Mejoran las expectativas para los dos ex polic¨ªas
Las declaraciones de Jos¨¦ Amedo y Michel Dom¨ªnguez, inculpatorias para sus antiguos superiores policiales en relaci¨®n con los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL), han relajado su situaci¨®n penitenciaria -ya no tendr¨¢n que ir a dormir a la prisi¨®n- y han mejorado sus expectativas de futuro, en caso de que la justicia les aplique la remisi¨®n total de la pena prevista en el C¨®digo Penal para los terroristas cuya "colaboraci¨®n activa" tenga "una particular trascendencia para identificar a los delincuentes".Tales expectativas est¨¢n vinculadas a que ambos polic¨ªas sean considerados terroristas, ya que las ventajas penales se introdujeron en 1988 en el C¨®digo Penal para los colaboradores con la justicia autores de delitos "relacionados con la actividad de bandas armadas o de elementos terroristas".
Parad¨®jicamente, la consideraci¨®n de terroristas de Amedo y Dom¨ªnguez les resultar¨ªa beneficiosa tras su delaci¨®n. La sentencia de la Audiencia Nacional que en septiembre de 1991 conden¨® a Amedo y Dom¨ªnguez a 108 a?os de c¨¢rcel en el caso GAL les absolvi¨® de los delitos de pertenencia a banda armada de los que se les acusaba, aunque les conden¨® por asociaci¨®n il¨ªcita, entre otros delitos.
En la resoluci¨®n dictada por el juez Baltasar Garz¨®n el 20 de diciembre ¨²ltimo en relaci¨®n con el secuestro de Segundo Marey en diciembre de 1983 no se especifica con claridad que los presuntos delincuentes formaran un grupo armado. La resoluci¨®n se?ala que el entonces gobernador civil de Vizcaya, Juli¨¢n Sancrist¨®bal, junto con Francisco ?lvarez, comisario jefe superior de Polic¨ªa y Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada Regional de Informaci¨®n de Bilbao, formaron un grupo organizado con otras personas al que llamaron Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n, directamente o por indicaci¨®n superior. La actuaci¨®n de los GAL se inici¨® en diciembre de 1983 desde dentro de las propias estructuras del Ministerio del Interior y con la intenci¨®n de contrarrestar los atentados terroristas de la banda ETA militar.
En caso de que jur¨ªdicamente prospere la calificaci¨®n de terrorismo para el secuestro de Segundo Marey y Amedo y Dom¨ªnguez resulten implicados en el mismo, en aplicaci¨®n del art¨ªculo 57 bis b del C¨®digo Penal (v¨¦ase el texto en esta misma p¨¢gina), ambos polic¨ªas podr¨¢n beneficiarse de la reducci¨®n de las penas que le correspondieran e incluso de la remisi¨®n total de las mismas si no se les imputa autor¨ªa en la muerte de alguna persona o en las lesiones muy graves producidas.
Por el momento, la delaci¨®n realizada por Amedo y Dom¨ªnguez les permite dormir en casa, ya que la juez, de vigilancia penitenciaria competente en el caso, ha estimado "oportuno", siguiendo las sugerencias del juez Garz¨®n y en aras de, la protecci¨®n de ambos polic¨ªas, aliviar su ¨²nica obligaci¨®n penitenciaria. de pernoctar en la prisi¨®n.
La concesi¨®n del tercer grado penitenciario a ambos ex polic¨ªas, interpretada desde muchos sectores como una medida para comprar el silencio de Jos¨¦ Amedo y Michel Dom¨ªnguez, ha resultado est¨¦ril desde esa perspectiva y ha quedado superada por la situaci¨®n actual.
Amedo y Dom¨ªnguez siempre prefirieron el indulto. Curiosamente, fue Sancrist¨®bal -principal acusado ahora por ambos polic¨ªas- el acompa?ante de Amedo en su visita del 27 de abril de 1993 al entonces fiscal general del Estado, Eligio Hern¨¢ndez, para que acelerase el expediente de indulto. Sancrist¨®bal manifest¨® entonces que acudi¨® a la visita a requerimiento de Amedo y que en ella estuvo "como convidado de piedra". Lo ocurrido ahora muestra que el indulto interesaba tambi¨¦n a Sancrist¨¢bal.
El catedr¨¢tico de Derecho Penal Jos¨¦ Mar¨ªa Stampa Braun, abogado de Sancrist¨®bal, entre otras l¨ªneas de defensa trabaja en la de que el caso Marey est¨¢ prescrito, ya que el delito de secuestro -por estar castigado con pena de seis a 12 a?os de c¨¢rcel- prescribe a los 10 a?os.
Fuentes judiciales se?alaron ayer a este peri¨®dico que tal prescripci¨®n no se ha producido, porque la causa "ha estado viva", dijeron, antes de que se cumpliera tal plazo. A?adieron que, adem¨¢s, si se confirman los indicios hallados por Garz¨®n de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos por importe superior a los 2,5 millones de pesetas, la prescripci¨®n del delito de secuestro ser¨ªa inoperante, ya que el de mal uso de los fondos reservados, por llevar aparejada pena de 12 a 20 a?os de c¨¢rcel, prescribe a los 15 a?os.
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