Granados expresa su malestar porque el fiscal militar no le comunic¨® la detenci¨®n de Perote

El fiscal general de Estado, Carlos Granados, declar¨® ayer que el juez militar de Madrid Jes¨²s Palomino Y¨¦benes, que orden¨® la detenci¨®n del coronel Juan Alberto Perote, al que hoy interrogar¨¢, "debe tener datos distintos de las cintas publicadas, porque de lo contrario no podr¨ªa actuar". Granados dijo que, al parecer, existen unas microfichas que podr¨ªan afectar a la seguridad o la defensa nacional, ¨²nico motivo que justificar¨ªa la intervenci¨®n de la jurisdicci¨®n castrense. El fiscal del Estado, que se enter¨¦ por la prensa de la detenci¨®n del ex jefe operativo del Cesid, reproch¨® al fiscal militar del caso, Francisco Blay Villasante, que no se lo comunicara y le record¨® que es su "superior jer¨¢rquico".

Fuentes del Ministerio de Defensa recordaron ayer que el Gobierno decidi¨® en 1986, por acuerdo del Consejo de Ministros y sobre la base de la Ley de Secretos Oficiales, que la organizaci¨®n, actividades y m¨¦todos de trabajo del Cesid son considerados secretos de inter¨¦s para la Seguridad Nacional, informa Antes de esta aclaraci¨®n de Defensa, el fiscal del Estado declar¨® a Radio Nacional que el juez militar que orden¨® la detenci¨®n de Perote la madrugada del domingo deb¨ªa disponer de m¨¢s datos que las cintas publicadas en la prensa, porque la actuaci¨®n de los tribunales castrenses s¨®lo est¨¢ justificada cuando se produzca la revelaci¨®n de informaci¨®n que ponga en peligro la seguridad nacional, lo cual no se deduce de los contenidos de las escuchas difundidas.Respecto a la participaci¨®n de Perote en la filtraci¨®n de las cintas del Cesid, Granados afirm¨® que el juez militar debe de conocer nuevos datos, ya que, seg¨²n dijo, "de los elementos que actualmente tiene la Fiscal¨ªa General del Estado no se infiere en absoluto la intervenci¨®n de este coronel".

Granados se?al¨® que no dispone de datos que permitan inculpar al ex agente del Cesid que fue denunciado por Emilio Alonso Manglano, que le acusa de revelar secretos oficiales y llevarse 1.200 documentos secretos. El C¨®digo de Justicia Militar prev¨¦ penas de hasta 10 a?os por este delito.

El fiscal insisti¨® en que la intervenci¨®n de los tribunales castrenses de ninguna manera ?obstaculiza la investigaci¨®n en la jurisdicci¨®n ordinaria". Para disipar posibles dudas, Carlos Granados se?al¨® que podr¨ªa ocurrir que se siguiesen procedimientos paralelos por la v¨ªa ordinaria y la militar. Pero tambi¨¦n dijo que, si no hubiera delitos que se limitaran al ¨¢mbito castrense, el caso tendr¨ªa que pasar a los tribunales ordinarios.

Granados expres¨® su disgusto por haberse enterado de la detenci¨®n al leer el peri¨®dico. "Alg¨²n fiscal militar ha podido tener conocimiento, y hubiera sido mucho m¨¢s correcto que se hubiera puesto inmediatamente en conocimiento del fiscal general". Y record¨® que ¨¦l, Granados, es su superior jer¨¢rquico. El mismo domingo, tras enterarse de la noticia, se reuni¨® con el fiscal militar Francisco Blay Villasante, que le inform¨® de todas las actuaciones.

Inercia preconstitucional

El fiscal general del Estado contest¨® a las voces que en los ¨²ltimos d¨ªas han calificado de lenta su actuaci¨®n diciendo que la fiscal¨ªa est¨¢ trabajando, no con lentitud, sino con "seriedad y rigor" para evitar posibles equivocaciones. En respuesta impl¨ªcita a las cr¨ªticas de dirigentes socialistas, Granados afirm¨® que "puede ocurrir que algunos que se pronuncian vivan un poco de la inercia de otra ¨¦poca, anterior a la Constituci¨®n" cuando el Gobierno pod¨ªa dar ¨®rdenes a la Fiscal¨ªa General y ¨¦sta ten¨ªa que obedecer.