La ayuda oficial a Amper se paraliza por las dudas de que carezca de patrimonio

VIENE DE LA P?GINA 1De Oro indica tambi¨¦n que Amper no compr¨® ninguna de las dos parcelas mencionadas a precio regalado, sino incluso algo m¨¢s alto -10.000 pesetas el metro cuadradado- que lo cobrado a otras empresas colindantes -4.750- "La Comunidad no sali¨® perjudicada con esa transacci¨®n", afirma.

Ninguna de las fuentes consultadas -en Amper y en la Comunidad de Madrid- explica la revalorizaci¨®n de una de esas dos parcelas, la de los 33.104 metros cuadrados todav¨ªa hoy vac¨ªos.

Antonio L¨®pez reclam¨® en octubre de 1990 del Registro Mercantil un experto independiente que valorase sus propiedades con vistas a una inminente ampliaci¨®n de capital, seg¨²n un portavoz de la empresa. El registro encarg¨® el trabajo a la compa?¨ªa American Appraisal Espa?a, SA, y fueron esos tasadores profesionales los que en noviembre de 1990 valoraron en 2.086 millones el terreno y la futura f¨¢brica -a¨²n no construida- de Amper en Tres Cantos.

Las auditor¨ªas de Amper reflejan que la direcci¨®n del grupo decidi¨® ese a?o -1990concentrar en torno a su filial inmobiliaria, Sociedad An¨®nima de Mediaci¨®n y Promoci¨®n (SAMP), los terrenos de todas sus sociedades (entre ellos los de Tres Cantos).

En estos momentos, sobre ese solar tan s¨®lo se levanta un cartel¨®n que anuncia su venta por la Sociedad An¨®nima de Mediaci¨®n y Promoci¨®n (SAMP), participada en un 99% por Amper (empresa enteramente privada). SAMP logr¨® en junio de 1991 la hipoteca de 1.072 millones sobre la nueva valoraci¨®n.

Agust¨ªn P¨¦rez, secretario t¨¦cnico de la presidencia de Amper, explica que se compraron esas parcelas en un momento de expansi¨®n del grupo, que AT&T construy¨® su f¨¢brica en una de ellas y que la otra no se mont¨® porque coincidi¨® con la crisis. La depresi¨®n econ¨®mica dificult¨® entonces la venta el solar.

Denuncia por delito social

La paz social conseguida en Amper tras varios a?os de conflictos, reducci¨®n de plantillas y suspensi¨®n de pagos incluso en alguna firma del grupo corre de nuevo peligro. Amper Telem¨¢tica y Amper Cosesa presentaron el pasado mes de enero un expediente para extinguir 294 puestos de trabajo, casi la mitad de su plantilla.

La Direcci¨®n Provincial de Trabajo dictamin¨® en febrero que no proced¨ªa esa regulaci¨®n porque la situaci¨®n econ¨®mica que se alegaba ya figuraba en un plan de viabilidad de la empresa anterior que no se cumpli¨®. En mayo, sin embargo, la subdirecci¨®n general de Reestructuraci¨®n de Empresas del Ministerio de Trabajo acept¨® un recurso de Amper y aprob¨® esa regulaci¨®n. A partir de ese momento comenz¨® una negociaci¨®n con los despedidos para conciliar el pago de las indemnizaciones y los atrasos.

La empresa argument¨® no tener activos ni dep¨®sitos para afrontar esos despidos y salvar la continuidad de la firma. La Comunidad de Madrid y el Fondo de Garant¨ªa Salarial (Fogasa) del Ministerio de Trabajo entraron entonces en las negociaciones para mitigar el problema social creado, con empleados acampados, ante las puertas de la f¨¢brica y denuncias en los juzgados de Getafe.

600 millones

El Fogasa se comprometi¨® a adelantar los 600 millones necesarios para efectuar esos pagos. Antes de que concluyese esa negociaci¨®n, la Comunidad ofreci¨® un convenio entre los sindicatos de la empresa y Cajamadrid, por el que esta entidad financiera adelantaba en cr¨¦ditos personales a los trabajadores ese dinero. El Gobierno regional pensaba hacerse cargo, adem¨¢s, de los 20 millones de pesetas que Cajamadrid iba a aplicar como intereses.

