"Esposado, me vi impotente", dice el int¨¦rprete encarcelado

Mohamed Sali, melillense de 29 a?os, traduce las declaraciones de detenidos ¨¢rabes y franceses en los juzgados de la plaza de Castilla. El lunes comparti¨® calabozo con ellos durante ocho horas por orden del magistrado Rafael S¨¢nchez, como un delincuente m¨¢s. Su falta consisti¨® en negarse a traducir durante un juicio las declaraciones de un preso que se expresaba en bereber, lengua que Safl conoce, pero que no consta en su contrato.Escoltado por la Guardia Civil, el int¨¦rprete fue enviado directamente a los calabozos. "La mente se me qued¨® en blanco. Esposado, me sent¨ª totalmente impotente", cuenta Safl, que obtuvo el puesto de traductor hace dos a?os, cuando aprob¨® una oposici¨®n convocada por el Ministerio de Justicia. Tras ocho horas entre rejas, fue puesto en libertad sin cargos por el juez de guardia. El magistrado Rafael S¨¢nchez se neg¨® ayer a hablar con este peri¨®dico.

Entre Safl y Hassan Saharaui (nacido en Tetu¨¢n hace 31 a?os y que lleva 11 a?os de trabajo en los juzgados) se reparten las traducciones de la torre de Babel de la plaza de Castilla. Trabajan ocho horas al d¨ªa y ganan 100.000 pesetas al mes, seg¨²n aseguran. Adem¨¢s de ¨¢rabe y franc¨¦s, son requeridos con mucha frecuencia para traducir bereber y dialectos del ¨¢rabe oficial, lenguas que no tienen por qu¨¦ conocer a tenor de su contrato. Saharaui ya llev¨® a magistratura el problema, y el dictamen, fallado en junio de 1993, le favoreci¨®. Ambos piden un aumento de sueldo por extender su trabajo a la traducci¨®n del bereber y los dialectos ¨¢rabes. De hecho, de cada 10 detenidos extranjeros que son llevados a los juzgados, ocho se expresan en estas lenguas, seg¨²n fuentes judiciales.

Saharaui y Sali decidieron hace un tiempo negarse a traducir en esas circunstancias. "Todav¨ªa nos negamos m¨¢s rotundamente si el juez nos lo ordena a rajatabla, con prepotencia, como le ocurri¨® a Sali", apunta Saharaui. Ante esta situaci¨®n, los jueces suelen recurrir a traductores sin titulaci¨®n oficial con los que trabajan de modo espor¨¢dico. Mientras, el caso de Sali y Saharaui sigue pendiente.