El 'informe Navajas', caso "maldito"

Cuatro a?os despu¨¦s de su redacci¨®n, el informe sobre el narcotr¨¢fico en Guip¨²zcoa elaborado por el fiscal jefe de San Sebasti¨¢n, Luis Navajas, sigue proyectando la sombra de la sospecha sobre una larga relaci¨®n de mandos, de la Guardia Civil, y particularmente, por su relevancia, sobre el jefe de la 513? Comandancia y hombre clave de la lucha contra ETA, el coronel Enrique Rodr¨ªguez Galindo. Invocado de manera soterrada, pero persistente en los ambientes pol¨ªticos y period¨ªsticos, el informe Navajas sigue desafiando los supuestos de quienes lo interpretan como "la calculada venganza de los inevitables resentidos" o como fruto de "una conspiraci¨®n contra los primeros espadas de la lucha contra ETA".

De hecho, el propio coronel y, una decena de mandos de la Guardia Civil, as¨ª como un inspector de la polic¨ªa, figuran como sospechosos en las diligencias que instruye actualmente el juez donostiarra Fernando Andreu. Esas diligencias, inspiradas en el informe redactado en mayo de 1989 por Luis Navajas y fundamentadas en posteriores averiguaciones, parten de la sospecha de que miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado han protegido, a cambio" de fuertes sumas de dinero, a tres redes de narcotr¨¢fico y contrabando de tabaco en Guip¨²zcoa. Seg¨²n el informe fiscal, algunos de los agentes -oficiales y suboficiales en su mayor¨ªa- llegaron a estar a sueldo de los narcos y disfrutar de asignaciones mensuales de un mill¨®n de pesetas.La filtraci¨®n a la prensa de la supuesta implicaci¨®n del coronel Rodr¨ªguez Galindo y las cautelas a que obliga la inexistencia de acusaci¨®n formal han creado en tomo al caso una atm¨®sfera de clamoroso silencio oficial y la extravagante situaci¨®n de un alto cargo policial sometido desde hace dos a?os a la sospecha p¨²blica. Durante este tiempo, el informe Navajas se ha ganado con creces el apelativo de "maldito" que le adjudican un¨¢nimemente las partes implicadas.

Las investigaciones de la fiscal¨ªa donostiarra permanecieron paralizadas durante los mandatos como fiscales generales de Javier Moscoso y Leopoldo Torres, hasta que, tras las primeras filtraciones, ¨¦ste ¨²ltimo opt¨® por la reactivaci¨®n del caso.

A falta de otras explicaciones, la actitud de la Fiscal¨ªa General fue asimilada como "la t¨ªpica reacci¨®n de v¨¦rtigo" suscitada a la vista del nombre del laureado coronel, responsable directo de la red de informaci¨®n antiterrorista de la Guardia Civil. Tras subrayar que fue ¨¦l, en todo caso, quien puso a disposici¨®n de Navajas los medios humanos y materiales que hab¨ªa reclamado, Leopoldo Torres indica que el informe de la fiscal¨ªa donostiarra era un "boceto de sospechas", surgidas, en origen, por una denuncia an¨®nima y el testimonio de dos guardias civiles sindicalistas. En su opini¨®n, "lo sorprendente es que siga abierta una investigaci¨®n que, seg¨²n mis informaciones, lo ¨²nico que ha ofrecido como resultado es un asesinato". Asegura que el coronel Galindo habr¨ªa sido procesado "si se hubiera encontrado algo contra ¨¦l", pero a?ade que no tiene sentido mantener abierto el caso contra el jefe de la 513? Comandancia cuando no se ha encontrado nada tras "haber investigado hasta las cuentas corrientes de sus familiares en tercer grado".

Veinte meses despu¨¦s, y pese a que el fiscal Navajas hab¨ªa solicitado expresa y reiteradamente el mayor secreto posible, las sospechas sobre el jefe de la 513a Comandancia fueron filtradas a la prensa. Una nueva filtraci¨®n puso al cabo de la calle el nombre de Jos¨¦ Antonio Santamar¨ªa, empresario vasco y ex jugador de la Real Sociedad, que fue asesinado por ETA el pasado 19 de enero, cuando estaba formalmente inculpado de haber tratado de comprar el silencio de un guardia civil de la brigada anticorrupci¨®n infiltrado en la red. La muerte del ex jugador de la Real Sociedad, siniestro desenlace de una cadena de desprop¨®sitos, ha agostado seriamente las posibilidades de una investigaci¨®n ya mermada por el par¨¦ntesis de la Fiscal¨ªa General y las filtraciones.

Aunque la inculpaci¨®n por cohecho a Jos¨¦ Antonio Santamar¨ªa y a otros presuntos integrantes de su supuesta red., Pedro Luis Migu¨¦liz y el sargento Enrique Dorado Villalobos, constituye hasta el momento el ¨²nico resultado judicialmente sustantivado del informe Navajas, puertas adentro de la investigaci¨®n se esgrimen otros datos como prueba del fundamento del informe. As¨ª, se apunta que el teniente: de la Guardia Civil Andr¨¦s Palomino, que condujo a la red de Andaluc¨ªa desmantelada en la Operaci¨®n Pit¨®n, fue descubierto en Guip¨²zcoa gracias al seguimiento y control de un sospechoso que s¨ª aparece en el informe.

