Un tratado de desarme que debe cumplir industria civil

La Convenci¨®n sobre Prohibici¨®n del Desarrollo, Producci¨®n, Almacenamiento y Empleo de Armas Qu¨ªmicas y sobre su Destrucci¨®n, remitida por el Consejo de Ministros al Congreso el pasado 4 de agosto, es el primer tratado de desarme que afecta tanto a la industria privada como a los gobiernos que lo han firmado (hasta el momento 146, incluida Espa?a).La gran dificultad para erradicar este armamento est¨¢ en que casi todas las plantas qu¨ªmicas civiles (especialmente las de qu¨ªmica org¨¢nica y, en primer lugar, las fabricantes de plaguicidas e insecticidas) generan en alg¨²n momento de su proceso de fabricaci¨®n agresivos t¨®xicos.

Los gobiernos, seg¨²n explica Joaqu¨ªn P¨¦rez Villanueva, embajador de Espa?a en Ginebra y negociador de la convenci¨®n, deber¨¢n controlar el desarrollo, producci¨®n, almacenamiento, empleo, importaci¨®n y exportaci¨®n de m¨¢s de 70 sustancias, agrupadas en tres listas en funci¨®n de su peligrosidad, adem¨¢s de todas aquellas que contengan f¨®sforo, azufre o fluor; lo que afecta a la pr¨¢ctica totalidad del sector.

Cambiar el C¨®digo Penal

Para controlar a su propia industria, Espa?a deber¨¢ crear la "autoridad nacional" sobre armas qu¨ªmicas; una comisi¨®n de la que formar¨¢n parte, al menos, los ministerios de Defensa, Interior, Comercio y Asuntos Exteriores. Dicha comisi¨®n tendr¨¢ competencias para comprobar que los informes presentados por las empresas son ver¨ªdicos y para castigar las violaciones del tratado, que en los casos m¨¢s graves constituir¨¢n delito, por lo que habr¨¢ que modificar el C¨®digo Penal.La verificaci¨®n internacional correr¨¢ a cargo de la Organizaci¨®n para la Prohibici¨®n de las Armas Qu¨ªmicas (OPAQ), un organismo equivalente a la OIEA en materia de energ¨ªa at¨®mica, con sede en La Haya (Holanda). La OPAQ contar¨¢ con un ampl¨ªsimo banco de datos, nutrido por las declaraciones nacionales sobre producci¨®n y existencias de las sustancias incluidas en la lista, y con un cuerpo de inspectores que verificar¨¢ las denuncias sobre presuntas violaciones.

Aunque no los proh¨ªbe, el tratado impone sever¨ªsimos controles sobre la exportaci¨®n de proyectiles huecos, que pueden ser rellenados con sustancias t¨®xicas, y sobre los gases empleados por la polic¨ªa, como los botes de humo.

La convenci¨®n entrar¨¢ en vigor 180 d¨ªas despu¨¦s de que la ratifiquen 65 pa¨ªses, lo que se espera suceda a finales de 1995. No obstante, se teme que algunos pa¨ªses, como China, demoren su ratificaci¨®n para intentar suavizar los mecanismos de inspecci¨®n, que todav¨ªa se negocian.