Proceso a la tortura

"No hay equiparaci¨®n posible con lo que ocurr¨ªa hace 10 a?os, hay una diferencia abismal", se?alan, pr¨¢cticamente al un¨ªsono, jueces, fiscales, forenses, y abogados del Pa¨ªs Vasco cuando se requiere su opini¨®n sobre los malos tratos y torturas en Espa?a. Las divergencias surgen a la hora de responder a la pregunta de si estas pr¨¢cticas persisten con car¨¢cter de rara excepcionalidad o si se reproducen con relativa frecuencia. Algunos magistrados creen que esas pr¨¢cticas s¨®lo aparecen muy extraordinariamente y otros consideran una falacia no admitir m¨¢s casos de malos tratos que los efectivamente sancionados por los jueces en los ¨²ltimos a?os. El cuadro que describen habla de una polic¨ªa mucho m¨¢s preparada t¨¦cnica y profesionalmente y m¨¢s sujeta al aparato judicial, una polic¨ªa con recursos que procura dotarse de elementos de prueba antes de practicar una detenci¨®n.

En ese panorama hay quienes, tras indicar que la tortura y los malos tratos se aplican hoy de manera mucho m¨¢s selectiva, apuntan que lo que tambi¨¦n ha cambiado han sido los m¨¦todos. "Hace 10 a?os, lo normal era que los detenidos, toda clase de detenidos, declararan haber sufrido malos tratos o vejaciones. Muchos mostraban se?ales de golpes, otros dec¨ªan que no les hab¨ªan dado agua, que se hab¨ªan pasado toda la noche sentados, sin poderse tumbar o haciendo flexiones, que les hab¨ªan dado tres patadas en el culo para meterles en el furg¨®n, y cosas as¨ª. Era lo normal, y luego hab¨ªa casos de torturas a detenidos de ETA como los que luego hemos visto reflejados en las sentencias judiciales", sostiene un m¨¦dico que cuenta con una dilatada experiencia como forense de los juzgados vascos. "Esas cosas pasaban, s¨ª", admiten ahora algunos de los que en aquel tiempo negaron, incluso con vehemencia, el fundamento de las sospechas.

En aquellos a?os -1981, 1982 y 1983, el periodo m¨¢s sanguinario de la historia de ETA-, varios activistas fueron recibidos en cuarteles de la Guardia Civil por airados grupos de mujeres, desquiciadas por el espanto cotidiano de los atentados. Alguna lleg¨® a descargar su ira impotente. a desahogar su angustia golpeando con una sart¨¦n al presunto asesino de su marido. A?os terribles en los que se produjeron esa docena de episodios derturas acreditadas po tosteriormente por los jueces.

Durante bastante tiempo, las denuncias durmieron en los juzgados vascos a la espera de una determinaci¨®n que desde luego no mostraron los titulares de juzgado que cursaban su solicitud de traslado el mismo d¨ªa de su toma de posesi¨®n de la plaza. Todo empez¨® a cambiar a partir de la llegada al Pa¨ªs Vasco de aquellos primeros jueces y fiscales, muchos de ellos jovenc¨ªsimos, m¨¢s o menos vinculados a las asociaciones progresistas de la judicatura. Abrieron los cajones, y en lugar de cerrarlos precipitadamente, como hab¨ªan hecho sus predecesores, se pusieron manos a la obra. "En ocasiones", relata un magistrado, "bast¨® una llamada a los responsables policiales de determinadas comisar¨ªas para que cesaran bruscamente los indicios de malos tratos".

En mayor o menor grado, jueces, fiscales y forenses admiten que en el caso de los detenidos por actividades terroristas, los resultados de esta resuelta actitud judicial no han sido tan contundentes como con el resto de los delincuentes. "Ha habido mucha m¨¢s resistencia, y es normal porque qu¨¦ polic¨ªa del mundo habr¨ªa soportado sin m¨¢cula tantos a?os de matanzas", se pregunta un juez. "A veces dificultaban la entrada de los forenses en las dependencias policiales, cosa hoy impensable, o les dec¨ªan que alg¨²n detenido que casualmente luego mostraba se?alas de golpes hab¨ªa sido ya trasladado a Madrid. Viejos trucos para librarse de la inspecci¨®n judicial que todav¨ªa se repiten de cuando en cuando". "Hubo un periodo", recuerda el mismo juez, "en el que los detenidos no se encontraban ni en el Pa¨ªs Vasco ni en Madrid, sino en Burgos, siempre de camino hacia la Audiencia Nacional". Seg¨²n estos medios, las palizas son hoy pr¨¢cticamente inexistentes.

