Los intentos de corrupci¨®n tambi¨¦n ser¨¢n castigados en el nuevo C¨®digo Penal

Las penas por delitos de corrupci¨®n, como el uso de informaci¨®n privilegiada y el tr¨¢fico de influencias, que se incrementar¨¢n en el futuro C¨®digo Penal, se extender¨¢n a quienes intenten cometerlos aunque no lo consigan, seg¨²n tres enmiendas deviva voz propuestas ayer por el diputado de IU Diego L¨®pez Garrido y aprobadas por la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. Otras modificaciones aprobadas a propuesta de IU suavizan la pena para los camellos y la incrementan para los grandes narcotraficantes.

El C¨®digo Penal vigente, modificado en 1991 a ra¨ªz del caso Juan Guerra, castiga el tr¨¢fico de influencias cometido por el funcionario y por el particular con penas de hasta seis meses y multa por el importe del beneficio obtenido, y en el caso del funcionario, adem¨¢s, con inhabilitaci¨®n especial. El proyecto de nuevo C¨®digo Penal eleva estas penas hasta un a?o y multa de hasta el doble de lo obtenido, pero para que exista delito exige que se obtenga, "directa o indirectamente, un beneficio econ¨®mico".Tal exigencia fue combatida por L¨®pez Garrido, quien consider¨® que constitu¨ªa "una gran limitaci¨®n no castigar la pretensi¨®n de obtener el beneficio". Su propuesta consist¨ªa en que se castigara como autor de delito consumado a quien incurriera en tr¨¢fico de influencias "con el fin de obtener un beneficio", agravando la pena en caso de que lo obtuviera. El portavoz socialista, ?lvaro Cuesta, estim¨® que tales conductas no quedar¨ªan impunes aunque no se obtuviera beneficio, pero termin¨® admitiendo que se a?adiera a los preceptos que "la tentativa ser¨¢ punible", frase aprobada por unanimidad.

Menos ¨¦xito tuvieron las propuestas del PP para endurecer las penas a los corruptos, a fin de que "desaparezcan de la escena p¨²blica las personas que, por su condici¨®n reprochable, deban desaparecer", como proclam¨® Julio Padilla. Critic¨® que a los funcionarios que se beneficien de informaci¨®n privilegiada se les castigue s¨®lo con penas de multa e inhabilitaci¨®n especial, "que quiere decir que podr¨¢n continuar en otro cargo p¨²blico distinto", explic¨®, y pidi¨® para ellos penas de hasta seis a?os de c¨¢rcel. La propuesta fue rechazada.Denuncia de los hechos

Cuesta reproch¨® al PP que su voluntad de endurecimiento de las penas por corrupci¨®n la conciliara con la propuesta de que se suprima la facultad del juez para suspender o clausurar los despachos o asesor¨ªas dedicados a tr¨¢fico de influencias. En cambio, hubo acuerdo sobre que se exima de pena por el delito de cohecho al particular "que hubiere accedido ocasionalmente a la solicitud de d¨¢diva o presente realizada por autoridad o funcionario p¨²blico y denunciare el hecho".

La comisi¨®n aprob¨® el siguiente nuevo art¨ªculo, que engloba la conducta de uso irregular de despacho p¨²blico: "La autoridad o funcionario p¨²blico que, con ¨¢nimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa p¨²blica, diese una aplicaci¨®n privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier administraci¨®n o entidad estatal, auton¨®mica o local u organismos dependientes de alguna de ellas, ser¨¢ castigado con las penas de prisi¨®n de uno a tres a?os e inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de tres a seis a?os".

Otro precepto novedoso contra la corrupci¨®n es el art¨ªculo 419, aprobado ayer, y seg¨²n el cual se castiga con multa de hasta 18 millones y suspensi¨®n de empleo o cargo p¨²blico de hasta tres a?os a la autoridad o funcionario que realice "una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o hay a intervenido por raz¨®n de su cargo".

Previamente, la comisi¨®n aprob¨® una enmienda de IU por la que se rebaja la pena prevista en el proyecto para los camellos o peque?os traficantes y consumidores de droga: de entre uno y cuatro a?os pasa a ser entre uno y tres a?os. En cambio, se elev¨® hasta nueve a?os la pena de hasta ocho prevista para los casos graves de narcotr¨¢fico.