Un procedimiento similar ha hecho aflorar el nombre del comandante M¨¢ximo Blanco, segundo jefe de la 513? Comandancia. Blanco ha sido trasladado de destino y, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, va a a ser llamado a declarar, si bien el Gobierno Civil de la provincia ha negado que su traslado, "voluntario cambio de destino", obedezca a esta clase de razones.

El informe cita a un total de 13 guardias civiles -uno de ellos condenado por torturas y otro por torturas y atraco-, un inspector de la polic¨ªa y 17 civiles de las tres redes descubiertas. De acuerdo con el informe, la primera de estas redes se dedica indistintamente al tr¨¢fico de drogas (coca¨ªna, hach¨ªs, anfetaminas) y al contrabando de tabaco; la segunda opera fundamentalmente con tabaco y la tercera est¨¢ especializada en el tr¨¢fico de hach¨ªs.

Los integrantes de esta ¨²ltima red, formada por el guipuzcoano Bonifacio Sagarzazu Virto y los gallegos Luis Falc¨®n P¨¦rez, Falconeti, y Benito Prado V¨¢zquez se encuentran en prisi¨®n por haber sido sorprendidos con una tonelada de hach¨ªs desembarcada en Hondarribia (Guip¨²zcoa).

La "evidente implicaci¨®n"

Las otras dos redes, que contaban con infraestructura com¨²n en determinados niveles, est¨¢n dirigidas por antiguos contrabandistas gallegos, vascos y franceses. Los pagos a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado no se realizan directamente, seg¨²n el informe fiscal, sino a trav¨¦s de un elemento vinculado a las distintas organizaciones, "sistema", se se?ala en el escrito, "que permite mantener un alto nivel de anonimato de los funcionarios policiales".Todo empez¨® en noviembre de 1988. El capit¨¢n Juan Manuel Casta?eda Becerra y el guardia segundo Garcilaso Casado Mu?oz, adscritos a la Unidad de Servicios Especiales del Servicio Central de Informaci¨®n de la Guardia Civil, visitaron al fiscal jefe de San Sebasti¨¢n para alertarle de la "evidente implicaci¨®n" de una serie de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Guip¨²zcoa en actividades de tr¨¢fico de drogas y contrabando. Los guardias dijeron haber llegado a esas conclusiones gracias a las confidencias de traficantes y a informaciones "obtenidas desde dentro de las propias redes". Semanas despu¨¦s, el mismo capit¨¢n Casta?eda, acompa?ado en esta ocasi¨®n por el teniente coronel Quintero, responsable de la jefatura del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, visit¨® nuevamente a Luis Navajas y le entreg¨® documentaci¨®n escrita de las supuestas conexiones entre miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y narcotraficantes.

El fiscal donostiarra tom¨® declaraci¨®n por separado a cinco presuntos delincuentes que, "por una u otra raz¨®n", hab¨ªan mostrado su disposici¨®n a colaborar. El informe indica que, tras siete entrevistas grabadas sin que los declarantes "tuvieran conocimiento de las conversaciones que se manten¨ªan con los dem¨¢s", Luis Navajas lleg¨® a la conclusi¨®n de que la coincidencia fundamental de los datos responde no a su previa puesta de acuerdo, sino a la realidad de la situaci¨®n existente".

El 12 de mayo de 1989, el fiscal donostiarra entreg¨® a su superior, entonces Javier Moscoso, el escrito con los nombres y actividades de los 31 sospechosos. Tras plantear al fiscal general del Estado la posibilidad legal de que las investigaciones fueran dirigidas a partir de entonces por la fiscal¨ªa antidroga, Navajas propuso en su informe que, en cualquier caso, "al ignorarse la profundidad con que se halla arraigada la corrupci¨®n que ahora se denuncia", las averiguaciones deber¨ªan ser llevadas a cabo, tal y como se hizo, "por 15 o 20 guardias civiles del Servicio Central de Informaci¨®n". Precisaba que estos agentes deber¨ªan actuar a caballo entre Madrid y San Sebasti¨¢n, y que las primeras medidas deber¨ªan ser, adem¨¢s de la inspecci¨®n de los patrimonios familiares de los sospechosos y de sus allegados m¨¢s ¨ªntimos, la interceptaci¨®n de los tel¨¦fonos, "pero no en las centrales telef¨®nicas, sino fuera de los mismas, para evitar que sean detectadas". Tras la filtraci¨®n y el anuncio de interpelaciones parlamentarias, la Fiscal¨ªa General opt¨® por reactivar el caso y el juez instructor de San Sebasti¨¢n, Fernando Andreu, asumi¨® la investigaci¨®n.