Los procesos de los 800 detenidos por la 'patada en la puerta' ser¨¢n anulados

La sentencia del Constitucional sobre la ley Corcuera tiene efectos retroactivos sobre las causas ya juzgadas y obligar¨¢ a los fiscales a pedir el sobreseimiento de las pendientes. Esto afectar¨¢ a unas 800 personas, seg¨²n estimaciones policiales, que fueron detenidas tras los registros, domiciliarios practicados durante los 20 meses de vigencia de la ley Corcuera. Desde marzo de 1992 hasta el pasado 30 de octubre, la polic¨ªa practic¨® en Madrid 104 registros, con el resultado de 323 detenciones. "A partir de octubre de 1992, la aplicaci¨®n de la ley Corcuera cay¨® en picado" reconocen fuentes policiales.

La anulaci¨®n del art¨ªculo 21.2 de la ley producir¨¢ efectos desde el d¨ªa mismo en que la sentencia del Constitucional sea publicada en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. Del art¨ªculo 40 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional se deduce que esta sentencia obligar¨¢ a revisar los procesos penales en los que, como consecuencia de la derogaci¨®n de tal precepto, "resulte una reducci¨®n de la pena o una exclusi¨®n, exenci¨®n o limitaci¨®n de la responsabilidad".El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, declar¨® que la sentencia del Constitucional tendr¨¢ efectos retroactivos sobre las condenas ya dictadas por los tribunales en aplicaci¨®n de la norma anulada. Seg¨²n Sala, los jueces deber¨¢n decidir si existen pruebas suficientes para apoyar la condena, al margen de lo obtenido en amplicaci¨®n de la ley Corcuera.

Por su parte, C¨¢ndido Conde-Pumpido Tour¨®n, portavoz de Jueces para la Democracia, asegur¨® que todas las intervenciones realizadas al amparo del precepto inconstitucional son nulas. "Si hay alguna sentencia condenatoria tendr¨¢ que ser revisada", dijo. Otras fuentes jur¨ªdicas explicaron que, a partir de la publicaci¨®n del fallo del Constitucional en el BOE, los fiscales deber¨¢n solicitar de oficio el sobreseimiento de los procesos penales amparados solamente en la ley Corcuera.

El ministro de la Presidencia, Alfredo P¨¦rez-Rubalcaba, se?a16 ayer que el Gobierno "ir¨¢ haciendo algunas consideraciones a La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos considera que la Administraci¨®n debe indemnizar a las personas afectadas por la ley Corcuera y, sobre todo, a aqu¨¦llas cuyo domicilio se registr¨® y no se hall¨® droga.Sin mandamiento judicialTras la entrada en vigor de la ley en marzo del a?o pasado, la polic¨ªa y la Guardia Civil actuaron inicialmente con cautela a la hora de dar la patada en la puerta sin tener mandamiento judicial. Pero, pasados lo s primeros momentos de duda, los agentes iniciaron una puesta en pr¨¢ctica mucho m¨¢s frecuente. As¨ª, cuatro meses despu¨¦s se contabilizaron en Espa?a 124 registros con un saldo de 410 detenciones.El titular de Interior asegur¨® el pasado mes de marzo que en el primer a?o de vigencia de su ley hab¨ªan sido registradas 198 viviendas, encontrando droga en el 94% de los casos. Y a?adi¨® que la polic¨ªa hab¨ªa logrado m¨¢s ¨¦xitos de esta forma que entrando en las viviendas tras exhibir mandamiento judicial.Madrid ha sido la ciudad donde m¨¢s se ha puesto en pr¨¢ctica la ley Corcuera, seguida de Valencia y Sevilla, mientras que la polic¨ªa de otra gran capital, como Barcelona, ha sido m¨¢s cauta a la hora de usar esta herramienta contra el narcotr¨¢fico.La polic¨ªa de Madrid ha realizado durante los 20 meses pasados 104 registros, de los que 100 resultaron exitosos y los cuatro restantes fracasados, debido a que no se hall¨® droga. El ¨²ltimo asalto al amparo de la pol¨¦mica ley fue Protagonizado por agentes de la comisar¨ªa de Usera en el poblado chabolista de La Celsa. Estas operaciones se saldaron con 323 detenciones.

La polic¨ªa y la Guardia Civil, ante la inseguridad jur¨ªdica de sus agentes, dieron un frenazo a la aplicaci¨®n de la ley Corcuera a partir de octubre de 1992. Con el paso de los meses arreciaron las cr¨ªticas contra la patada en la puerta y nacieron las primeras sentencias que cuestionaban su legalidad. Eso llev¨®, por ejemplo, a que entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre pasado no se realizara ni un solo registro domiciliario en Madrid.

Las fuerzas de seguridad del Estado han tenido buen cuidado en no llevar al pie de la letra lo de la patada en la puerta. Este sistema lo han empleado en muy contadas ocasiones. La mayor¨ªa de las veces, los agentes irrumpieron en los domicilios sospechosos aprovechando la salida de sus inquilinos.

Jos¨¦ Manuel S¨¢nchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Polic¨ªa, revel¨® ayer que nada m¨¢s aprobarse la ley hubo instrucciones para que los funcionarios no hicieran uso de ella "sin consultar previamente con sus comisarios-jefes".