consideran que la reforma del Instituto Nacional de Empleo que propone el Gobierno tiene un dif¨ªcil encaje en el marco legal vigente. En concreto, los expertos consultados creen que la reforma supondr¨ªa, en el mejor caso, "una lectura osada" del art¨ªculo 41 de la Constituci¨®n. Dicho art¨ªculo establece que los poderes p¨²blicos mantendr¨¢n un r¨¦gimen p¨²blico de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo".Para el constitucionalista y ex ministro de Trabajo con UCD, Manuel Jim¨¦nez de Parga "la reforma, tal y como ha sido expuesta, no tiene encaje en la Constituci¨®n". El art¨ªculo 41, seg¨²n Jim¨¦nez de Parga, recoge, no por casualidad, el t¨¦rmino "r¨¦gimen p¨²blico". En su opini¨®n, no cabe la excusa de que ser¨ªa posible, como en otros casos, la gesti¨®n privada de un servicio p¨²blico "puesto que el art¨ªculo 41 no habla de servicio, sino de r¨¦gimen p¨²blico".

El constitucionalista Diego L¨®pez Garrido comparte la idea de que la reforma es inconstitucional puesto que "si no contempla al Estado como garante ¨²ltimo y asegurador de las prestaciones, choca con el art¨ªculo 41 de la Constituci¨®n".

M¨¢s moderado, el catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo, Juan Antonio Sagardoy, considera que "ser¨ªa posible una lectura osada del art¨ªculo 41 [en el sentido que propone el Gobierno], considerando las prestaciones contributivas como un complemento de un sistema b¨¢sico y asegurado por el Estado centrado en las pensiones asistenciales". No obstante, puntualiza que tal lectura supondr¨ªa "un giro de 180 grados en el sistema de Seguridad Social, criticable desde el punto de vista cuantitativo y menos solidario que el actual". Frente a la visi¨®n jur¨ªdica, el economista y premio Pr¨ªncipe de Asturias 1992, Juan Velarde, asegur¨® ayer que la reforma adelantada por el ministro Solchaga supondr¨¢ "una importante mejora" para el Inem, "una instituci¨®n que estaba anquilosada". La pol¨¦mica en torno al art¨ªculo 41 de la Constituci¨®n no es nueva y se plante¨® antes de la reforma de la ILT. El Gobierno estudi¨® pasar su gesti¨®n a una mutua, pero, seg¨²n el Ministerio de Trabajo, tendr¨ªa dif¨ªcil encaje legal fijar una cotizaci¨®n obligatoria para una entidad desvinculada del sistema p¨²blico de Seguridad Social.