"M¨¢s que eso, que es f¨¢cilmente detectable por los forenses, lo que nos preocupa", indica un magistrado, "es la posibilidad de que, con toda la excepcionalidad que se quiera, y ser¨ªa err¨®neo extraer m¨¢s conclusiones, persistan en algunos casos pr¨¢cticas que no tienen por qu¨¦ dejar secuelas fisicas. Hablo de la asfixia que provoca la bolsa de pl¨¢stico, de la ba?era y de descargas el¨¦ctricas de poca intensidad. Y desde luego hablo de una fuerte presi¨®n psicol¨®gica".

Hace anos, un funcionario de un juzgado vasco inspeccion¨® discretamente determinadas dependencias policiales a la b¨²squeda de "una caja de electrodos" cuya aplicaci¨®n en su propio cuerpo dec¨ªa haber experimentado un detenido. El artilugio en cuesti¨®n result¨® ser una caja de puros vac¨ªa con un peque?o orificio lateral y dos trozos de cable sueltos. El funcionario lleg¨® a la conclusi¨®n de que la supuesta caja de los electrodos no pod¨ªa tener otra funci¨®n que la puramente intimidatoria, pero no desde?¨® el impacto psicol¨®gico que su mera exposici¨®n debi¨® causar al detenido. El miedo a la estancia en comisar¨ªas y cuartelillos durante los cinco d¨ªas que permite la ley antiterrorista es un caudal que la polic¨ªa administra provechosamente para completar sus archivos y obtener la declaraci¨®n de los detenidos.

Tiempo atr¨¢s, un responsable policial fue interpelado en una charla informal sobre las denuncias p¨²blicas presentadas en aquellas fechas por abogados de detenidos de ETA. Despu¨¦s de aludir a los documentos internos de la organizaci¨®n terrorista en los que se instruye a sus militantes en la denuncia sistem¨¢tica de torturas, el responsable policial dijo albergar serias dudas sobre la conveniencia de desmentir p¨²blicamente semejantes acusaciones. "Verdaderamente, no creo que nos interese salir al paso de estas cosas", se?al¨®, "porque lo cierto es que la gran mayor¨ªa de los detenidos por ETA est¨¢n tan convencidos de que van a ser torturados que empiezan a largar nada m¨¢s atravesar la puerta de comisar¨ªas y cuarteles. No voy a negar que el que se pone gallito se arriesga a que le sacudan un par de tortas, pero poco m¨¢s. Por eso no ser¨ªa bueno sacarles de su error".Edulcorada o no, la versi¨®n de que en la gran mayor¨ªa de los casos la amenaza de los malos tratos resuelve por s¨ª sola las exigencias de los interrogadores policiales encaja con los estudios sociol¨®gicos que indican que el miedo es una de las caracter¨ªsticas intr¨ªnsecas del mundo de HB y ETA. Al contrario de lo que. ocurre con los GRAPO, la gran mayor¨ªa de los detenidos por actividades relacionadas con ETA est¨¢n muy lejos de presentar el perfil del activista endurecido, iluminado por una convicci¨®n ciega en sus propias creencias.

En la medida en que formar parte de ETA en sus diferentes niveles de compromiso ha sido y sigue siendo una cosa relativamente asequible, saludada con reconocimiento y hasta admiraci¨®n en los c¨ªrculos sociales de HB, pocos de sus activistas y colaboradores, exceptuando quiz¨¢ determinados liberados, han afrontado el proceso de endurecimiento y depuraci¨®n personal que caracteriz¨®, por ejemplo, a los viejos luchadores comunistas que se enfrentaron a la dictadura.

Lo que los jueces, fiscales y forenses no se creen es la tesis de "la tortura sistem¨¢tica aplicada a todos y cada uno de los detenidos", machaconamente repetida por las Gestoras Pro Amnist¨ªa, ni los testimonios de malos tratos que peri¨®dica y p¨²blicamente escenifican aquellos que llevan colgando del cuello el hacha y la serpiente de ETA ba?ados en oro o plata. No se creen, al menos en su literalidad, los testimonios colectivos de presuntas torturas ofrecidos en conferencias de prensa, si bien algunos de ellos no descartan que pueda haber una parte o un fondo de verdad en algunas de estas denuncias. "En principio concedo credibilidad a las denuncias que efect¨²an individualmente cuando son puestos a disposici¨®n judicial", indica otro juez, "pero no, desde luego, cuando comparecen ante la prensa.

