El Supremo conmina a Barbero a que aclare los cargos contra Sala para decidir sobre Filesa

La Sala Segunda de? Tribunal Supremo reclam¨® ayer un informe "inmediato" al instructor delcaso Filesa, Marino Barbero, sobre si ha adoptado alguna medida cautelar o dictado alguna resoluci¨®n inculpatoria respecto inculpatoria respecto al diputado del Parlamento de Catalu?a Josep Maria Sala, que recientemente ha perdido la condici¨®n de senador. Incidentalmente, la resoluci¨®n sale al paso de algunos comentarios relativos a la competencia sobre el caso Filesa y aprovecha para recordar al juez Marino Barbero que es la Sala Segunda y no el instructor quien debe decidir sobre la cuesti¨®n.

La providencia acuerda, en t¨¦rminos imperativos, instar al juez instructor para que "inmediatamente, al recibo de dicho oficio", informe al tribunal, a los efectos del art¨ªculo 31 del Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a, sobre alguna resoluci¨®n inculpatoria respecto a Josep Maria Sala. "En caso afirmativo", a?ade la providencia, "deber¨¢ unir copia de dicha resoluci¨®n al informe indicado". La resoluci¨®n fue interpretada en medios jur¨ªdicos como un nuevo "varapalo" al instructor en la escalada de tensi¨®n entre ¨¦ste y la Sala Segunda.El art¨ªculo 31 del Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a establece que los miembros del Parlamento catal¨¢n "ser¨¢n inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo". A?ade el Estatuto que "por los actos delictivos cometidos en el territorio de Catalu?a" corresponde decidir al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal ser¨¢ exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Fuentes pr¨®ximas a la instrucci¨®n del caso Filesa indicaron que la respuesta del juez Barbero, que ser¨¢ remitida el lunes a la Sala Segunda, no tendr¨¢ m¨¢s remedio que ser negativa, ya que Josep Maria Sala no est¨¢ formalmente inculpado. Sin embargo, en medios del alto tribunal indicaron que de una respuesta negativa de Barbero no cabe deducir necesariamente una remisi¨®n de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, ya que en el pronunciamiento sobre la competencia debe tenerse en cuenta el lugar donde se cometieron los delitos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, Jos¨¦ Antonio Somalo se mostr¨® ayer partidario de que el caso Filesa contin¨²e en el Supremo, "porque ya tiene los antecedentes, el asunto est¨¢ bastante avanzado y ya lleva bastante tiempo".

Los comentarios del encargado de asuntos jur¨ªdicos del PP, Federico Trillo, relativos a que la competencia del caso Filesa debe corresponder al juez Marino Barbero y no a la Sala Segunda, causaron ayer un patente malestar entre algunos magistrados del alto tribunal, que empiezan a ver al Supremo en el centro de la batalla electoral. Tal malestar queda incidentalmente reflejado en al providencia de la Sala Segunda, dirigida al juez Barbero "a los efectos de que esta Sala acuerde lo procedente sobre su propia competencia, y por consecuencia, la del instructor". La resoluci¨®n menciona el art¨ªculo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el Tribunal Supremo no podr¨¢ formar ni promover competencias "y ning¨²n juez, tribunal o parte podr¨¢ promoverlas contra ¨¦l".

As¨ª las cosas, el lunes se reunir¨¢ la Sala del 61, una sala especial del Tribunal Supremo encabezada por su presidente, Pascual Sala, que deber¨¢ decidir sobre la recusaci¨®n planteada por Ainco contra los magistados Enrique Ruiz Vadillo, Luis Rom¨¢n Puerta y Jos¨¦ Augusto de Vega. La decisi¨®n se conocer¨¢ la pr¨®xima semana, aunque en medios de la magistratura se se?ala que la recusaci¨®n ser a previsiblemente rechazada.

Reuni¨®n general

A mediados de semana, se espera que se re¨²na el presidente de la Sala Segunda y sus 14 magistrados en sala general, para decidir sobre el destino de las causas especiales contra aforados en el Tribunal Supremo. Si se aprecia la vigencia de una ley de 9 de febrero de 1912 invocada por la acusaci¨®n particular del PP, el proceso deber¨ªa seguir en el Supremo, ya que dicha ley prev¨¦ que la competencia del alto tribunal se extender¨¢ "hasta la conclusi¨®n del proceso, con independencia de la vida legal de las Cortes a que pertenecieran los acusados".

En contra de la vigencia de esta ley, Pablo Jim¨¦nez de Parga, abogado, de los accionistas de Filesa, Luis Oliver¨® y Alberto Flores, present¨® ayer un escrito en el que afirma que el art¨ªculo 7 de dicha ley extiende la competencia del Supremo hasta el final del proceso "s¨®lo si la autorizaci¨®n para procesar ya est¨¢ concedida". Adem¨¢s, entiende que la ley de 1912 est¨¢ derogada por la Constituci¨®n.