Moreiras rechaza la querella de KIO contra De la Rosa al no encontrar delitos tipificados

El juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, decidi¨® ayer no admitir a tr¨¢mite la querella presentada por KIO contra Javier de la Rosa y otros seis de sus anteriores administradores en Espa?a por considerar que los hechos denunciados no constituyen delito en el actual C¨®digo Penal o que los quere?antes no han aportado prueba indiciaria alguna de los delitos que atribuyen a De la Rosa y su equipo. El juez, no obstante, mantiene que la tramitaci¨®n de la suspensi¨®n de pagos del Grupo Torras, que sigue el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 20 de Madrid, puede aportar pruebas de delito si considera que la sociedad se encuentra en quiebra fraudulenta. Si es as¨ª, el caso volver¨ªa a la Audiencia Nacional.

La no admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella, supone un duro golpe para los nuevos gestores de KIO, ya que las diligencias penales abiertas por el juez Moreiras quedan en suspenso y s¨®lo si el juez Jos¨¦ Mar¨ªa Pereda Laredo -titular del Juzgado n¨²mero 20- aprecia indicios de delito en la conducta del equipo de De la Rosa remitir¨ªa a la Audiencia Nacional el correspondiente testimonio para la depuraci¨®n de responsabilidades. En el caso de que el juez Pereda declare quiebra fraudulenta o insolvencia, Moreiras se declara competente para conocer los hechos.La decisi¨®n de Moreiras tambi¨¦n choca con la postura mantenida por el fiscal general del Estado, Eligio Hern¨¢ndez, quien el pasado viernes aconsej¨® al fiscal encargado del caso que emitiese un informe favorable para que se admitiese la querella en contra de la opini¨®n de la junta de fiscales de la Audiencia Nacional. Seg¨²n el Estatuto del Ministerio Fiscal, las instrucciones del superior jer¨¢rquico son de obligado cumplimiento.

El juez Moreiras, al igual que los fiscales de la Audiencia, considera que las operaciones denunciadas en las que supuestamente De la Rosa y su equipo se enriquecieron con m¨¢s de 120.000 millones de pesetas en perjuicio de las sociedades que administraban, pudieran calificarse de administraci¨®n fraudulenta o desleal, "pero ese hecho no constituye delito ya que todav¨ªa no se ha incluido en el C¨®digo Penal". El propio Moreiras destaca, en el auto sobre la querella, que se ha propuesto la inclusi¨®n de esos delitos en el nuevo texto legal que est¨¢ actualmente en tramitaci¨®n. Pero, aunque fuera aprobado, las leyes penales no pueden aplicarse con car¨¢cter retroactivo, por lo que no afectar¨ªa a este caso.

Quebranto econ¨®mico

El magistrado admite que el quebranto econ¨®nomico denunciado por los querellantes es de tal intensidad que ha llevado a la sociedad a la suspensi¨®n de pagos. "Nos hallamos", dice Moreiras, "ante una situaci¨®n de insolvencia de una entidad, con grave perjuicio patrimonial para multitud de afectados que, si como afirma la querellante, ha sido consecuencia de la administraci¨®n fraudulenta de los querellados, ¨¦stos habr¨ªan cometido los delitos, o alguno de ellos, acabados de mencionar". Moreiras se refiere a alzamiento de bienes en perjuicio de acreedores, quebrados o insolventes fraudulentos, previstos y penados en los art¨ªculos 519, 520, 521 y siguientes del C¨®digo Penal.

No obstante, el juez precisa que la declaraci¨®n de insolvencia fraudulenta en el proceso civil es "un requisito de procedibilidad que impide la tramitaci¨®n y persecuci¨®n en la v¨ªa penal de esas conductas". Si se cumpliera esa condici¨®n, los supuestos de administraci¨®n desleal, como haber ocultado en el balance dinero o cr¨¦ditos, haber aplicado a negocios propios fondos o efectos ajenos que les estuvieran encomendados, haber ocultado ventas de bienes a los propietarios, etc., no quedar¨ªan exentos de responsabilidad penal.

Respecto a la compra de un avi¨®n Falcon por De la Rosa, el juez se?ala que el juzgado ya abri¨® diligencias por ese hecho en 1992, pero que el caso fue archivado, y la decisi¨®n no fue recurrida en su d¨ªa. Sobre el presunto delito fiscal que se imputa al financiero catal¨¢n, el magistrado precisa que el simple enunciado de un delito no basta para iniciar un procedimiento penal, y los querellantes no aportan prueba alguna.

Por ¨²ltimo, el juez considera que la posibilidad de que 1.400 personas pierdan su puesto de trabajo refuerza su tesis de que es preferente el juicio ejecutivo universal sobre el proceso penal.

Mientras tanto, siguen los problemas de viabilidad de las empresas del grupo. Ayer, Torraspapel anunci¨® que necesita de forma inmediata 4.000 millones de pesetas y que la plantilla debe ajustarse en un 30% del total (1.350 puestos de trabajo sobre un total de 4.700), informa Europa Press. En Cartagena contin¨²an los encierros de trabajadores por el cierre de las dos plantas que FESA-Enfersa, filial del grupo, tiene en dicha ciudad.

La Mesa del Congreso acord¨®, por unanimidad, admitir a tr¨¢mite las 70 solicitudes de informe que ha formulado, sobre las operaciones del grupo KIO, el diputado del PP, Alvarez Cascos, informa

Rafael Rib¨®, presidente de Iniciativa per Catalunya (IC) manifest¨® ayer que las alabanzas de Jordi Pujol lanz¨® sobre Javier de la Rosa "pueden convertirse en una bomba de relojer¨ªa situada sobre la mesa de Pujol".