El fiscal general no ve a¨²n delito en las presiones de Mario conde
El fiscal general del Estado, Carlos Granados, estudia las presiones del t¨¢ndem Mario Conde Juan Alberto Perote al Gobierno, pero a¨²n no abre diligencias porque las noticias publicadas sobre estos hechos son "vagas e imprecisas". Por el contrario, el Gobierno, a ra¨ªz de los contactos con los emisarios de ambos procesados, el primero por una monumental estafa y el segundo por el expolio de secretos del Cesid, se plante¨® acudir a los tribunales e incluso la posibilidad de grabar dichab entrevistas para demos trar su tono amenazador. Fuentes del Ejecutivo aseguran que, incluso sin presentar grabaciones, el relato de la casi decena que, incluso, sin presentar grabaciones, el relato de la casi decena de interlocutores gubernamentales de los emisarios servir¨ªa como prueba para formalizar una denuncia por chantaje. En contra de presentar la denuncia, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al, Ejecutivo, pesaron varios argumentos. En el campo jur¨ªdico, se inscrib¨ªa la dificultad de demostrar la realidad de un chantaje a veces s¨®lo esbozado de manera el¨ªptica.En este terreno, surgieron dudas sobre la. legalidad de presentar como pruebas grabaciones que realizaran los protagonistas gubernamentales de tales entrevistas de sus contactos con los emisarios di Conde y Perote. En Interior, seg¨²n fuentes del departamento, siempre recalcaron que toda grabaci¨®n, de llevarse, a cabo, deb¨ªa realizarse con control judicial para evitar que las pruebas fueran invalidadas, como en el caso Naseiro.
Por el contrario, altos cargos de Moncloa eran partidarios de seguir esta v¨ªa por entender que resulta perfectamente legal una grabaci¨®n en la que alguien registre una conversaci¨®n propia. Ya rotos los contactos, se baraj¨® reanudarlos con el ¨²nico objetivo de tender una trampa a los emisarios de Conde y grabarles subrepticiamente, algo que, seg¨²n las fuentes consultadas, no lleg¨® a materializarse.
Motivos pol¨ªticos
En todo caso, seg¨²n cargos de Interior, el Gobierno ya se plante¨® tanto a principios como a fines del verano la posibilidad de acudir a los tribunales, lo que contradice la versi¨®n de que el Gobierno no se sinti¨® coaccionado. Los argumentos que m¨¢s pesaron en contra de la denuncia no fueron jur¨ªdicos, sino pol¨ªticos: la desconfianza hacia cu¨¢l pod¨ªa ser la reacci¨®n del t¨¢ndem filtrador hizo que prevaleciera en diversas ocasiones la opini¨®n de que, era mejor no acudir por ahora a los tribunales.En este sentido, seg¨²n fuentes del Ejecutivo, pesaba sobremanera que una reacci¨®n destemplada del d¨²o pudiera complicar la situaci¨®n jur¨ªdica del ex ministro del Interior Jos¨¦ Barrionuevo, sobre quien el Supremo debe decidir si remite un suplicatorio al Parlamento por su presunta implicaci¨®n en los GAL.
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