La Guardia Civil investiga la venta irregular de t¨ªtulos de transportista profesional

El sumario abierto por el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, para aclarar la presunta duplicaci¨®n de 19.000 autorizaciones de transporte en el Ministerio de Obras P¨²blicas y Transportes recoge tambi¨¦n la posible venta fraudulenta de t¨ªtulos de capacitaci¨®n profesional de transportista en la Comunidad de Madrid a 250.000 pesetas por t¨ªtulo. Un documento interno de dicha comunidad, incorporado al sumario como anexo, explica la investigaci¨®n sobre este hecho seguida en los ¨²ltimos meses por la Guardia Civil.

La Comunidad de Madrid, que denunci¨® en enero las supuestas irregularidades en la expedici¨®n de 19.000 tarjetas de transporte, est¨¢ intentando vender su propio sistema inform¨¢tico de control de autorizaciones a las dem¨¢s comunidades aut¨®nomas. Fuentes del Gobierno regional afirman que siete comunidades ya est¨¢n interesadas en adquirir el sistema. La pr¨¢ctica coincidencia entre el esc¨¢ndalo de las duplicaciones y los intentos de venta del sistema inform¨¢tico madrile?o ha despertado recelos en el Ministerio de Transportes pese a que, seg¨²n la comunidad aut¨®noma, la venta de su sistema no persigue la ganancia, sino la mejora en la gesti¨®n.El documento interno de la Consejer¨ªa de Transportes madrile?a da cuenta de tres l¨ªneas de investigaci¨®n de la Guardia Civil en los ¨²ltimos meses: la falsificaci¨®n de autorizaciones por una banda que actuaba en Castilla-La Mancha (la red fue desarticulada en septiembre); la tramitaci¨®n irregular de autorizaciones de transporte en Madrid en connivencia con una gestor¨ªa, y la venta de t¨ªtulos de capacitaci¨®n profesional de transportista en Madrid a 250.000 pesetas. Seg¨²n el informe, sobre esta compraventa de t¨ªtulos "ya hab¨ªan llegado rumores en otras ocasiones, que no se concretaron nunca por falta de pruebas".

Las denuncias sobre las duplicaciones de licencias, la escasa fiabilidad de los sistemas de control del ministerio y los intentos de venta de su sistema inform¨¢tico por la Comunidad de Madrid han tensado al l¨ªmite las relaciones entre los responsables madrile?os del transporte y el departamento que dirige Jos¨¦ Borrell. El ministro de Obras P¨²blicas explic¨® el martes en el Senado, a preguntas del PP, que la investigaci¨®n interna de su departamento cifra s¨®lo en 350 las tarjetas de transportes sobre las que a¨²n se sospecha que pueden ser fraudulentas.

El sistema inform¨¢tico que, seg¨²n el Director de Transportes madrile?o, Lorenzo Hern¨¢ndez, permiti¨® descubrir las irregularidades en la tramitaci¨®n de autorizaciones, ha sido desarrollado por la empresa p¨²blica Inform¨¢tica de la Comunidad de Madrid (ICM) en colaboraci¨®n con dos consultoras externas, Casdir -hasta 1992- y M&M Consultores. El sistema fue implantado en Madrid en 1992. Las suspicacias en el ministerio han surgido al comprobar que uno de los asesores externos que han desarrollado la aplicaci¨®n inform¨¢tica, Juan Matamoros, contratado tanto por Casdir como por M&M Consultores, es hermano de un ex responsable de ICM y actual alto cargo regional.

Hern¨¢ndez reconoce que Matamoros, con quien este peri¨®dico ha intentado hablar en varias ocasiones sin conseguirlo, ha sido un hombre clave tanto para implantar el nuevo sistema inform¨¢tico como para descubrir las irregularidades en la expedici¨®n de tarjetas. Hern¨¢ndez descarta cualquier posible irregularidad en la contrataci¨®n de Matamoros, de quien destaca su su cualificaci¨®n y la escasa remuneraci¨®n que recibe, alrededor de cinco millones anuales.

La versi¨®n de Hern¨¢ndez contrasta con las quejas de algunos funcionarios de la comunidad contra Matamoros, quejas que llegaron hasta el viceconsejero regional de Transportes, Emilio Miralles. Seg¨²n consta en las cartas y notas internas de queja, Matamoros, pese a ser un asesor externo, protagoniz¨® "continuas intervenciones en las asignaciones de tareas" a los funcionarios, contribuyendo, junto con Lorenzo Hern¨¢ndez, a deteriorar el clima laboral en el departamento. Hern¨¢ndez atribuye las quejas al montaje de un grupo de funcionarios interesados en no aclarar las irregularidades.

Informe elaborado por