Siete ex altos cargos de UCD se sienta en el banquillo por el caso de la colza

JULIO M. L?ZAROCatorce a?os despu¨¦s del envenenamiento masivo con aceite de colza desnaturalizado, siete ex altos cargos de la Administraci¨®n con UCD se sientan hoy en el banquillo en el sumario instruido por el juez Carlos Bueren.

El ministerio fiscal y el Servicio Jur¨ªdico del Estado han solicitado el sobreseimiento. Las acusaciones corren a cargo de las asociaciones de afectados que tratar¨¢n de demostrar la culpabilidad de los procesados para que el Estado tenga que hacerse cargo de las indemnizaciones.

Seg¨²n el auto de apertura de juicio dictado por el juez Bueren, procede tener al Estado por responsable civil subsidiario debido a la insolvencia de los acusados. Las responsabilidades civiles se cifran en 15 millones en caso de fallecimiento, 70 millones para afectados con incapacidad absoluta y permanente para realizar cualquier tipo de trabajo y 90 millones para los afectados de gran invalidez. Tambi¨¦n se cifra en 15.000 pesetas diarias por d¨ªa de lesi¨®n para cada lesionado o afectado.

Debido a la dificultad de averig¨¹ar el dinero que corresponder¨ªa a los lesionados, dada la multiplicidad de enfermos y el diferente n¨²mero de d¨ªas de lesi¨®n, nunca ha sido posible calcular con exactitud la cifra a la que ascender¨ªa el montante de las indemnizaciones. Los abogados de las acusaciones vienen situ¨¢ndolas en tomo a los quinientos mil millones de pesetas. Las asociaciones de afectados situan actualmente las cifras, en 1.200 fallecidos, 4.000 inv¨¢lidos y 20.000 enfermos.

Petici¨®n de penas

Los siete inculpados que se enfrentar¨¢n a penas en algunos casos superiores a seis a?os de prisi¨®n ten¨ªan en 1981, a?o del envenenamiento, los siguientes cargos:

Manuel Hern¨¢ndez Bola?os, jefe del Laboratorio Central de la Direcci¨®n General de Aduanas. Seg¨²n el auto de apertura de juicio, el 14 de abril de 1973 inform¨® que no hab¨ªa inconveniente para utilizar aceite de anilina como desnaturalizante del de colza, que hasta entonces se desnaturalizaba con aceite de ricino.

Jos¨¦ Guill¨® Fern¨¢ndez, director general de Competencia y Consumo, y Federico Povedano Alonso, jefe de la Secci¨®n de Importaci¨®n de Productos Agr¨ªcolas y Transformados. Las actuaciones de ambos se consideran ineficaces para detectar el desv¨ªo al consumo humano del aceite de colza desnaturalizado. Guill¨®, seg¨²n el juez Bueren, se abstuvo de comprobar la veracidad de lo manifestado por los representantes de Rapsa, la empresa de San Sebasti¨¢n que import¨® el aceite de colza.

Antonio Bard¨®n Artacho era jefe del Servicio contra Fraudes. Est¨¢ acusado de no haber adoptado medidas inmovilizadoras del aceite de colza t¨®xico encontrado en las empresas Raelca y Ole¨ªcola Toledana, que carec¨ªan del correspondiente registro sanitario.

Casimiro Palacios Rodr¨ªguez, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alcorc¨®n, est¨¢ inculpado porque la empresa Raelca funcionaba sin licencia de apertura, pese a tenerla solicitada, y comercializaba de forma clandestina aceite de colza t¨®xico que fue adquirido y revendido por 13 vendedores ambulantes y 61 comerciantes.

Miguel Casado Palomero, concejal de Sanidad e Higiene de Valladolid, quien dijo que desconoc¨ªa las competencias que el ayuntamiento pudiera tener sobre la venta ambulante.

Roberto Conty Larraz, subdirector general de Alimentaci¨®n, que presuntamente estamp¨® de su pu?o y letra, el 12 de junio de 1981, la frase "apto para el consumo" en un an¨¢lisis practicado por un laboratorio, sin que en dicho an¨¢lisis se informase sobre determinaciones t¨®xicas.

Los afectados han anunciado que acudir¨¢n a centenares para estar en la apertura del juicio frente a la Audiencia Nacional, a la que acudieron a manifestarse todos los jueves durante dos a?os.