Abolici¨®n total

EL RECIENTE consenso de los partidos pol¨ªticos a favor de la abolici¨®n total de la pena de muerte en Espa?a, es decir, tambi¨¦n en tiempos de guerra, muestra que la dura batalla por el poder en que est¨¢n enzarzados no les insensibiliza del todo ante cuestiones de principio. En este caso, el tiempo ha jugado a favor de un consenso parlamentario que en 1978 no fue posible y en 1994 afortunadamente s¨ª, aunque ser¨¢ en 1995 cuando se materialicen las reformas que expulsen del C¨®digo Penal Militar las referencias actuales a la aplicaci¨®n de la pena capital.Frente a la erradicaci¨®n total de la pena de muerte pretendida en 1978 por la izquierda y los nacionalistas, la tesis tortuosa de alg¨²n ilustre ponente de que el "talante abolicionista" de UCD se demostraba excluyendo la abolici¨®n del texto constitucional, puso en bandeja a Felipe Gonz¨¢lez una r¨¦plica razonable: "La ¨²nica manera de ser eficaces en la abolici¨®n de la pena de muerte es estar firmemente, como principio y en conciencia, contra la pena de muerte".

El triste epitafio de este discurso fue la introducci¨®n de la pena capital en el C¨®digo Penal Militar por parte precisamente de los socialistas y en plena etapa de mayor¨ªa absoluta, aprovechando que la abolici¨®n por ellos propuesta s¨®lo pudo aprobarse con la apostilla "... salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra". Por cierto que el debate constitucional mostr¨® tambi¨¦n el desconocimiento por parte de los pol¨ªticos de la mentalidad castrense al pretender inicialmente dejar la puerta abierta a la aplicaci¨®n de la pena de muerte s¨®lo a los militares, cosa que, naturalmente, no gust¨® a los afectados, como puso de manifiesto en el Senado el almirante Marcial Gamboa.

Lejos de aquellas discrepancias ideol¨®gicas de fondo o incoherencias pol¨ªticas de m¨¦todo, la realidad es que el consenso que las fuerzas parlamentarias no fueron capaces de alcanzar hace 16 a?os en tomo a la abolici¨®n total de la pena de muerte ha sido, logrado ahora con una votaci¨®n un¨¢nime. Y si Manuel Fraga, ponente constitucional de Alianza. Popular, se expres¨® entonces con claridad en contra de la abolici¨®n, ha sido una senadora del PP, Rosa Vindel, quien ha invocado la atormentada literatura del reglamento penitenciario militar, que detalla el modo de ejecuci¨®n d¨¦ la pena capital, pira apelar en favor de una abolici¨®n total, que todos los grupos han asumido.

Es muy probable que muchos de los que en tonces abogaban por el mantenimiento de la pena de muerte hoy se declaren contrarios a la misma. Nos congratulamos de ello porque, lo consideramos una prueba de que han ganado terreno en nuestra sociedad la piedad y la convicci¨®n de que el Estado no puede recurrir a la venganza de sangre, que no otra cosa es la pena capital.

La ubicaci¨®n del art¨ªculo 15 en una parte de la Constituci¨®n cuya reforma exige la previa disoluci¨®n de las C¨¢maras, dificultar¨¢ la incorporaci¨®n de nuestra Constituci¨®n a las plenamente abolicionistas. Pero ya es suficientemente satisfactorio el acuerdo un¨¢nime alcanzado en el Senado -a iniciativa apresurada del PSOE- para suprimir todas las referencias a la pena de muerte introducidas en la legislaci¨®n militar en 1985 y 1989 y el compromiso adquirido de firmar y ratificar la recomendaci¨®n 1246 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por la que Espa?a quedar¨¢ obligada a abolir la pena de muerte, "tanto en tiempo de paz como, de guerra" y a "no reimplantarla en ninguna circunstancia".