El pasado 31 de octubre, una denuncia an¨®nima de un trabajador consigui¨® paralizar todas esas gestiones porque tanto los responsables del Fogasa como de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa vislumbraron "con gran preocupaci¨®n" dudas en la argumentada falta de capital de la empresa. El Fogasa y la Comunidad estudian ahora cu¨¢l es la capacidad real de Amper, para tomar as¨ª una decisi¨®n definitiva.

Juan Pedro Serrano Arroyo, secretario general del Fogasa, recibi¨® una carta denuncia ese d¨ªa en la que se detalla el proceso seguido por Amper Telem¨¢tica y Amper Cosesa hasta llegar a su cr¨ªtica situaci¨®n actual. Al margen de la parcela valorada en 2.086 millones en Tres Cantos, la carta descubre que Amper tiene m¨¢s bienes. As¨ª, describe una operaci¨®n inmobiliaria de otra empresa del grupo -la mencionada SAMP- que demuestra la existencia de suficientes activos como para hacer frente con su patrimonio a las indemnizaciones y los atrasos, y no tener que recurrir al Fogasa.

Esa operaci¨®n se efect¨²a igualmente en Tres Cantos, pero sobre un terreno residencial. ITC, una nueva sociedad consorciada entre SAMP (49% de las acciones), IGS (la gestora de la cooperativa la ugetista PSV) y Carlos Sotos (ex gerente de PSV), paga a la Comunidad 1.400 millones por 66.610 metros cuadrados. Esa finca se divide en 294 parcelas. Sobre ellas se edifican 291 chal¨¦s, que seg¨²n Agust¨ªn P¨¦rez, el portavoz de la presidencia de Amper, pensaban ofrecer con un 10% de descuento y como residencia a trabajadores del grupo ante su prevista expansi¨®n de factor¨ªas en la zona.

Como particulares

La propia SAMP acab¨® comprando 18 de esos chal¨¦s; y una nueva empresa, Inversiones Reales -formada entre los directivos de Amper como particulares, con Antonio L¨®pez a la cabeza y Agust¨ªn P¨¦rez como apoderado-, adquiri¨® al menos otros 15. P¨¦rez se?al¨® a este peri¨®dico que tanto la parcela industrial en venta como esos 291 chal¨¦s engrosan el patrimonio de SAMP y nada tienen que ver con Amper Telem¨¢tica, "porque cada empresa tiene su contabilidad individual".

El secretario general del Fogasa, Juan Pedro Serrano Arroyo, reconoci¨® a este peri¨®dico que bloque¨® el pago de las indemnizaciones ante la denuncia, pero se?al¨® que el organismo que dirige es en este caso "el ¨²ltimo de la pel¨ªcula" y, por tanto, se limit¨® a facilitar lanas prestaciones perfectamente regladas a las que los trabajadores ten¨ªan derecho. Serrano Arroyo explic¨® as¨ª el procedimiento: "Cuando un juez admite una suspensi¨®n de pagos y aparecen acreedores a los que se debe un dinero, como los trabajadores, es ¨¦l el que nos dice qu¨¦ procede pagar y es ¨¦l el que ha investigado si la empresa tiene o no patrimonio".

Juan Pedro Serrano Arroyo admiti¨® que ha solicitado por su cuenta un informe jur¨ªdico a la Abogac¨ªa del Estado para que se pronuncie sobre el tema, y asegur¨® que en condiciones normales ya habr¨ªan abollado las indemnizaciones.

. La Consejer¨ªa de Econom¨ªa ha retenido por ahora su posible ayuda al desaparecido fondo de pensiones de la empresa y su negociaci¨®n con Cajamadrid para avalar a los despedidos.

El portavoz de la empresa indic¨® que si al final el Fogasa y la Comunidad retiran su apoyo a los sindicatos de Amper Telem¨¢tica, s¨®lo suceder¨¢ que la empresa "tardar¨¢ m¨¢s tiempo en pagar a los despedidos, porque pagas en funci¨®n de lo que tienes".