Los detenidos acostumbran a exagerar, a veces con ¨¢nimos justificatorios, y hay que desconfiar cuando ha habido comunicaci¨®n entre ellos y ofrecen versiones coordinadas". Dentro tambi¨¦n de HB hay quienes admiten que los excesos, las generalizaciones infundadas, la instrumentalizaci¨®n propagand¨ªstica de hechos de semejante gravedad y la misma personalidad pol¨ªtica de los denunciantes acarrean el peligro de que la opini¨®n p¨²blica se instale en el descr¨¦dito general y el rechazo sistem¨¢tico a cualquier denuncia, por fundamentada que ¨¦sta sea. La Asociaci¨®n de Derechos Humanos del Pa¨ªs Vasco reprocha a las Gestoras Pro Amnist¨ªa su nula colaboraci¨®n en la denuncia e investigaci¨®n de los malos tratos presuntamente sufridos por el tambi¨¦n presunto activista de ETA Kepa Urra.

"En ocasiones", se?ala un forense, "uno se queda con la convicci¨®n de que la supuesta resistencia a la detenci¨®n se utiliza como subterfugio". La idea, y no s¨®lo la sospecha, de que las charlas informales con el detenido constituyen, en realidad, el verdadero interrogatorio policial est¨¢ muy extendida entre los profesionales de la abogac¨ªa, la judicatura y la medicina forense. "En muchos casos, al abogado de oficio se le llama cuando la declaraci¨®n del detenido est¨¢ lista para ser firmada, pero el verdadero interrogatorio se hace antes y sin la obligatoria asistencia letrada", se?ala un abogado.

El hecho de que la Audiencia Nacional, competente en los casos de terrorismo, encargue autom¨¢ticamente la custodia del detenido al juez del lugar donde tiene lugar el arresto no despeja la opacidad que algunos medios judiciales siguen viendo en las dependencias policiales. Hay quienes se oponen claramente a la incomunicaci¨®n ampliable a cinco d¨ªas y a la imposibilidad para los detenidos por terrorismo y narcotr¨¢fico de designar abogados de su libre elecci¨®n.

"La ley antiterrorista distingue a los delincuentes de ETA al. reservarles un procedimiento especial, alimenta el victimismo de todo ese mundo y pone bajo sospecha a los cuerpos policiales, cuando lo cierto es que, si se revisan las diligencias, s¨®lo unas decenas de guardias civiles y polic¨ªas aparecen implicados en casos de torturas", afirma un juez del Pa¨ªs Vasco.

En sentido opuesto, se argumenta que "si se redujera la detenci¨®n a 24 o 48 horas aumentar¨ªan probablemente los malos tratos porque la polic¨ªa no dispondr¨ªa de tiempo suficiente para vencer la resistencia del detenido, y en un caso como el de ETA tampoco se resignar¨ªa a quedarse sin ese dato crucial que puede llevar a desmantelar un comando y evitar nuevos asesinatos". Dentro y fuera de los medios judiciales, las muertes de dos arrestados por su presuntavinculaci¨®n a ETA, Xabier Kalparsoro y Gurutze Yanci, y el fallecimiento tras su paso por dependencias de la Ertzairitza de un supuesto enfermo mental, Juan Calvo, est¨¢n suscitando una nueva reflexi¨®n sobre las garant¨ªas de la asistencia a los detenidos.

Desde la Consejer¨ªa de Interior del Gobierno vasco se plantea la conveniencia de un debate abierto al conjunto de la sociedad. Hablan de acristalar las dependencias interiores para que haya siempre testigos de los interrogatorios, de filmar con v¨ªdeo la estancia de un detenido, y se quejan de que no siempre pueden ofrecer la necesaria asistencia m¨¦dica y que en ocasiones se ven obligados a prolongar los arrestos casi 24 horas "porque algunos juzgados ya no admiten las diligencias m¨¢s all¨¢ del mediod¨ªa".

Sea o no una pr¨¢ctica excepcional, la mera sospecha de que los malos tratos o torturas hayan tenido que ver con estas ¨²ltimas muertes resulta algo simplemente insorportable para la ciudadan¨ªa vasca que est¨¢ plantando cara a ETA.

"Ellos, los de ETA, tratan siempre de arrastrarnos al infierno en el que est¨¢n, nos incitan permanentemente a dar ese paso, pero nosotros no podemos sucumbir a la tentaci¨®n de dejar de lado los derechos humanos", comenta un responsable de la Administraci¨®n de justicia.