PSOE y PP podr¨¢n gastar casi 3.000 millones en la pr¨®xima campa?a

Los partidos socialista y popular, que son los mejor situados en la carrera por La Moncloa, podr¨¢n gastarse en torno a 2.800 millones de pesetas cada uno en la pr¨®xima campa?a, de acuerdo con los criterios sobre l¨ªmites de gastos establecidos por la ley electoral. Ese tope es inferior en un 15% al de las anteriores legislativas, puesto que hace dos a?os se aprob¨® una rebaja del mismo. Con la disoluci¨®n anticipada de las Cortes ha ido al cesto de los papeles una nueva reforma, que reduc¨ªa a¨²n m¨¢s dicho l¨ªmite e incrementaba los poderes de la Junta Electoral Central para verificar que los gastos se ajusten a la ley.

El tope legal se situ¨® en los 3.300 millones en las legislativas de 1989 y, por descontado, ning¨²n partido confes¨® haberlo traspasado. En los ¨²ltimos meses se hab¨ªa producido suficiente consenso parlamentario para rebajar los topes de gastos en campa?a hasta los 2.000 millones, y en v¨ªsperas de la Semana Santa qued¨® aprobado ese proyecto en la comisi¨®n del Congreso.Pero la disoluci¨®n anticipada de las Cortes ha extinguido tales prop¨®sitos. Los partidos que se presenten en toda Espa?a podr¨¢n utilizar 2.200 millones en gastos de campa?a decididos por ellos mismos, y otros 600 millones m¨¢s en un mailing, dedicado al env¨ªo directo y personal a los electores de publicidad electoral. La cifra exacta ser¨¢ fijada en los pr¨®ximos d¨ªas por el Ministerio de Econom¨ªa, al que la ley atribuye la competencia de actualizar las previsiones legales teniendo en cuenta los ¨ªndices de precios al consumo.

Sin embargo, los descubrimientos de casos de presunta financiaci¨®n ilegal de partidos hace que los topes legales hayan perdido credibilidad. Adem¨¢s, los mecanismos ideados para su vigilancia y cumplimiento efectivo, desde fuera de los propios partidos implicados en la contienda, han quedado aplazados.

Ha existido una propuesta del CDS para poner a disposici¨®n de la Junta Electoral Central -integrada por magistrados- a los funcionarios del Tribunal de Cuentas, para que puedan inspeccionar y verificar las denuncias o sospechas que puedan producirse en el momento mismo de la campa?a, y no en el proceso posterior de verificaci¨®n por el Tribunal de Cuentas. Pero tal propuesta se ha extinguido junto con los otros 30 proyectos de ley deca¨ªdos tras la disoluci¨®n de las Cortes.

Ingresos y gastos

La reforma que no ha llegado a ver la luz dejaba intacto el problema de las fuentes de obtenci¨®n de tales recursos. A efectos legales, contin¨²an vigentes las estrictas limitaciones a las donaciones privadas. Y eso que las cifras declaradas por los partidos respecto al triple proceso electoral de 1989 -a?o en que se celebraron elecciones al Parlamento Europeo, legislativas y auton¨®micas de Galicia- muestra una considerable diferencia entre gastos e ingresos legales confesados.

Fue el a?o de la refundaci¨®n del PP y de la primera campa?a de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar como candidato de esta formaci¨®n pol¨ªtica a La Moncloa; tambi¨¦n fue el a?o en que Manuel Fraga gan¨® las elecciones de Galicia con mayor¨ªa absoluta. Pues bien, las campa?as del PP de 1989 se saldaron con una diferencia de 1.600 millones entre gastos realizados y los ingresos obtenidos espec¨ªficamente para las mismas por medio de la financiaci¨®n p¨²blica.

En ese a?o, el PSOE luch¨® duramente por mantener su hegemon¨ªa electoral -perdi¨® la mayor¨ªa absoluta, aunque s¨®lo por un esca?o- y declar¨® una diferencia de 1.500 millones entre gastos e ingresos.