El Gobierno canario, al borde de la ruptura por la reforma del R¨¦gimen Econ¨®mico Fiscal
El Gobierno canario mantiene un tenso debate con el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda para desbloquear la negociaci¨®n del R¨¦gimen Econ¨®mico Fiscal (REF), del que depende el desarrollo de las islas tras su plena integraci¨®n en la Comunidad Europea (CE). La negativa del ministro Carlos Solchaga a algunas de las principales reivindicaciones de Canarias vuelve a colocar ahora al Ejecutivo aut¨®nomo, formado por el PSOE y las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), al borde de la ruptura.
El presidente canario, Jer¨®nimo Saavedra, del PSOE, se ha reunido en los ¨²ltimos d¨ªas con Felipe Gonz¨¢lez y ha estado en contacto con Solchaga, pero a¨²n no ha sido posible un acuerdo, tal como reconoci¨® Gonz¨¢lez en el reciente debate parlamentario sobre el paro. El vicesecretario socialista portavoz de dicho partido en el Parlamento canario, Augusto Brito, intent¨® d¨ªas atr¨¢s convencer a los secretarios de Estado de Econom¨ªa y Hacienda. Saavedra anunci¨®, tras la ¨²ltima reuni¨®n el viernes pasado de su Gobierno, que esta semana ser¨¢ decisiva "para saber si habr¨¢ o no ley econ¨®mica", con lo que se abre una etapa de grave crisis pol¨ªtica en esta comunidad aut¨®noma.Las organizaciones empresariales de Canarias han iniciado una ofensiva final ante el Gobierno central para forzar la aprobaci¨®n de las bases econ¨®micas del REF. La protesta de la patronal canaria, que comenz¨® el pasado martes con el cierre de las empresas y la movilizaci¨®n, seg¨²n su propio balance, de 20.000 personas, ha dado paso a algunas voces entre sus dirigentes partidarias de reabrir el delicado cap¨ªtulo de la integraci¨®n del archipi¨¦lago en la Comunidad Europea (CE). "Si la respuesta de Madrid no es satisfactoria, habr¨ªa que pensar en salir de la CE", declar¨® el presidente de la C¨¢mara de Comercio de Las Palmas, ?ngel Ferrera.
Tres contenciosos
Carlos Solchaga ha rebajado en los ¨²ltimos d¨ªas la tensi¨®n creada entre su departamento y el Gobierno aut¨®nomo. En v¨ªsperas de una pr¨®xima visita de Felipe Gonz¨¢lez a las islas, anuncia ahora que conf¨ªa en cerrar pronto los contenciosos planteados entre Canarias y Madrid. Son tres: econ¨®mico, fiscal y de financiaci¨®n.
El primero de los conflictos citados se refiere a las bases pendientes del REF o ley econ¨®mica, que permitir¨¢ dibujar el nuevo modelo de desarrollo de las islas. Por otra parte, la desavenencia fiscal se debe a la aplicaci¨®n desde el pasado mes de enero del pol¨¦mico Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), una especie de IVA canario, con el que se acaban las tradicionales franquicias al consumo de las islas y que los empresarios se han negado a pagar al tiempo que lo han recurrido.
La tercera gran cuesti¨®n es nada menos que el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, suscrito por las comunidades desde hace un a?o, menos Canarias.
El presidente del Gobierno aut¨®nomo, Jer¨®nimo Saavedra, se reunir¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas con Solchaga para intentar desbloquear cada uno de estos frentes. Saavedra no oculta su malestar por la poca sensibilidad de Solchaga hacia las islas. Conf¨ªa en que el secretario de Estado de Econom¨ªa, Pedro P¨¦rez, d¨¦ a conocer la ley econ¨®mica antes de 15 d¨ªas, "ya que, si no, habr¨ªa que esperar a despu¨¦s de las elecciones".Dos son los principales escollos en esta negociaci¨®n: los incentivos fiscales a la inversi¨®n (los empresarios piden hasta un 50% de deducci¨®n del impuesto de sociedades) y a la exportaci¨®n, as¨ª como las subvenciones al transporte, que se traducen en colocar a las islas productivamente en C¨¢diz. Inversi¨®n en infraestructuras
Junto a estas desavenencias permanece abierto el contencioso de la financiaci¨®n de la comunidad aut¨®noma por parte del Estado. A pesar de que el Gobierno canario acepta como buena la contribuci¨®n estatal cifrada en 126.000 millones de pesetas del a?o 90, no firm¨® en su momento el acuerdo por discrepar sobre las inversiones en carreteras.
Canarias aspiraba a un programa de 150.000 millones de pesetas durante diez a?os para infraestructuras, pero el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda lo vet¨®, y la alternativa, finalmente consensuada pero no firmada a¨²n, es mucho m¨¢s modesta. El Estado se compromete a participar a partir de ahora en las inversiones en carreteras tras oponerse durante cinco a?os porque la competencia era de Canarias.
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